Son
muchas
las contradicciones que pasan por la mente de cualquier
librepensador/a al leer
la frase pública del ministro de justicia de Colombia al
referirse sobre las
y los prisioneros políticos en Colombia, de manera puntual el
ministro ha
expresado: “No presos políticos porque
aquí no hay presos políticos, por supuesto no prisioneros de
guerra porque aquí
no hay prisioneros de guerra" (1).
Sin
embargo,
a parte de la negación que el ministro expresa, no se
vislumbra ninguna
explicación, para cualquier lector seria simple interpretar
que el ministro
dice que no hay prisioneros políticos porque NO, teniendo
que conformarnos como cualquier menor de edad con esa
respuesta absurda que
durante muchas generaciones los adultos incapaces de expresar
razones le
ofrecen a las y los niños que en un afán de curiosidad
preguntan por las cosas
mas elementales y simples de la vida.
Pero,
es
inaceptable este tipo de respuesta por parte de una figura
pública y
representativa del alto gobierno, que no sólo debe tener las
facilidades de
dirigirse a un pueblo, sino que debe motivar sus
declaraciones.
No
recibimos
un NO porque NO, es necesario que en el ejercicio de la
democracia que el
gobierno tanto pregona posibilite el debate y explique porque
miles de personas
en Colombia se reivindican como prisioneras y prisioneros
políticos, por qué en
la ley penal existen delitos políticos (rebelión,
asonada, sedición) y contra
los bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario (actos
de guerra), y por qué a pesar del reconocimiento del conflicto
armado interno
por el primer mandatario del país se pretende desconocer a
quienes en razón de
el han sido tomados prisioneros por el Estado Colombiano.
Es
evidente
que en Colombia se persiguen conductas descritas como delitos
políticos o de
guerra y como consecuencia existen en las cárceles de Colombia
prisioneras y
prisioneros políticos, en sus diferentes categorías:
prisioneras/os de guerra, prisioneras/os
de conciencia y victimas de montaje judicial.
Se
abre en
el país nuevamente el debate sobre el delito político y la
existencia de miles
de personas privadas de la libertad por causas políticas,
procesadas o
condenadas por delitos políticos, conexos o relacionadas con
la guerra, que a
toda luz evidencian una de las consecuencias del conflicto
social y armado
colombiano.
En
nuestro
reciente informe "Perspectiva en punto de fuga: Propagación
del Modelo de
Represión por Causas Políticas", presentado junto con la
Fundación Lazos
de Dignidad al Foro Colombia entre Rejas: En Búsqueda de un
Camino para la
Libertad y la Paz, develamos que desde los años 70 han sido
constantes las
denuncias sobre la existencia de prisioneras/os políticas/as
en el país. A
partir del año
2006, diferentes
organizaciones
de
derechos humanos han alertado sobre la existencia de alrededor
de 7.500
personas privadas de la libertad por causas políticas en
Colombia, sin
embargo, el 4 de agosto de 2011, los Prisioneros de Guerra del
Bloque Iván Ríos
de las FARC-EP informaron a la opinión pública sobre el
aumento de esta cifra,
estimando la existencia de aproximadamente 9.500 prisioneras y
prisioneros
políticos en el país (2).
Según
el INPEC (3), al
31 enero de 2012, la población privada de la libertad
asciendía a 102.292,
hallándose 21.199 de estas personas
asociadas a los delitos de
rebelión (1.933),
concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de
terrorismo (54), secuestro
(2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326),
financiación a grupos
terroristas (18), utilización de medios y métodos de guerra
ilícitos (30), traición
a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta que con la
desnaturalización
del delito político en Colombia es sistemático que las y los
prisioneros políticos
sean juzgados por los delitos comunes mencionados al tiempo
que son asociados
con organizaciones rebeldes (4), lo que conduce a pensar que
en Colombia
existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras
y prisioneros políticos.
El
gobierno
nacional debe desprenderse de la arrogancia de no reconocer a
su contradictor
político y a las miles de personas encarceladas por ejercer la
oposición
política, quienes soportan un sin números de violaciones y
comportamiento
contrarios al debido tratamiento en reclusión, como sucede con
el prisionero
político de guerra JORGE AUGUSTO GARCES
BERNAL, aislado desde hace mas de 8 años en la
Penitenciaria de Alta
Seguridad de Valledupar, por amenazas de muerte proferidas por
parte de
paramilitares y por la arrogancia del INPEC y del alto
gobierno de no ceder en la
creación de lugares especiales de reclusión para las y los
prisioneros
políticos.
El
gobierno
nacional, por intermedio de su ministro de justicia, ha negado
el ingreso de la comisión internacional de observación
a las cárceles y penitenciarias, demostrando su postura de ocultar
la crisis carcelaria y la existencia de los más de 9.500
prisioneros políticos en Colombia, por ello, en la
actual coyuntura se hace
necesario que la comunidad internacional insista en que se
abran las puertas de
las prisiones para observar sus realidades y verificar la
existencia y
condiciones de reclusión de quienes se reivindican como
prisioneras y prisioneros
políticos.
Trato
Digno y Libertad para todxs lxs Prisionerxs
Políticxs en Colombia.
La
lucha social no es un delito, es un paso hacia la
libertad!
Campaña
Traspasa los Muros
Marzo
de 2012
(2)
“SITUACIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA (I)”, Prisioneros de Guerra
del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, 04 de Agosto 2011. www.resistencia-colombia.org
(3)
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia
(4)
http://www.traspasalosmuros.net/node/710 
