La decimoctava edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, cuarto que se realiza en América Latina después de los dos celebrados en Cuba (1978, 1997) y Venezuela (2005), estuvo dedicada al desaparecido presidente Hugo Chávez, al líder de la Revolución liberal ecuatoriana, Eloy Alfaro, y al independentista ghanés Kwane Nhkrumah.
El XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes concluye hoy en esta capital, después de una semana de debates e intercambios de ideas entre millares de jóvenes de cerca de 90 países.La clausura del evento organizado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática está prevista para esta tarde en el Parque Bicentenario, predios que antes ocupaba el antiguo aeropuerto de Quito, y se espera que se emita una declaración final.
Durante los siete días del festival, los delegados se reunieron en las carpas instaladas en la sede del encuentro para analizar la crisis del capitalismo, el acceso a la educación, el derecho a la salud, el extremismo religioso, la cultura, y otros problemas acuciantes del mundo actual.
Como en ediciones anteriores, se instaló un tribunal para juzgar al imperialismo por los crímenes cometidos contra los pueblos del mundo.
La corte popular necesitó dos días para recibir todas las demandas presentadas por los jóvenes, y que abarcaron desde la injerencia norteamericana en Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y la ocupación británica de las Malvinas, hasta las denuncias de fraude electoral en Honduras y el terrorismo de Estado en Colombia.
También se demandó la independencia de Puerto Rico y la libertad para los presos políticos de esa isla caribeña, convertida en un estado libre asociado de Washington.
Ecuador, por su parte, expuso el caso de la transnacional estadounidense Chevron, que se niega a indemnizar a miles de ecuatorianos por el daño ambiental que provocó su filial Texaco en la Amazonía del país andino.
El veredicto de culpabilidad fue leído por el presidente del tribunal, el abogado argentino Beinusz Izmukler, y en el texto se insta a los pueblos a lograr que los autores materiales de esos actos sean juzgados y condenados, y se declara persona non grata a los políticos de los estados considerados agresores
