CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA*
Según la información facilitada por las autoridades estadounidenses, Megaupload ha sido cerrado por el FBI, en virtud de un presunto delito contra la propiedad intelectual. Se trata del mayor servicio mundial de alojamiento de archivos en Internet, que prestaba servicio a más de 150 millones de usuarios, lo que genera dudas sobre el destino de la información incautada por los agentes policiales, y su incidencia sobre el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos.
De conformidad con la legislación española, solo mediante resolución judicial motivada se puede proceder al registro e incautación de documentación y correspondencia privada, así como a la interceptación de comunicaciones. El Código Penal castiga como autor de un delito de revelación de secretos a quien sin estar autorizado, se apodere de datos reservados de carácter personal registrados en sistemas informáticos.
A la espera de más información contrastada sobre la operación, y en especial la que pueda facilitar la defensa de las personas acusadas, los ciudadanos españoles que tenían cuentas abiertas en Megaupload deberían recopilar el máximo de información sobre los archivos que tuviesen alojados, a efectos de una eventual reclamación.
Los conflictos entre propiedad intelectual y los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos deberían resolverse a favor de estos últimos derechos. El intento por parte del Congreso estadounidense de aprobar la ley SOPA, mediante la cual se puede intervenir sobre servicios de internet en cualquier parte del mundo, ha dado lugar a la mayor movilización de la historia de internet, evidenciado en el cierre protesta de servicios como Wikipedia.
Durante los dos últimos años, en España ha tenido lugar un largo conflicto social y político alrededor de la aprobación de la normativa conocida popularmente como Ley Sinde-Wert, que pretende dotar a la autoridad administrativa de potestades para interrumpir servicios de internet, estableciendo en la práctica una ley de prensa digital que permitiría cerrar páginas web. El riesgo de censura es demasiado alto, pudiendo afectar al derecho fundamental a la libertad de expresión.
Pese a afectar a millones de personas, el cierre de páginas como Megaupload no conseguirá evitar que los ciudadanos continúen compartiendo cultura a través de internet. Antes al contrario, el ataque a una parte de la red supondrá un reforzamiento de su tejido global: los sistemas centralizados como Megaupload darán paso a redes distribuidas de compartición de archivos, cifradas e invulnerables a la intervención gubernamental.
Es necesario un equilibrio entre el derecho de los autores a percibir una remuneración justa por sus obras y el derecho de los ciudadanos al acceso a la cultura en libertad. Las operaciones de propaganda de gobiernos nacionales entorpecerán el diálogo necesario para conseguir ese equilibrio, pero no podrán detener el avance de la tecnología. Una tecnología que en el ámbito de internet es la mayor garantía de libertad.
Megaupload solo era una página. Entre todos, estamos construyendo una inmensa biblioteca.
*Abogado, socio director de Bufet Almeida, Advocats Associats. En jaque perpetuo frente al sistema desde 1987.
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