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IZQUIERDA UNIDA ALERTA QUE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LA UE BUSCA “BENEFICIAR INTERESES COMERCIALES QUE PISOTEAN LOS DERECHOS HUMANOS”El diputado de IU y portavoz en la Comisión de Exteriores, Joan Josep Nuet, se reunió con representantes de asociaciones de Derechos Humanos colombianos cuya portavoz, Pilar Sánchez, reclama al Ejecutivo español “mayor firmeza” para que “no sea testigo mudo de lo que está ocurriendo” y que no atienda sólo a intereses económicos
(Madrid, 24 de mayo 2012).- El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso, Joan Josep Nuet, ha denunciado hoy que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea beneficiará “intereses comerciales que pisotean los Derechos Humanos” en este Estado, al tiempo que incentivará los desplazamientos de campesinos y la ocupación ilegal de tierras.
En una rueda de prensa en el Congreso junto a Pilar Sánchez González, representante de la Comisión Ética Internacional de la Verdad en Colombia, que actuaba también como portavoz de diversas organizaciones de Derechos Humanos con las que Nuet se había reunido previamente, el parlamentario catalán de IU valoró que “votar favorablemente este tratado es, de alguna forma, condenar a los sectores de la población más débiles de Colombia”.
Sánchez González ha denunciado la existencia de más de cinco millones de desplazados y 5,5 millones de hectáreas de tierras que los paralamilitares, en colaboración con empresas multinacionales y apoyados por el Ejército, han sustraído a colectivos de campesinos, indígenas, afrodescendientes y mestizos en los últimos diez años.
El diputado de IU insistió en que el TLC podría afectar los intereses de los agricultores españoles y constituye un “texto laxo” sobre en cuanto a la protección de los Derechos Humanos. “Este tratado está hecho para ganar dinero y no para proteger a las personas”, agregó.
Nuet detalló que desde su grupo parlamentario va a impulsar una serie de iniciativas en el Congreso para “colocar sobre la mesa que en Colombia hay un conflicto político que divide a su sociedad” y que en la agenda bilateral no pueden estar supeditados el respeto de los Derechos Humanos a las relaciones comerciales. “Deben ser una prioridad en las relaciones entre Colombia y España para el Gobierno de España”, dijo.
En su opinión, nuestro país no puede ser un “testigo mudo” del conflicto en Colombia, por lo que insistió en que IU buscará llevar la voz de las organizaciones humanitarias colombianas al Parlamento español, porque “Colombia existe, el conflicto colombiano existe y las Cortes españolas no puede hacer oídos sordos ni ojos ciegos a un conflicto tan importante como éste”.
Joan Josep Nuet adelantó entre las próximas actuaciones parlamentarias solicitar que el Estado español no exporte armas al país sudamericano, debido a que “tenemos constancia de que éstas están siendo utilizadas en el conflicto armado que vive Colombia”. Además, anunció la preparación para octubre de unas jornadas sobre la situación colombiana.
Izquierda Unida ya tiene registrada en el Congreso una pregunta por escrito dirigida al Gobierno a partir del incendio intencionado de un proyecto productivo de diversos cultivos en tierras colombianas, financiado con ayudas al desarrollo del Gobierno de Castilla-La Mancha, tras el cual los paramilitares quisieron hacerse con el control del proyecto.
“¿Qué acciones piensa realizar el Gobierno de España ante el Gobierno colombiano para asegurar que la cooperación internacional sirva a las poblaciones más empobrecidas de Colombia y no a grupos paramilitares para que utilicen a su antojo instalaciones de la cooperación española y extorsionen a las personas que esta misma cooperación ha decidido apoyar?”, preguntó Nuet.
Pilar Sánchez, por su parte, afirmó que, pese a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011, en una visita realizada por la Comisión en febrero pasado constataron el aumento de la presencia paramilitar en las zonas de Curbaradó, Jiguamiandó, Dabeiba y Cacarica, donde amedrentan a la población civil y a los líderes indígenas, encargados de hacer el censo necesario para la restitución de las tierras a los colectivos que las habitaron ancestralmente.
También denunció que las ONG defensoras de Derechos Humanos que acompañan a los afectados están recibiendo amenazas, que hay retenes militares y paramilitares que controlan el paso, y que existen 160 hectáreas de cultivo de coca en este sector.
Sánchez reclamó al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que impida que los paramilitares se adueñen de los territorios, y al Ejecutivo español “mayor firmeza” para que “no sea testigo mudo de lo que está ocurriendo” y que no atienda sólo a intereses económicos.
Lamentó que se estén introduciendo “pobladores de mala fe”, contratados por las multinacionales para enfrentarse con los campesinos e impedirles asentarse.
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