Diversos lugares de Colombia, septiembre 4 de
2012
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
Señor
TIMOLEÓN JIMÉNEZ
Secretariado de las FARC – EP
Señor
NICOLÁS BAUTISTA
Comité Central ELN
La Paz es un proceso que solo se logrará en
una democracia con derechos para todas y todos.
Nos llena de esperanza el haber conocido el
acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y
el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de
ser parte de un proceso. Respaldamos la disposición de las
partes para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que
prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la
discusión con el ELN
Nosotros hemos vivido los efectos de la
guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido
víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al
derecho humanitario, en particular, los crímenes de Estado
y las operaciones empresariales que han beneficiado a
despojadores, operadores extractivistas, ganaderos,
palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en
absoluta impunidad.
Seguimos siendo víctimas de confrontaciones
armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de
montajes judicializaciones con falsos testigos, de
permanentes chantajes, del uso de medios de guerra
proscritos por el derecho internacional, tras de los
cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y
políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces
desconocidos, exigen su cese definitivo. Tomar la decisión
de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el
país incluyente y democrático que por más de 60 años nos
ha sido negado por intereses de poder inconfesables.
Algunos calculan que continuar la guerra para someter a
las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche
militar, calculando una derrota por vía militar o mejor
reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando
se puede dialogar y concertar
Muchas de nuestras situaciones por efectos
del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y
Colombianos por la Paz en su labor por la paz con justicia
que dan fe de estas graves condiciones que general el
conflicto armado. Conocen y han escuchado lo que ha
significado en costos en vidas humanas, en costos
sociales, ambientales y económicos está guerra que va a
cumplir cerca de 50 años.
Igualmente hemos ido construyendo propuestas
frente a la impunidad y la verdad en la Comisión Ética de
la Verdad y otras iniciativas compartidas con el
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Hemos constituido y desarrollado propuestas
técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la
impunidad, de protección ambiental, de producción
económica alimentaria, de protección del agua, de
acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda
saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud
que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas
para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas
acuerdos comerciales democráticos.
Creemos que cualquier proceso de diálogo
hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales
algunos de ellos consignados en los temas de la agenda, y
otros que han quedado excluidos: la definición democrática
del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio
cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la
democratización en la propiedad y acceso a la información,
entre otros.
Somos conscientes, y no por esto pesimistas,
que el país no cambiará por acuerdos políticos en las
conversaciones, será seguramente unos acuerdos que
posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo
democrático en lo político, lo social, lo económico, lo
ambiental. Se requiere mucha generosidad no solamente para
cesar la militarización y propiciar un desarme, una
desmentalización de la lógica de la seguridad nacional que
ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución
judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la
clase política y dirigente y un acuerdo por una
información veraz que no afecte la decisión que apoyamos
todos que la guerra debe terminar.
Será un avance hacia la paz el que se
reconozcan los problemas estructurales que persisten y los
que requieren ejercicios de gobierno transversal,
horizontal, transparente con voluntad de cambio en la
destinación de los recursos del Estado, entre ellos las
regalías, y la aplicación de una política pública que
proteja a la totalidad de las y los colombianos.
Ya hemos visto como una Constitución como la
del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero
también, como en su oposición y desestructuración,
factores de poder han intervenido para limitar e
imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías
y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la
llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos
aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder
interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de
desarrollo de la “prosperidad”.
Proponemos frente a los acuerdos de
aproximación ya conocidos, y frente a lo que
eventualmente se conozca en Oslo que se defina:
1. Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las
fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá
ser de manera expedita y pronta, con verificación de las
propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún
ente internacional.
2. Garantías para nuestra libertad de
expresión. La persistencia
del conflicto armado, las operaciones de tipo paramilitar,
la persecución judicial y de periodistas imposibilitan que
expresemos en libertad o con serias limitaciones nuestro
pensar, nuestras actividades cotidianas laborales. Estas
son razones importantes para que se de un cese al fuego,
se posibilite nuestra participación y podamos creer en
el proceso. Es fundamental el cumplimiento de
aspectos referente a estructuras criminales e igualmente
la necesidad de tener acceso ya a medios de información
públicos y privados.
3. El derecho a la paz es de todas y de todos. El Acuerdo habla de recepción electrónico y
por medios físicos como medio de participación de la
sociedad civil, esa expresión es importante, pero
imprecisa y da a equívocos.
Debemos tener nosotros espacios precisos
donde discutamos nuestras apuestas territoriales, las que
tienen viabilidad técnica y solo se requiere voluntad
política de escucharlas, de discutir y asumirlas en
acuerdos para salidas socio ambientales al conflicto
armado.
Requerimos saber, de qué manera, por
ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección
territorial, de respeto a la riqueza biológica y
ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato
judicial, de no a la minería como definición del uso del
suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es
presentada, discutida y concertada.
Sabemos que se requiere eficacia, pero ya
tenemos la madurez necesaria para que esta se traduzca en
propuestas concretas, viables, verificables
4. Satisfacción básica de algunos derechos
con base en redistribución del PIB. Urge una redefinición del destino de los
recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se
financian por tributación directa e indirecta, una
redistribución del PIB y de los de la cooperación
internacional desde el 2014 y por 10 años, en los que
nuestras propuestas de habitación, de producción, de
Comisión de Verdad, de educación, sean incluidas. Una
redefinición del gasto serán los que propician la
viabilidad de la exclusión con una nueva mentalidad en los
acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las
operaciones extractivas.
Esa paz con justicia será procesal, si existe
voluntad de cambio
5. Mecanismos de Refrendación de los acuerdos
con participación directa Constituyente o Referendo. El gobierno de Colombia y las guerrillas
representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos
y rurales colombianos, pero no necesariamente en las
partes se ven reflejados todas nuestras exigencias,
nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así
existan puntos de coincidencia.
Si se logran acuerdos, insistimos, que no van
a cambiar los factores estructurales, pero si cimentar las
bases procesales a la paz, lo que es nuestro deseo, es
que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos
de participación directa como los arriba propuestos, esto
supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos
de participación política con acceso libre y permanente a
medios de información.
Hay una crisis de representación del poder
legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se
ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el
hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la
capacidad de corrupción en diversas instancias
institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la
solución del conflicto implica su refrendación por otros
mecanismos de representación y de participación.
Es hora de empezar en la reconstrucción del
país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las
víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será
imposible para las próximas generaciones.
La paz es una democracia para todas y todos
con justicia integral en un proceso que debe empezar
pronto, con realismo y eficacia estructural.
- Asociación campesina agroecológica Huerto
Renacer, municipio de Sucre Cauca
- Asociación campesina agroecológica Bien
Andante, municipio de Sucre Cauca
- Asociación de familias víctimas de
desplazamiento forzado del municipio de Argelia Cauca
- Asociación de familias víctimas de
ejecuciones extrajudiciales "Sembradores de Paz" san
Antonio, Inza Cauca
- Escuela de Derechos Humanos Zona de
Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san
Francisco Toribio Cauca
- Resguardo Humanitario Ambiental - Urada
Jiguamiandó - So Bia Drua – Pueblo Embera
- Zona humanitaria El Castillo, Comunidad de
Vida y Paz – CIVIPAZ- Meta
- Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica –
ADISPA – Putumayo
- Consejo Regional del Pueblo Nasa del
Putumayo
- Zonas de Biodiversidad Grupo Porvenir –
Putumayo
- Comunidades de Autodeterminación Vida y
Dignidad – CAVIDA-Chocó
- Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”-
Dabeiba
- Asociación de Zonas Humanitarias y de
Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y
Curvaradó-Chocó
- Asociación de Víctimas de la Violencia de
Riosucio, CLAMORES
- Consejo comunitario de la comunidad negra
del rio Naya - Valle
- Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán
Pueblo Nonaam - Valle
- Asociación agroecológica Esther Cayapú.
ASUAESCA - Trujillo - Valle.
- JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo
Calima-Valle
