Con un acuerdo encaminado a la reforma rural integral del campo, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) marcaron desde Cuba la ruta para la paz en el país sudamericano
Por: r Waldo Mendiluza * Martes, 28 Mayo 2013 03:54
"Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia", expresaron las partes en su comunicado conjunto 16, al cerrar el 26 de mayo en la capital cubana la novena ronda de las conversaciones para poner fin a cinco décadas de conflicto armado.
El Gobierno y la guerrilla dedicaron más de seis meses -desde el pasado 19 de noviembre- a discutir el problema de la tierra, al que consideran clave por su relación con el origen y la profundización de unas hostilidades que han dejado miles de muertos y millones de desplazados.
Los interlocutores denominaron el convenio Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral, iniciativa que busca superar las desigualdades en el sector agrario y restituir a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.
En el habanero Palacio de Convenciones -sede permanente de las pláticas- Cuba y Noruega, países garantes del nuevo intento para la paz en Colombia, presentaron a la prensa el texto alcanzado después de nueve ciclos de diálogo.
Forman parte del documento cuestiones como el acceso y uso de la tierra, la infraestructura y adecuación de predios, el desarrollo social, el estímulo a la producción agropecuaria y las políticas alimentarias.
Según el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las fuerzas insurgentes, el acuerdo incluye entre sus propósitos revertir los efectos del conflicto, la actualización del catastro, la delimitación de la frontera agrícola y la protección social, con el combate a la pobreza y el hambre entre las prioridades.
Con el paso dado en Cuba, se cierra temporalmente el primer punto de la agenda previamente pactada para las conversaciones.
Además de la cuestión de la tierra, el programa recoge discusiones sobre la participación política, el problema de las drogas ilícitas, el fin del conflicto, la atención a las víctimas, y los mecanismos de refrendación y verificación de lo pactado.
De acuerdo con el comunicado conjunto 16, las pláticas de paz se reanudarán el 11 de junio, cuando comenzarán los intercambios en torno al tema de la participación política.
COINCIDENCIAS Y VISIONES ANTAGÓNICAS
Las delegaciones de paz del Gobierno y las FARC-EP, a través de sus representantes en la mesa de diálogos, Humberto de la Calle e Iván Márquez respectivamente, celebraron el acuerdo, pero también dejaron claras sus posturas, visiones antagónicas de la situación colombiana.
La participación de la sociedad en el proceso de paz, la necesidad de transformaciones importantes en el campo colombiano y el enfoque social en el sector agrario son coincidencias señaladas por las partes.
Sin embargo, la guerrilla advirtió de la urgencia de cambios estructurales que permitan una paz con justicia social, lo cual significaría a su juicio dejar atrás una "política neoliberal generadora de miseria".
En una declaración a la prensa después del anuncio del acuerdo agrario, Márquez mencionó preocupaciones de la insurgencia por "la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo, mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales".
Según las FARC-EP, en la nación suramericana reinan la corrupción y la impunidad, elementos que "hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra".
Al respecto, la guerrilla manifestó confianza en que las organizaciones sociales, políticas y populares de Colombia sabrán impulsar los cambios necesarios para garantizar el camino de la paz.
A todo lo largo del proceso, las FARC-EP han criticado el latifundio y acusado a las autoridades de "entregar nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales".
Por su parte, de la Calle definió el acuerdo alcanzado con las FARC-EP en La Habana como "un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano, que puede darse en el escenario del fin del conflicto", pero aclaró que "todo se hará con pleno respeto por la propiedad privada".
En múltiples ocasiones, el Gobierno ha descartado que el modelo de país aplicado esté en juego en la mesa de diálogo, en alusión a las demandas de cambios de la guerrilla.
Otra diferencia responde a la manera de legitimar los pactos que puedan lograrse en las pláticas, porque el Ejecutivo promueve un "mecanismo de refrendación popular", mientras que las FARC-EP reclaman un "tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente".
NADA ESTÁ ACORDADO HASTA QUE TODO ESTÉ ACORDADO
Las conversaciones de paz en La Habana se guían por el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".
El Gobierno y las FARC-EP precisaron que eso significa que los eventuales acuerdos están condicionados al logro de consenso en la totalidad de la agenda de seis puntos previamente establecida por los interlocutores.
En una declaración a periodistas en el cierre de la novena ronda, de la Calle explicó que los pasos acordados en la mesa solo se aplicarán una vez se logre un acuerdo completo para el fin del conflicto.
"Este principio de que nada está convenido hasta que todo lo esté, también significa que si a lo largo de la discusión no se llegan a formalizar acuerdos en todos los aspectos contenidos dentro de un punto específico, estos pueden quedar como pendientes para ser retomados más adelante", detalló.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA, PRÓXIMO PUNTO EN LA AGENDA
Los diálogos de paz entraron el 27 de mayo en un receso para reanudarse el 11 de junio, con el tema de la participación política en la agenda.
En declaraciones a Prensa Latina el guerrillero Ricardo Téllez, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP, manifestó expectativas por el inicio de las discusiones sobre las garantías para el ejercicio de la política en Colombia.
"Vamos a pasar a ese segundo punto de participación política y ahí esperamos también poder tener avances sustanciales para que realmente se abra una democracia real en Colombia", señaló en el Palacio de Convenciones en la jornada final de la novena ronda de conversaciones.
Téllez precisó que el objetivo del próximo punto en agenda no es lograr la participación política de la insurgencia, "sino del pueblo colombiano".
Sobre esta cuestión, dijo que la guerrilla persigue que el proceso "permita hacer política sin temor a ser asesinados en Colombia".
Las FARC- EP han recordado a lo largo de los seis meses de diálogo lo sucedido con la Unión Patriótica, organización de izquierda fundada a mediados de los 80 del siglo pasado para insertar en la política -entre otros actores- a grupos insurgentes, muchos de sus miembros asesinados por paramilitares.
*Editor jefe de la redacción Nacional de Prensa Latina.
