Pronunciamiento oficial del FG, a dos años del golpe parlamentario de junio de 2012
Este 22 de junio se cumplen dos años de la fatídica conspiración política, que se enmarcó en la masacre de Curuguaty, para concluir con el derrocamiento de un Presidente electo por el pueblo.
Hoy día, nuestra sociedad puede vislumbrar con mayor claridad que aquel golpe de Estado, arropado bajo el manto de una supuesta legalidad, tuvo como principal objetivo la interrupción de un proceso de cambios, a fin de impedir el fortalecimiento de las fuerzas democráticas y de los sectores sociales históricamente marginados. Esto, para restaurar el orden oligárquico que caracteriza a la vieja política, sostenida través de la gestión prebendaria de las cúpulas de los partidos conservadores.
Para los reducidos grupos dominantes de nuestro país es una herejía intolerable que el pueblo organizado se constituya en sujeto de derechos. La participación protagónica de los movimientos populares y ciudadanos en los programas sociales del gobierno para todos y todas, de Fernando Lugo, era considerada un peligro que cuestionaba la hegemonía del proyecto económico injusto y de dominación de la oligarquía, sustentado en la prebenda y la represión.
Durante el gobierno para todos y todas se puso en tela de juicio la legalidad de la tenencia irregular de la tierra por parte de grandes latifundistas vinculados a la dictadura stronista, y que es un recurso estratégico que genera ganancias multimillonarias para corporaciones transnacionales como Monsanto, Cargill y ADM. Los movimientos campesinos denunciaron y enfrentaron la apropiación ilegal de estas millones de hectáreas de tierras malhabidas, exigiendo su recuperación.
El gobierno de Lugo aprobó por primera vez la reglamentación de la ley de frontera, que asegura la tierra en manos de compatriotas en una franja de 50 km. Se conquistaba también un gran avance en materia de soberanía energética, con el histórico acuerdo que triplicó la compensación de Itaipú para Paraguay.
Otro de los principales “pecados” de aquel gobierno legítimo fue la promoción del acceso de los sectores empobrecidos de nuestro país a la salud y la educación gratuita, en una extensión a la que jamás llegó ningún gobierno en el Paraguay.
Si bien no pudo ser desmontado (aún) el Estado oligárquico, para sacar a nuestro país de la lista de países con los peores índices de desarrollo y desigualdad social, se implementaron y ampliaron conquistas mínimas, como el rol que le compete a un Estado social de derecho, de garantizar los derechos para sus habitantes, avanzando con diversos programas sociales como Tekopora, Abrazo, la asistencia a la Tercera Edad y CEPRA, entre otros. A pesar del boicot permanente de las fuerzas conservadoras en el Congreso, se propuso también un modelo tributario más justo.
Al cumplirse dos años del golpe de Estado parlamentario, está claro el itinerario de los objetivos y estrategia política de los actores que concretaron la ruptura democrática, como Cartes, y sus aliados de la cúpula del PLRA, principalmente Franco y Llano. Desde el Frente Guasu, lo hemos denunciado y esclarecido desde el inicio. El gobierno de Horacio Cartes es la continuidad del golpe y los que al inicio no descifraron el contenido del “nuevo rumbo” --e incluso abrigaron expectativas de resultados favorables-- ya recibieron sucesivos golpes, como los recibe el conjunto de la sociedad, y así no hacen sino acumular frustraciones.
Con una ley, mal llamada “de responsabilidad fiscal”, se institucionaliza el ajuste de los cinturones al pueblo empobrecido, liberando a su vez a los poderosos grupos económicos para que sigan ganando más dinero y endeudando al Estado, cuando supuestamente buscaban austeridad; a través de una inconstitucional ley de alianza público privada, se sientan las bases para la entrega de recursos estratégicos y patrimonio nacional a intereses extranjeros con la consecuente pérdida de garantías laborales para miles de trabajadoras y trabajadores; con el avance de las fumigaciones ilegales, la total ausencia de voluntad del gobierno para dar solución al problema de las tierras malhabidas y el rechazo a la implementación del impuesto a los granos, se da rienda suelta a la expulsión de miles de compatriotas y a un modelo excluyente de acumulación. Con todo este panorama queda mucho más claro para qué y para quiénes se hizo el golpe de Estado del 2012.
Esos mismos sectores que pactaron hace dos años, enterrando el primer cambio democrático y pacífico de la historia paraguaya, para sostener los privilegios de una minoría corrompida y privilegiada, hoy se vuelven a aliar para controlar y cooptar institucionalmente al Paraguay desarrollando nuevas y perversas prácticas autoritarias que encuentran en la dictadura stronista su más inmediato antecedente.
Ante este sombrío panorama del oligárquico pacto Llano – Cartes, que se remonta a dos años, el pueblo se ha ido uniendo y movilizando, como se evidenció en la última huelga general. El Frente Guasu llama a todos los movimientos sociales, ciudadanos y políticos progresistas a reforzar la resistencia contra el modelo neoliberal y autoritario imperante y a favor de una democracia participativa y de desarrollo nacional incluyente.
Asunción, 20 de junio de 2014
A dos años del pacto político que derrocó un proceso de cambios legítimo en el Paraguay
Pronunciamiento oficial del FG, a dos años del golpe parlamentario de junio de 2012
Este 22 de junio se cumplen dos años de la fatídica conspiración política, que se enmarcó en la masacre de Curuguaty, para concluir con el derrocamiento de un Presidente electo por el pueblo.
Hoy día, nuestra sociedad puede vislumbrar con mayor claridad que aquel golpe de Estado, arropado bajo el manto de una supuesta legalidad, tuvo como principal objetivo la interrupción de un proceso de cambios, a fin de impedir el fortalecimiento de las fuerzas democráticas y de los sectores sociales históricamente marginados. Esto, para restaurar el orden oligárquico que caracteriza a la vieja política, sostenida través de la gestión prebendaria de las cúpulas de los partidos conservadores.
Para los reducidos grupos dominantes de nuestro país es una herejía intolerable que el pueblo organizado se constituya en sujeto de derechos. La participación protagónica de los movimientos populares y ciudadanos en los programas sociales del gobierno para todos y todas, de Fernando Lugo, era considerada un peligro que cuestionaba la hegemonía del proyecto económico injusto y de dominación de la oligarquía, sustentado en la prebenda y la represión.
Durante el gobierno para todos y todas se puso en tela de juicio la legalidad de la tenencia irregular de la tierra por parte de grandes latifundistas vinculados a la dictadura stronista, y que es un recurso estratégico que genera ganancias multimillonarias para corporaciones transnacionales como Monsanto, Cargill y ADM. Los movimientos campesinos denunciaron y enfrentaron la apropiación ilegal de estas millones de hectáreas de tierras malhabidas, exigiendo su recuperación.
El gobierno de Lugo aprobó por primera vez la reglamentación de la ley de frontera, que asegura la tierra en manos de compatriotas en una franja de 50 km. Se conquistaba también un gran avance en materia de soberanía energética, con el histórico acuerdo que triplicó la compensación de Itaipú para Paraguay.
Otro de los principales “pecados” de aquel gobierno legítimo fue la promoción del acceso de los sectores empobrecidos de nuestro país a la salud y la educación gratuita, en una extensión a la que jamás llegó ningún gobierno en el Paraguay.
Si bien no pudo ser desmontado (aún) el Estado oligárquico, para sacar a nuestro país de la lista de países con los peores índices de desarrollo y desigualdad social, se implementaron y ampliaron conquistas mínimas, como el rol que le compete a un Estado social de derecho, de garantizar los derechos para sus habitantes, avanzando con diversos programas sociales como Tekopora, Abrazo, la asistencia a la Tercera Edad y CEPRA, entre otros. A pesar del boicot permanente de las fuerzas conservadoras en el Congreso, se propuso también un modelo tributario más justo.
Al cumplirse dos años del golpe de Estado parlamentario, está claro el itinerario de los objetivos y estrategia política de los actores que concretaron la ruptura democrática, como Cartes, y sus aliados de la cúpula del PLRA, principalmente Franco y Llano. Desde el Frente Guasu, lo hemos denunciado y esclarecido desde el inicio. El gobierno de Horacio Cartes es la continuidad del golpe y los que al inicio no descifraron el contenido del “nuevo rumbo” --e incluso abrigaron expectativas de resultados favorables-- ya recibieron sucesivos golpes, como los recibe el conjunto de la sociedad, y así no hacen sino acumular frustraciones.
Con una ley, mal llamada “de responsabilidad fiscal”, se institucionaliza el ajuste de los cinturones al pueblo empobrecido, liberando a su vez a los poderosos grupos económicos para que sigan ganando más dinero y endeudando al Estado, cuando supuestamente buscaban austeridad; a través de una inconstitucional ley de alianza público privada, se sientan las bases para la entrega de recursos estratégicos y patrimonio nacional a intereses extranjeros con la consecuente pérdida de garantías laborales para miles de trabajadoras y trabajadores; con el avance de las fumigaciones ilegales, la total ausencia de voluntad del gobierno para dar solución al problema de las tierras malhabidas y el rechazo a la implementación del impuesto a los granos, se da rienda suelta a la expulsión de miles de compatriotas y a un modelo excluyente de acumulación. Con todo este panorama queda mucho más claro para qué y para quiénes se hizo el golpe de Estado del 2012.
Esos mismos sectores que pactaron hace dos años, enterrando el primer cambio democrático y pacífico de la historia paraguaya, para sostener los privilegios de una minoría corrompida y privilegiada, hoy se vuelven a aliar para controlar y cooptar institucionalmente al Paraguay desarrollando nuevas y perversas prácticas autoritarias que encuentran en la dictadura stronista su más inmediato antecedente.
Ante este sombrío panorama del oligárquico pacto Llano – Cartes, que se remonta a dos años, el pueblo se ha ido uniendo y movilizando, como se evidenció en la última huelga general. El Frente Guasu llama a todos los movimientos sociales, ciudadanos y políticos progresistas a reforzar la resistencia contra el modelo neoliberal y autoritario imperante y a favor de una democracia participativa y de desarrollo nacional incluyente.
Asunción, 20 de junio de 2014
