Texto completo de la declaración conjunta de IU-ICV-EUiA sobre el derecho a decidir y el modelo de Estado
Texto completo de la declaración conjunta de IU-ICV-EUiA sobre el derecho a decidir y el modelo de Estado
1.Unos valores compartidos: radicalidad democrática y cultura federal.
IU, ICV y EUiA comparten una serie de valores políticos, a partir de la diversidad de sensibilidades que representan, propios de las tradiciones políticas de la izquierda transformadora y verde, que permiten construir una posición común sobre la crisis constitucional que vive el Estado español y el derecho a decidir.
Valores como la radicalidad democrática, el republicanismo, la solidaridad o el internacionalismo, que forman parte de la cultura federal y que han hecho posible que tanto IU como ICV-EUiA hayan asumido, tradicionalmente, el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos, la defensa del el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español y la construcción de una Europa social y federal.
IU y ICV-EUiA siempre han defendido el pleno desarrollo de los autogobiernos y la necesidad de avanzar hacia un modelo de Estado federal. Así, ambas formaciones dieron su apoyo a la segunda generación de estatutos de autonomía con la aprobación del Estatut d’Autonomia de Catalunya, modelo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía generalizó, y a la lectura federal de la Constitución que implicaban dichos estatutos.
ICV-EUiA valora muy positivamente el trabajo realizado por el Grupo de la Izquierda Plural y su defensa del autogobierno de Cataluña y del derecho a decidir en distintas votaciones en el Congreso.
2. Crisis constitucional, crisis del modelo de la transición.
Vivimos una profunda crisis que tiene una dimensión Europea y que afecta, de forma especial, a los países del sur de Europa, como consecuencia de las políticas neoliberales imperantes.
En el caso español esta crisis, además, viene determinada por el agotamiento del modelo surgido durante la Transición democrática. Hoy el sistema político caracterizado por el bipartidismo está profundamente cuestionado; las políticas de recortes de derechos sociales y la reforma laboral rompen el contrato social sobre el que se basa el sistema democrático y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d’Autonomia de Catalunya de junio de 2010 y el proceso de recentralización impulsado por el Gobierno del PP han provocado una profunda crisis constitucional.
La sentencia del Tribunal Constitucional no sólo afecta el Estatuto catalán, sino que también a casi todos los estatutos de autonomía de segunda generación: limitando el desarrollo de los autogobiernos; negando la participación de las CCAA en las decisiones y organismos del Estado, uno de los elementos federalizantes de los nuevos estatutos; y facilitando la permanente intromisión competencial del Gobierno del Estado en ámbitos propios de las CCAA.
Según dicha sentencia las aspiraciones de mayor y mejor autogobierno y de reconocimiento nacional de Cataluña, plasmadas en un Estatut pactado con el Estado y aprobado en referéndum por la ciudadanía, no tenían cabida en el marco constitucional, manifestando además que no era posible realizar una lectura federal de la Constitución.
La respuesta del Gobierno del PSOE a la sentencia fue de pasividad absoluta, no se propuso ninguna salida ni jurídica ni política que permitiera superar los efectos de la sentencia. Y el actual Gobierno del PP está realizando una ofensiva contra las autonomías, a las que acusa falsamente de la crisis, para justificar un proceso de involución autonómica y de recentralización. El proceso de recentralización afecta también a los municipios con un proyecto de reforma de la administración local que vacía de contenido el poder local.
Si bien es cierto que CiU, la derecha nacionalista, intentó instrumentalizar de forma partidista el malestar existente en Cataluña y el derecho a decidir, convocando unas elecciones de forma oportunista para capitalizar la manifestación del 11 de septiembre, y así evitar el debate sobre una políticas económica antisociales, es evidente que la desafección hacia el Estado tiene bases objetivas y es ampliamente compartida en Cataluña.
Las masivas manifestaciones celebradas en Barcelona el 10 de julio de 2010 y el 11 de septiembre de 2012, así como los resultados de las elecciones al Parlament ponen de manifiesto que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña no acepta el actual marco estatutario y constitucional y reclaman ejercer el derecho a decidir para resolver la actual situación.
La ruptura del pacto constitucional tuvo, también, una dimensión socioeconómica con la reforma en septiembre de 2011 del artículo 135 de la Constitución, por la cual las políticas neoliberales de austeridad adquirieron rango constitucional.
Por todo ello el actual estado de las autonomías y el marco constitucional han de ser superados en un proceso que reconozca el derecho a decidir y garantice todos los derechos sociales.
Derecho a decidir, que queremos dejar claro, aunque no sea objeto de la presente declaración, debe alcanzar junto a los derechos nacionales que definen la identidad también a los derechos sociales que definen la realidad en la que afrontamos la actual situación de crisis.
3. El derecho a decidir, un principio democrático.
IU e ICV-EUiA coinciden en la necesidad de propiciar el diálogo entre las fuerzas políticas del Estado y las fuerzas políticas catalanas para garantizar una salida democrática y pactada a la crisis del modelo territorial del Estado.
Cuando una parte sustancial de la población de un territorio cuestiona el marco institucional existente y manifiesta su aspiración a la soberanía, en lógica democrática, es necesario establecer los mecanismos legales para conocer la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de ese territorio.
En ningún caso puede esgrimirse la Constitución o la legalidad para oponerse a la celebración de un referéndum en Cataluña. No se trata de un problema jurídico sino de voluntad política y, en cualquier caso, las leyes pueden ser reformadas para hacer posible que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a decidir libremente su futuro.
En este sentido, IU e ICV-EUiA exigen al Gobierno del Estado -que tiene la competencia para convocar referendos- que negocie con las fuerzas parlamentarias de Catalunya la celebración de un referéndum que permita conocer la voluntad de la ciudadanía de Cataluña sobre su futuro político, acordando las condiciones y procedimientos para su celebración.
Para IU e ICV-EUiA el ejercicio del derecho a decidir debe basarse en la voluntad de negociación con el Estado utilizando los mecanismos legales existentes o acordando su reforma, si se considera necesario; en el respeto por la pluralidad de opciones existentes en la sociedad catalana; en el rechazo a cualquier intento de enfrentar a la sociedad catalana por sentimientos identitarios; en la construcción de una mayoría política y social favorable al ejercicio del derecho a decidir; en el compromiso político de acatar los resultados y de impulsar las negociones necesarias para concretar la voluntad de la ciudadanía.
En síntesis, se trata de conseguir la máxima legitimidad democrática, política y jurídica posible frente aquellos que niegan toda posibilidad de ejercer ese derecho.
La celebración del referéndum no supone el final del proceso. Una vez conocida la decisión de la ciudadanía de Cataluña, deberán acordarse los cambios constitucionales necesarios para hacer posible la voluntad popular.
En este proceso no sólo está en cuestión el futuro de Cataluña, sino que también está en juego la credibilidad democrática del Estado ante la sociedad catalana y española y ante la comunidad internacional.
El derecho a decidir, no presupone ninguna respuesta ni modelo predeterminado. Este dependerá de la libre decisión de los ciudadanos y ciudadanas y de la voluntad de los partidos mayoritarios en las Cortes y de los grupos parlamentarios catalanes de acordar una relación entre Cataluña y el Estado sobre nuevas bases, que en cualquier caso deberán ser sometidas a consulta ciudadana.
Para recomponer la relación de Cataluña con el Estado, en estos momentos, sólo hay un camino, resolver lo que quedó sin solución durante la Transición: el reconocimiento constitucional del carácter plural de un estado formado por naciones, nacionalidades y regiones diversas, cultural y lingüísticamente.
Una pluralidad nacional y regional que debería ser un elemento central de la identidad compartida del Estado, compatible con valores como la fraternidad y la solidaridad entre sus distintos componentes.
IU e ICV-EUiA manifiestan la necesidad de dar una oportunidad al diálogo para un nuevo pacto, con una profunda reforma de la Constitución en un sentido republicano, federal, plurinacional, y solidario que incorpore el derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado.
El siglo XXI debe ser el siglo de las soberanías compartidas. Soberanías compartidas en el marco del Estado y de Europa, superando las viejas concepciones de los nacionalismos tradicionales excluyentes y soberanía que a su vez hagan compatible los protagonismos y la participación popular y ciudadana.
IU e ICV-EUiA están firmemente comprometidos en el inicio de un proceso constituyente en el conjunto del Estado y de Cataluña que suponga no sólo un nuevo modelo de Estado, sino también un nuevo modelo político, social i económico que garantice una nueva política radicalmente democrática que destierre la corrupción de la política y un nuevo modelo económico, ecológico y socialmente justo.
4. Compromisos.
IU e ICV-EUiA se comprometen a:
- Apoyar el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de los otros pueblos del Estado que manifiesten su voluntad de ejercer este derecho.
- Reclamar y favorecer un proceso de negociación entre las fuerzas políticas del Estado y las fuerzas políticas catalanas para acordar la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña y propiciar las reformas legislativas necesarias para su convocatoria.
- Trabajar conjuntamente de manera coordinada por un modelo de Estado federal, plurinacional, social y republicano, que incorpore el derecho a decidir.
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