Esta es la segunda vez que se pospone el desalojo.
La juez ha paralizado el desalojo del asentamiento del número 127 de la calle Puigcerdà del barrio del Poblenou de Barcelona, que estaba previsto para este lunes. Así lo ha decidido la magistrada del juzgado de instrucción número 5, según han avanzado fuentes de la defensa.
Los abogados que apoyan al grupo de unos 300 inmigrantes que habitan en el asentamiento presentaron este viernes un recurso en el que resaltaban el "estado de una necesidad real, grave y urgente" de las personas que viven en la nave industrial. En el auto, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Barcelona acepta las alegaciones formuladas por el abogado defensor de la comunidad que habita la nave y reconoce que los actuales ocupantes no son los mismos que fueron denunciados por los propietarios en 2011, ya que aquellos fueron desalojados en agosto del año pasado y entregaron las llaves.
Al tratarse de una nueva ocupación y al descubrir que la propiedad había presentado el pasado mes de septiembre una nueva denuncia ante el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, la juez que ordenó el desalojo de la nave ha determinado la nulidad de su orden "por entender que es el juzgado de instrucción número 24 el competente para resolver sobre cualquier incidencia relacionada con los hechos denunciados el 15-09-2011".
Los Mossos d'Esquadra habían comunicado a los inmigrantes que desalojarían la antigua fábrica, tras agotarse el plazo de una semana que inicialmente dio la juez para que pudieran evacuar todas las pertenencias a las decenas de familias, algunas con hijos menores, que viven en ella.
Esta nave industrial abandonada —y ocupada ilegalmente— es el hogar taller de unas 300 personas, en su mayoría subsaharianos, q
ue se dedican a recoger chatarra. “Si hay un desalojo, el problema se desplazará, no se solucionará”, aseguró el pasado martes Mane Atab, de la Fundación Cepaim, que forma parte de la red de ayuda. “Necesitamos un margen de tiempo para poder organizar una salida digna. No sentimos que haya voluntad política de resolver el problema”, apuntó.
El Ayuntamiento de Barcelona insiste en que solo puede brindar servicios sociales a los desalojados y en que el hecho de que muchos carezcan de papeles obliga a que sea “la subdelegación del Gobierno la que deba ocuparse”.
