Los parlamentarios españoles, diputados y senadores, Dionisio García (PP), Marisol Pérez (PSOE), Joan Josep Nuet (Izquierda Plural: IU, ICV-EUiA, CHA), Carles Campuzano (CIU) e Iñaki Anasagasti (PNV), integramos una misión de observación de la situación de derechos humanos en Guatemala. Hemos llegado el día 20 del presente mes de enero y nos hemos entrevistado con organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, tanto en la capital como en nuestras visitas a los departamentos del Quiché y Huehuetenango.
En nuestras interlocuciones se nos ha trasladado lo siguiente:
1. Un apoyo del actual Presidente para que sigan realizando sus labores la Fiscal General del Estado, Claudia Paz y Paz, así como la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
2. Reconocer como positivo la derogación del Decreto 370, que impedía a la Corte Interamericana conocer de los casos de violaciones a los derechos humanos de fecha anterior a 1987.
3. Resaltar como un aspecto de normalidad democrática el actual juicio que se lleva contra el ex presidente Efraín Ríos Montt y altos cargos de su gobierno, acusados por crímenes de genocidio.
4. Reconocer la importante labor que están realizando organizaciones e instituciones como la Fundación de Antropología Forense (FAFG), el Archivo de la Policía, las organizaciones de derechos humanos como las que integran la Convergencia por los Derechos Humanos; resaltado la labor del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), FAMDEGUA, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), entre otras, por su alto nivel de profesionalidad, y como un signo de normalidad democrática que debe ser respetado y fortalecido.
Así mismo las instituciones y personas con las que nos entrevistamos nos han trasladado las preocupaciones siguientes:
1. La lentitud en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente los concernientes al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la democratización de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
2. La necesidad de seguir impulsando las reformas eficaces para fortalecer la efectiva independencia del sistema judicial del país.
3. El cierre de los Archivos de la Paz.
4. Las amenazas y presiones que por distintos medios están recibiendo tanto la Fiscal General del Estado, Claudia Paz y Paz, como algunos defensores y defensoras de derechos humanos, como Claudia Samayoa.
. La persistencia de asesinatos, ataques, allanamientos de personas e instituciones de derechos humanos.
6. La petición de amnistía por parte de los abogados defensores de Efraín Ríos Montt, Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes.
7. La persistencia de altos índices de violencia y en especial la gravedad de la violencia de género y el feminicidio en Guatemala.
8. La restricción de apoyos y medios económicos de la comunidad internacional a instituciones como la CICIG y la Fiscalía General de la Nación para que pueda consolidarse la reforma del sistema de justicia.
9. La presencia del narcotráfico y el crimen organizado y su penetración en algunas instituciones del Estado y la captación de personas relevantes del país.
10. Los insuficientes canales de diálogo y participación para encauzar democráticamente las complejas situaciones derivadas de la presencia de empresas transnacionales en el país.
Dado que esta es una misión de parlamentarios españoles hicimos especial hincapié en conocer la situación conflictiva que se vive en Santa Cruz Barillas. Que dicho conflicto ha dado lugar a la muerte de una persona y la detención ilegal de nueve miembros de la comunidad. Nos entrevistamos con miembros de la corporación municipal, de los Cocodes y dirigentes de las comunidades afectadas. Después de haber escuchado a todos los interlocutores sacamos como conclusión la falta de información veraz y la deficiente interlocución entre las partes afectadas. Esperamos el esclarecimiento de los hechos violentos, el resarcimiento de las víctimas y los familiares de los afectados, así como que el conflicto se pueda encauzar democráticamente y con una salida que satisfaga a la población en su conjunto.
Como parlamentarios españoles nos comprometemos a colaborar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos en Guatemala y apoyaremos todas aquellas iniciativas que vayan en este sentido.
