Durante la segunda
mitad del siglo XX, en la
Venezuela bipartidista, los gobiernos que se turnaban
en el
poder cada cinco años (AD y Copei), disfrutaron de elevadas rentas petroleras
que fueron utilizadas en la aplicación de políticas de corte neoliberal. En los
años ochenta, se asoma una crisis económica que afectó directamente los precios
del crudo, ubicándolos a niveles mínimos. En 1983 ocurrió el llamado
“viernes negro”, que no fue otra cosa que devaluar la moneda e
implementar un control de cambio de divisas administrado por RECADI, organismo
que generó uno de los casos de corrupción más grave de la cuarta república. Ese
año, el dólar que se cotizaba a 4.30 bolívares, alcanzó el valor de 7.50
bolívares.
El endeudamiento
público, la corrupción y la falta de liquidez ocasionaron que las
organizaciones conocidas como “calificadoras de riesgo” comenzaran
a ubicar a Venezuela como una nación de alto riesgo, por lo que los préstamos
obtenidos eran a un tipo de interés demasiado alto, casi imposible de cumplir.
2 de febrero de
1989. Carlos Andrés Pérez, principal heredero de la política populista que
fundó el Pacto de Punto Fijo (acuerdo de poder que sostuvo a la cuarta
república), asume su segundo mandato en una majestuosa ceremonia que marcó la
ruta del despilfarro. Este evento conocido coloquialmente como “la
coronación” se llevó a cabo en el teatro Teresa Carreño y no en el
Congreso de la
República (hoy Asamblea Nacional) y asistieron mandatarios de
distintos países, reyes y demás representantes de los órganos del poder
mundial. No obstante, el vínculo de la confianza se había roto entre la cúpula
política y el sentir popular.
27 de febrero de
1989. Estalla la rebelión popular. El detonante fue el anuncio de un paquete de
medidas de corte neoliberal ideadas por el entonces ministro de Cordiplan,
Miguel Rodríguez, para acceder a las exigencias del Fondo Monetario
Internacional con el objetivo de desembolsar, en el plazo de tres años, la suma
de 4 mil millones de dólares al gobierno de Pérez. De un plumazo, el pueblo
comprendió que aquel dicho que rezaba “con los adecos se vive
mejor” era un chantaje que ideó Rómulo Betancourt, padre del pacto de la
corrupción, para ganar votos y comprar voluntades.
Los desmanes que la
clase política venezolana había cometido contra la clase trabajadora tocaron
fondo con el anuncio del aumento de la gasolina, de los servicios públicos
(incluyendo transporte, luz, agua y teléfono), el recorte presupuestario para
el área social (incluyendo salud, educación y jubilados), así como el inicio de
un proceso de privatización de un alto porcentaje de las empresas públicas
(incluyendo las empresas básicas).
Todas estas medidas
entrarían en vigor el 27 de febrero de 1989, pero la voluntad popular por
primera vez no acató de manera pasiva un plan financiero global que nos haría
mucho más pobres. La mecha se encendió en Guarenas, una ciudad dormitorio donde
habita un gran porcentaje de trabajadores de Caracas; rápidamente se extendió a
la capital y a otras regiones del país. Las autoridades se vieron desbordadas y
ante la ineficacia de los órganos regulares y con la complicidad del FMI se dio
la orden al ejército de contener la insurrección. Se aplicó entonces el Plan
Ávila, que no fue otra cosa que dar la orden de disparar a matar contra toda
aquella persona que estuviera manifestando.
La represión fue brutal y el número de víctimas civiles
triplicó al del ejército (compuesto por gente del pueblo). Se ordenó que las
víctimas fuesen depositadas en fosas comunes en el Cementerio General del Sur,
sin identificación previa. Una historia que marca el fin de una macabra clase
política que olvidó su raíz popular. Venezuela irrumpe como el primer pueblo
que se rebela contra el nuevo orden neoliberal de los organismos financieros
internacionales.
Por: Nathalie
Riera.
Barcelona, 27 de
febrero de 2012
Podrá ver el video en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=X1BFCvENx3c&feature=plcp&context=C3d099ccUDOEgsToPDskJUHT8gG4XAGcahw0gw3JeW
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