Nota Aclaratoria Embajada venezolana en España expresa su preocupación por circulación reiterada de informaciones erróneas y tergiversadas sobre situación en Venezuela
· * Se invisibilizan las acciones de violencia cometidas por grupos de extrema derecha y la complicidad de algunos alcaldes de oposición (ver punto 10), mientras se intenta culpar de la violencia a grupos de base chavista o al propio gobierno.
· * Se oculta el escaso apoyo social que tienen las actuales protestas contra el gobierno.
· * Se intenta transmitir una imagen de desgobierno y de caos generalizado que no se corresponde con la realidad.
· * Se invisibilizan o descalifican los esfuerzos que viene haciendo el gobierno desde diciembre para promover espacios de encuentro con la oposición en asuntos de Estado.
· * No se informa de la acción ordenada y proporcionada de las fuerzas de orden público, cuya instrucción es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Tampoco de las acciones de las instituciones del Estado para prevenir y castigar los posibles casos de abusos por parte de algunos funcionarios policiales.
· * Se relativiza o tergiversa el apoyo de los organismos y países de la región al gobierno legítimo y democrático de Venezuela y a sus esfuerzos por el diálogo y la paz.
Preocupados por la reiteración de informaciones erróneas acerca de los recientes acontecimientos de violencia acontecidos en algunas regiones del país, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España desea expresar lo siguiente:
El pasado 14 de abril de 2013 el candidato chavista Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales al imponerse al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, por el 1,5% de los votos.
El 8 de diciembre de 2013 pasado se celebraron elecciones municipales. La oposición planteó las mismas como un plebiscito sobre la gestión del Presidente Nicolás Maduro. Con una participación histórica, las fuerzas chavistas se impusieron en estas elecciones, ganando en un 70% de los municipios y ampliando su ventaja electoral 11,5%.
Inmediatamente a las elecciones el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó a los alcaldes y gobernadores opositores a una reunión, para trabajar en conjunto en los asuntos fundamentales para el Estado. A esta primera reunión se sumó la coordinación con todos los alcaldes y gobernadores opositores para impulsar el Plan de Pacificación Nacional, así como otras reuniones de coordinación a nivel del Consejo Federal de Gobierno.
Decepcionados por estos resultados electorales y la posibilidad de que la oposición se incorporara a algún tipo de trabajo con el gobierno, el 23 de enero de 2014, los dirigentes opositores Leopoldo López (Movimiento Voluntad Popular) y María Corina Machado (Movimiento Vente Venezuela), llamaron públicamente a sus partidarios a participar en una operación que denominaron “La Salida”, consistente en tomar las calles hasta lograr que sea depuesto el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
Las acciones de violencia no tardaron en sucederse. Comenzaron el 6 de febrero con el ataque de un grupo opositor a la residencia oficial del gobernador del estado Táchira –donde se ubica un centro de rehabilitación de niños con discapacidades.
El 12 de febrero López y Machado arengan a sus partidarios para que realicen actos violentos. Este día resultan asesinadas tres personas y 66 heridos. Los partidarios de López y Machado causaron destrozos a la sede principal del Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, estaciones del Metro y en diferentes instalaciones y servicios públicos. Las acciones violentas continuaron de forma focalizada en algunos puntos del estado Carabobo (Valencia), estado Miranda (fundamentalmente en el Municipio Chacao), así como los estados fronterizos con Colombia: Zulia (Maracaibo) y Táchira (especialmente en San Cristóbal), además de algunas zonas de clase media-alta del Distrito Capital (específicamente en Caracas).
En sus acciones, estos grupos opositores violentos han utilizado continua y reiteradamente armas de fuego, bombas incendiarias y objetos contundentes; han levantado barricadas y empleado tácticas terroristas, como la colocación de cables de acero o nylon atravesados en las vías públicas (ocasionando lesionados y, al menos, el degollamiento de un motorista), como parte de sus estrategias para generar zozobra, caos y pérdida de vidas.
Hasta el 8 de marzo estas acciones de violencia han dejado el lamentable saldo de 21 personas fallecidas, entre los que se cuentan civiles, partidarios y detractores del gobierno, así como funcionarios policiales. Además, otras 50 personas han perdido la vida como consecuencia del continuado cierre de calles con barricadas. Además, al menos 318 personas han resultado heridas en diversos altercados, incluyendo a 81 miembros de los cuerpos policiales. Igualmente, han sido cuantiosos los daños materiales sufridos en los asaltos a infraestructuras públicas, incluyendo escuelas y hospitales.
Sin embargo, en Venezuela no existe un estado de violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero, los episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18 municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los municipios. En las últimas jornadas estas acciones se focalizaron en tan solo 6 municipios (1,7%).
Las acciones violentas se han venido reduciendo, tanto por la acción ordenada y ajustada a la Ley de los organismos de orden público del gobierno, como por el propio reclamo de la ciudadanía afectada por el bloqueo de calles y accesos a urbanizaciones, así como por la acumulación y quema de basuras. Llama la atención que ni los alcaldes opositores, ni los cuerpos policiales bajo su control, han colaborado en el mantenimiento del orden y que, por el contrario, protegen a los grupos violentos que están operando en su jurisdicción. Tal como quedó en evidencia con el asesinato por parte de policías de Chacao de una joven detective del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando este cuerpo detuvo para averiguaciones a un indiciado en múltiples acciones de violencia detenido in fraganti.
De hecho, según el estudio realizado por la encuestadora International Consulting Services (ICS), un 85,4% de la opinión pública venezolana se posiciona en desacuerdo con estas protestas, mientras más de un 90% respalda la participación de todos los sectores sociales (incluyendo opositores y empresarios) en las iniciativas de diálogo nacional impulsadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la constitución.
Destacados líderes de la oposición han venido manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia, exigiendo que se detenga y que las instancias que agrupan a la oposición se deslinden con claridad de estos hechos y favorezcan el diálogo con el gobierno.
Las instituciones del Estado han ejercido una labor escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que establece la Ley, para controlar la violencia y preservar el orden. Tras los numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo, han resultado detenidas 1.322 personas, que han sido presentadas de inmediato ante los tribunales. De estas, a 1.103 se le han aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen privadas de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de alteración del orden público, lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre otros. La Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de libertad son estudiantes.
Medidas judiciales están siendo aplicadas con igual rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. La Fiscal ha sido enfática respecto a que se están investigando todas las denuncias contra efectivos de seguridad respecto a torturas u otro tipo de violaciones a derechos humanos. De hecho, según informó la Fiscal General de la República el 7 de marzo, 15 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse incriminados en situaciones de abusos y/o violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las más activas recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.
Varios ciudadanos de nacionalidad española o doble nacionalidad española/venezolana se han visto implicados en hechos de violencia. En todos los casos el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respecto a la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países. Sobre el caso del ciudadano español Wilmer Carballo de 43 años, la fiscalía informó que murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, tras recibir un disparo. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 32º de Aragua y 3º de Táchira, Rolando García y Nelson Montero, respectivamente, a fin de dirigir la investigación para esclarecer su fallecimiento.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha expresado públicamente y en reiteradas oportunidades su más enérgico rechazo al empleo de la violencia, así como a cualquier recurso ilegal o inconstitucional por parte de cualquier sector político. Así mismo, ha exigido la actuación ejemplar y sin distingo de las instituciones de justicia. Igualmente, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que cualquier delito cometido por funcionarios policiales en el transcurso de sus actuaciones sea castigado de inmediato.
El pasado 26 de febrero se celebró, a convocatoria del Presidente Maduro, la Conferencia Nacional por la Paz y Convivencia, en la que participaron representantes de distintos sectores políticos (incluyendo diputados y alcaldes de oposición), empresariales (Fedecámaras, Fedeindustria, empresas Polar, entre otros), mediáticos, estudiantiles, sindicales y religiosos. Esta Conferencia está en pleno desarrollo. Se han creado comisiones específicas, comenzado a operar las de política y economía, además del encuentro de partidos políticos. Éstos son espacios para formular acuerdos de trabajo ágiles en las materias concretas que afectan la vida de la ciudadanía.
El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002, cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que justificasen un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
Resulta preocupante que la mayoría de los medios de comunicación privados venezolanos (más del 60% de los medios en Venezuela son privados y tienen 90% de la audiencia nacional) y los medios internacionales más influyentes insistan en silenciar, minimizar y/o descalificar las manifestaciones masivas a favor de la paz y en apoyo al gobierno nacional, así como las declaraciones de personalidades, incluyendo dirigentes opositores, que llaman a la sensatez, a la no violencia y al diálogo.
La cobertura informativa presenta las acciones de violencia como manifestaciones pacíficas, las actuaciones apegadas a la Ley de los órganos del orden público como acciones represivas del gobierno; al tiempo que se maximizan las problemáticas existentes en el país, sin mencionar las políticas desarrolladas por el Estado para atenderlas y otros datos de contexto que permiten entender el respaldo popular a la gestión del gobierno (desempleo de sólo 7%, más de 500 mil viviendas sociales entregadas en los 2 últimos años, aumentos anuales del salario mínimo por encima de la inflación, fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud, alimentación o el incremento del número de estudiantes universitarios de 400 mil a 2 millones 600 mil y de pensionados de 300 mil a 2 millones 500 mil, etc.).
Se ha llegado al extremo no sólo de tergiversar declaraciones de autoridades, hacer montajes de videos y/o fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como fotografías de lamentables sucesos acecidos en otros países para criminalizar a un Gobierno constitucional, cuyos esfuerzos en materia de derechos humanos gozan del reconocimiento de organismos e instituciones internacionales.
Contrario a las reseñas de algunos medios de comunicación, no se ha cercenado en ningún momento la libertad de expresión en Venezuela, donde ésta es protegida por la Constitución y las leyes. Basta ver las primeras páginas de los más de 300 diarios venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio privadas, ver los más de 60 canales de televisión privados o los más de 100 canales que se ven por suscripción (televisión de pago), para darse cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en Venezuela.
La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla junto a más de 100 canales por suscripción que se pueden ver en Venezuela, fue suspendida por hacer apología a la violencia (lo cual está prohibido en la legislación venezolana, así como en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la censura está prohibida por el artículo 58 de la Constitución, aunque existe la responsabilidad ulterior, tal y como sucede en la práctica totalidad de democracias avanzadas.
Existen notorios elementos de prueba para afirmar que estos actos violentos son incentivados, organizados y financiados con apoyo del exterior, especialmente desde círculos de poder en Estados Unidos.
El gobierno venezolano agradece los pronunciamientos de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado también su respaldo al gobierno constitucional y la exigencia de respeto de la soberanía, así como a los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. Igualmente se agradecen los pronunciamientos de países hermanos latinoamericanos, que como la presidenta chilena Michelle Bachelet, han expresado su rechazo a "acciones violentas que buscan desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido", agregando: "cuando entremos al gobierno lo que vamos a hacer es ofrecer apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela para realmente buscar los cauces democráticos, de paz social, para que los propios venezolanos puedan buscar ese camino".
La Organización de Estados Americanos (OEA), en su declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica totalidad de sus miembros (29 de un total de 32 países) entiende que en Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional. Esta declaración refleja un cambio en América Latina que es importante que se interprete correctamente en España, por cuanto es el reflejo de una región independiente, resueltamente democrática, que no acepta violaciones a su soberanía y que respeta y confía plenamente en la institucionalidad democrática venezolana.
Como lo denunció el canciller, Elías Jaua, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela lleva más de un mes sometida a un asedio a través de grupos entrenados para la violencia, que intentan camuflarse tras el legítimo derecho a la protesta, así como mediante una campaña de desinformación que pretende justificar este intento de ruptura del orden constitucional y de la convivencia democrática de los venezolanos.
El gobierno venezolano seguirá actuando, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para cumplir con sus responsabilidades en la preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y la salvaguarda de los derechos humanos.
Prensa Embajada venezolana en España.- 10 de marzo de 2014.
