L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.
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INTERVENCION DE LA Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) en la PNL sobre Venezuela.
Congreso de los Diputados 11 de marzo de 2014
Nicolás Maduro, Presidente legítimo de Venezuela desde abril de 2013, hace frente a una poderosa oposición, apoyada por países estranjeros, que aspira retomar el poder que perdió en 1998. Como perdió las elecciones presidenciales de abril de 2013 por una diferencia del 1,59%, la oposición rechazó primero los resultados electorales, avalados no obstante por las más importantes instituciones internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por el Centro Carter.
El débil margen que separó al candidato de la oposición Henrique Capriles al vencedor Nicolás Maduro, galvanizó a la derecha.
Contra todo pronóstico, las elecciones municipales se transformaron en plebiscito a favor del poder chavista que ganó el 76% de los municipios (256) contra el 23% (76) para la coalición MUD que agrupó a toda la oposición.
Desmoralizado por ese serio revés, viendo la perspectiva de una reconquista del poder por la vía democrática alejarse otra vez – las próximas elecciones serán las legislativas en diciembre de 2015 –, la oposición ha decidido reproducir el esquema de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado mediático-militar contra el Presidente Hugo Chávez, que tuvo el apoyo y comprensión del Gobierno Aznar del PP.
El 6 de febrero de 2014, tras una manifestación de la oposición, un grupo de una centena de estudiantes encapuchados atacó la residencia del gobernador del Estado de Táchira, hiriendo a una decena de policías. La misma semana, varias manifestaciones de la oposición se suceden en diferentes Estados y degeneran todas en violencia.
El 12 de febrero de 2014, otra manifestación, orquestada por la oposición frente al Ministerio Público, compuesta de estudiantes de las universidades privadas organizados en grupos de choque, resultó ser de una violencia inaudita, con tres muertos, una centena de heridos e innumerables daños materiales.
Como durante el golpe de Estado de abril de 2002, las tres personas fallecidas fueron todas ejecutadas con una bala en la cabeza. Entre ellas se encontraban un militante chavista Juan Montoya y un opositor llamado Basil Da Acosta. Según la investigación balística, ambos fueron ejecutados con la misma arma.
Los siguientes días, los manifestantes, oficialmente movilizados “contra la vida cara y la inseguridad”, se instalaron en la Plaza Altamira, situada en un barrio rico de Caracas.
Desde hace varios meses, Venezuela sufre una guerra económica orquestada por la oposición que controla aún amplios sectores, con la organización artificial de penurias, de acaparamiento de productos de primera necesidad, y de multiplicación de actos especulativos.
Así, el 5 de febrero de 2014, las autoridades acautelaron en el Estado de Táchira cerca de mil toneladas de productos alimenticios de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite, café, etc.) escondidos en almacenes. Desde enero de 2013, las autoridades acautelaron más de 50.000 toneladas de alimentos.
El Presidente Nicolás Maduro denunció un intento de golpe de Estado y llamó a los ciudadanos a hacer frente al “fascismo”.
Decepcionados por estos resultados electorales y la posibilidad de que la oposición se incorporara a algún tipo de trabajo con el gobierno, el 23 de enero de 2014, los dirigentes opositores Leopoldo López (Movimiento Voluntad Popular) y María Corina Machado (Movimiento Vente Venezuela), llamaron públicamente a sus partidarios a participar en una operación que denominaron “La Salida”, consistente en tomar las calles hasta lograr que sea derrocado el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Sin embargo, en Venezuela no existe un estado de violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero, los episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18 municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los municipios. En las últimas jornadas estas acciones se focalizaron en tan solo 6 municipios (1,7%).
Destacados líderes de la oposición han venido manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia, exigiendo que se detenga y que las instancias que agrupan a la oposición se deslinden con claridad de estos hechos y favorezcan el diálogo con el gobierno.
Las instituciones del Estado. Tras los numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo, han resultado detenidas 1.322 personas, que han sido presentadas de inmediato ante los tribunales. De estas, a 1.103 se le han aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen privadas de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de alteración del orden público, lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre otros. La Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de libertad son estudiantes. 15 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse incriminados en situaciones de abusos y/o violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las más activas recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.
El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002, cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que justificasen un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
En Venezuela la mayoría de los medios de comunicación son privados (más del 60% y tienen 90% de la audiencia nacional).
Hoy en Venezuela el desempleo es de sólo 7%, más de 500 mil viviendas sociales han sido entregadas en los 2 últimos años, se han producido aumentos anuales del salario mínimo por encima de la inflación, fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud, alimentación y el incremento del número de estudiantes universitarios de 400 mil a 2 millones 600 mil.
Algunos medios de comunicación han llegado al extremo no sólo de tergiversar declaraciones de autoridades, hacer montajes de videos y/o fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como fotografías de lamentables sucesos acecidos en otros países para criminalizar a un Gobierno constitucional.
Contrario a las reseñas de algunos medios de comunicación, no se ha cercenado en ningún momento la libertad de expresión en Venezuela, donde ésta es protegida por la Constitución y las leyes. Basta ver las primeras páginas de los más de 300 diarios venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio privadas, ver los más de 60 canales de televisión privados o los más de 100 canales que se ven por suscripción (televisión de pago), para darse cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en Venezuela.
La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla junto a más de 100 canales por suscripción que se pueden ver en Venezuela, fue suspendida por hacer apología a la violencia (lo cual está prohibido en la legislación venezolana, así como en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la censura está prohibida por el artículo 58 de la Constitución, aunque existe la responsabilidad ulterior, tal y como sucede en la práctica totalidad de democracias avanzadas.
Queremos hacer constar los pronunciamientos de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado también su respaldo al gobierno constitucional y la exigencia de respeto de la soberanía, así como a los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos
La Organización de Estados Americanos (OEA), en su declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica totalidad de sus miembros (29 de un total de 32 países) entiende que en Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional.
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