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Concentració de protesta , dijous, 21 de març, pel projecte privatitzador del Registre Civil que vol iniciar el Govern Rajoy

Comunicat sindical conjunt sobre la concentració de protesta.

CONCENTRACIÓN ANTE EL REGISTRO CIVIL DE BARCELONA EL 21 DE MARZO: DE 11,30 A 12,30 HORAS

Actualmente existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000
juzgados de paz con competencias en materia de Registro civil que quieren ser
privatizados por el Ministro de Justicia. Estando servidos por unos 3.500 funcionarios
de la Administración de Justicia, que van a ver perder sus puestos de trabajo.

La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la
misma como la única alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema
del Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han
ditado de personal suficiente y medios materiales modernos.


Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la
preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad
de privatizarlo.


Las consecuencias para los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia
serán nefastas, se destruirá empleo y pasaremos a ser títeres para el Ministerio de
Justicia, que ha abierto la puerta para movernos a su capricho, sin respetar nuestros
derechos a la conciliación de la vida personal y familiar.


Con esta medida, el personal funcionario que presta servicios en los registros civiles
únicos o en Juzgados con competencias en materia de registro civil perderá su plaza y
serán reordenados para cubrir las vacantes que existan en los órganos judiciales. No
se garantiza, ni siquiera, el mantenimiento de las retribuciones de origen y tampoco
que no serán reordenados mediante procedimientos de movilidad geográfica forzosa.


Pero esta privatización también tiene serías consecuencias negativas para la
sociedad,

. Se produce después de haberse realizado recientemente un importante
esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros
civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que
"ahora se aprovechará" para una gestión privada.

. Con esta privatización se reducirá el número de registros civiles a uno por
provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y
Melilla. Y elimina el Registro civil central. Así, la privatización del Registro civil
supone el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el
ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano
ante la Justicia y del sentido común.

. Además los ciudadanos pagaremos por doble vía: por los aranceles que van a
grabar a algunas inscripciones y actos del Registro civil y por impuestos, ya
que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla
razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS.

. Los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de
modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Esto beneficia, tanto a los
interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a
perjudicar a la mayoría de la población.


Los sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración de Justicia nos
oponemos a esta privatización, ya que el Registro Civil es un servicio público y
esencial del que no se puede prescindir y su gestión ha de materializarse en
prestaciones regulares y continuas que sólo debe pertenecer al Estado por medio de
una Administración debidamente estructurada y cualificada para poder prestar un
servicio de calidad a la ciudadanía.


Por ello, las organizaciones sindicales CSIF, CCOO, STAJ Y UGT, consideramos
necesario que sigan estando servidos por los funcionarios de la Administración de
Justicia, pues nadie mejor que los funcionarios de la Administración de Justicia para
ejercer las funciones propias del Registro Civil, aprovechando la formación y
experiencia que tenemos en estos órganos.


Que por el Ministerio de Justicia se haya comprometido a mantener todos los puestos
de trabajo, de personal funcionario titular e interino, mediante una disposición en la
nueva Ley de Registro civil que se negociará en la mesa sectorial, si bien demuestra
que la lucha es útil, no es suficiente.


En este sentido, EXIGIMOS al Ministerio de Justicia:


Que dé marcha atrás en su decisión de entregar los registros civiles a los
registradores de la propiedad y mercantiles, pues significaría la privatización
inaceptable de un servicio público prestado por la Administración de Justicia.

Que reconozca expresamente la condición de servicio público esencial de los
Registros Civiles y que en los mismos continuarán prestando servicios el
personal de la Administración de Justicia.


Que, en su caso, se garantice en la Ley de los Registros civiles, todos los
puestos de trabajo, tanto del personal titular como personal interino, destinado
en los Registros Civiles, únicos o compartidos, de toda España.


Lugar de la concentración:

Registro Civil Único de Barcelona

Pl. Duc de Medinaceli, 2

Día: 21 DE MARZO

Hora: De 11,30 a 12,30