La
ONU alerta sobre violaciones a los DDHH indígenas
Desde
Ginebra, Plazademayo.com revela el lapidario informe de la ONU
sobre la situación de los derechos indígenas en el
país.
El Relator Especial de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba
de publicar un informe
revelador de la exclusión social, inseguridad
jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los 2 millones de
indígenas de Argentina, documento que refleja la misión de visita que
realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18
de septiembre 2012 en Ginebra.
Tras
recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias
investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital
Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que
Argentina carece de “un procedimiento para la titulación de tierras
indígenas”. Tampoco dispone de“un programa de relevamiento …
(para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de
restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o
donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos
entre comunidades y propietarios privados”.
La “promoción
de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias” en torno a
tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas,
los “vacíos y perplejidades en cuanto al deslinde de
competencias sobre la explotación y administración de recursos
naturales”, agregado al “avance de la frontera agrícola” y
los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno
trae aparejado, junto al desmonte de “cientos de miles de
hectáreas de bosques” y la propagación o abandono de factorías
mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la
ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas,
reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en
2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.
La
Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los
principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones
indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus
territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o
la ignoran. “No existe ley o política alguna, tanto a nivel
federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta”,
ni procesos que “cumplan con los estándares internacionales”,
deplora Anaya.Subraya que los indígenas “no participan
directamente de los beneficios económicos derivados de esos
proyectos”, y que las instancias gubernamentales, y las empresas,
han llegado a otorgar “personería jurídica a comunidades indígenas
ficticias”, en desconocimiento “de las autoridades
tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y
negociaciones a través de ellas”.
La
gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los
tribunales que han favorecido “los derechos de propiedad privada de
individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de
propiedad indígena”, a veces menospreciando el reconocimiento de
comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia,
siempre en línea con las observaciones de Anaya, “que la mayoría de
los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la
legislación nacional e internacional sobre pueblos
indígenas” (leyes autóctonas de referencia, la Ley 26160 de
2006, y su prórroga, la Ley 26554, y los instrumentos internacionales
vinculantes antes citados).
Esa “vulnerabilidad
frente a los desalojos o los proyectos que los afectan” ha detonado
la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido
criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, “generando
momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de
miembros de pueblos indígenas”, y desencadeando procesamientos
de“muchos individuos indígenas” por “supuestos”
delitos. Anaya critica “un uso desproporcionado de la fuerza por
parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras
miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de
protesta”.
Con
la noble intención de sacar a los indígenas de la marginalización y
ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a
los demás habitantes del mapa nacional, Anaya, un catedrático de
ascendencia indígena, eleva al gobierno que preside Cristina Fernandez
de Kirchner, 34 recomendaciones. Le pide “elaborar” reglas de
consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos
reconocidos, para “obtener su consentimiento libre, previo e
informado” sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras.
Le solicita “investigar las alegaciones de serias
irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos
agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos
procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios”.
Insta a “eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos
indígenas en el acceso a la justicia”, y a
suspender “todos los actos procesales o administrativos de
desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de
relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos
indígenas”. Encomienda “revisar la política penal aplicada
en los últimos años”, y “adoptar medidas para
prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e
intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas”, al
unisono para “funcionarios” y “particulares”. La mejor
salvaguarda preconizada por la ONU es prohibir la criminalizarción de
las luchas sociales, y, en cambio, proporcionar los medios para
organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos
originarios una vía pacífica “para reivindicar los derechos a las
tierras tradicionales” y a no cometer “actos contrarios al
orden público”.
