CCOO ha hecho pública una declaración en la que denuncia el recrudecimiento de la acción autoritaria del Gobierno, especialmente a raíz de la huelga general del 29 de marzo, con la detención de varias personas (dos de ellas, estudiantes, siguen detenidas en Barcelona) y el recurso a la interpretación retorcida del código penal para justificar su actuación represiva.
CCOO cree que el éxito de la huelga general y las masivas manifestaciones que se produjeron ese día contra la reforma laboral y en defensa de los servicios públicos, ha alterado la "supuesta normalidad" que el Gobierno proclamó durante la jornada de huelga general. Los nervios han jugado una mala pasada y los responsables del Ministerio del Interior han puesto en marcha su particular concepción del orden público.
"Creemos que, efectivamente, la jornada de huelga general transcurrió en un clima de tranquilidad y sin incidentes destacables; pero parece que el Gobierno quiere convertir los pocos incidentes producidos en una nueva operación de acoso y derribo contra el movimiento sindical. Cuando se hurtan derechos, se resiente la libertad", denuncia CCOO. Hay que recordar que los dos estudiantes detenidos en Barcelona el día de la huelga siguen en prisión; ayer 17 de abril, la Guardia Civil detuvo a dos sindicalistas de CCOO en la Pobla de Vallbona (Valencia), puestos horas más tarde en libertad; y también hemos conocido que han sido llamados a declarar las personas afectadas por los incidentes producidos en la factoría de CASA de Getafe en la huelga del 29 de septiembre de 2010, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron una concentración de trabajadores disparando al aire balas de fogueo, cuyos casquillos presentó CCOO en rueda de prensa.
Por todo ello, CCOO hace un llamamiento a la cordura y pide a los responsables del Ministerio del Interior que cesen en su actuación represiva contra el movimiento sindical y asuman con normalidad las consecuencias de una huelga general que tuvo un seguimiento masivo. Igualmente, CCOO exige la inmediata puesta en libertad de los detenidos por su participación en los piquetes del 29M, así como que se ponga fin a una interpretación preconstitucional de la legislación penal para arremeter contra los sindicatos.
