Artículo: El Derecho a Decidir para los Federalistas (publicado en Público)

El derecho a decidir para los federalistas

Joan Josep Nuet

La Carta de las Naciones Unidas consagra en su Capítulo I sobre propósitos y principios, el Artículo 1, párrafo 2: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

La correlación de fuerzas políticas y sociales en 1978 impidió desarrollar en el texto constitucional la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos de España, al igual que consagró importantes derechos como los de trabajo, educación, salud, vivienda, aunque no desarrolló los mecanismos de garantía jurídica y política para su cumplimiento. Sí lo hizo con el derecho de propiedad privada, la Monarquía o los privilegios de la religión católica.

Esas limitaciones del texto constitucional estaban presididas por el optimismo del momento. La caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia no podían menos que suponer un progreso político, social y económico que se creía imparable. De ahí la existencia de un texto que emanaba un espíritu constitucional abierto y que sólo se interpretaba como una oportunidad de evolución positiva. Entonces no se vislumbraba la realidad deconstituyente actual, liderada por la derecha heredera del franquismo.

Evidentemente la posibilidad de desarrollar de forma flexible la Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los Estatutos de Autonomía presidió la elaboración de los Estatutos de segunda generación, realizando una interpretación federalizante de la misma. Hoy sabemos que esa tendencia hubiese podido aportar una estabilidad importante a la arquitectura constitucional, ya que la estabilidad es flexibilidad e interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera conflicto y enfrentamiento como nos demuestra la historia reciente.

La sentencia del Tribunal Constitucional (T.C.) contra el Estatut de Catalunya en el verano del 2010 no sólo supuso un jarro de agua fría para los federalistas, sino la constatación de que la derecha ya lideraba la interpretación de la crisis política económica y social. Constató también que el PSOE no luchaba por una alternativa real sino, más bien, por seguir formando parte del modelo bipartidista instaurado paralelamente al pacto de la transición, sellado por la monarquía borbónica, y disfrutar así de las ventajas que ello ofrecía.

Para el éxito de una visión progresista y federal de España, o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa de ‘proyecto constituyente’ para nuestro país, del cual se derive una reforma constitucional, o se imponen las propuestas de regresión constitucional que la derecha proclama obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES.

El Partido Popular intentó, y consiguió, utilizar al Tribunal Constitucional como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978. Realizó una campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España. Esa sentencia del T.C. contra un Estatut refrendado por el pueblo de Catalunya está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste. Esto ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las Autonomías que ha persistido durante 35 años.

Hay que construir desde la izquierda un discurso federal autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un Nuevo País basado en un federalismo que respete la libertad de los pueblos.

Hemos asistido a la ‘reforma constitucional express’ ejecutada por el PSOE y el PP bajo el dictado del FMI, el BCE y la Comisión Europea, es decir, la troika. Decidieron cambiar en plano mes de agosto el artículo 135 que despliega e impone las políticas de recortes y austeridad frente a los derechos sociales y la prestación de servicios públicos de calidad.

También hemos contemplado, no sin nuestra oposición con todas las fuerzas de que disponemos, los reiterados acuerdos de sucesivos gobiernos del PSOE y del PP -con el apoyo perpetuo de CiU- aprobando rebajas de impuestos a las grandes fortunas y capitales que han desfiscalizado y empequeñecido al Estado español, reduciéndolo a extremos irreconocibles que no garantizan el ‘Estado Social’ al que se refiere el Artículo 1.1 de la Constitución.

Hemos soportado la corrupción en algunos partidos políticos, que ha hecho saltar por los aires el precepto constitucional de estar en un ‘Estado de Derecho’ del que también habla esa misma Constitución.

Desde IU y desde EUiA defendemos la necesidad de que el Estado Social, la República, una plena democracia y la transparencia, así como el Estado Federal Plurinacional y el derecho de autodeterminación, estén presentes en el texto constitucional; pero, sobre todo, que se cumplan.

Es una realidad que más del 80% de la ciudadanía de Catalunya aboga por el ejercicio del derecho a decidir. Ese derecho no es propiedad de los nacionalistas sino de todos los demócratas. Por ello, los no nacionalistas y los no independentistas, como nosotros, lo defendemos, por respeto democrático.

Además, el derecho a decidir debe responder también a una voluntad de control democrático de decisiones que tienen que ver con el modelo económico y social del que nos dotamos, no sólo al debate territorial. Sólo los cambios constituyentes basados en una verdadera ‘ruptura democrática’ del orden existente puede garantizar un nuevo horizonte común basado en la unión libre de los distintos pueblos que componen este proyecto común por el que vale la pena sumar, llamado España.