Rebelión
en Europa contra el neoliberalismo
04 oct 2012
Vicenç
Navarro
Catedrático
de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Según los datos de la Comisión Europea, la actividad
económica en la Eurozona está descendiendo. Durante el periodo Abril-Junio
descendió, como promedio, un 0,2%, y se espera que el informe de Octubre
muestre una contracción incluso mayor de tal actividad. A estos datos debe
añadirse la información proveída por el Banco Central Europeo, que señala que
la actividad financiera también ha disminuido en la Eurozona, sin que se espere
la reactivación de tal actividad en un futuro próximo. Mírese como se mire,
pues, la situación económica y financiera va mal, en realidad, muy mal. Las
cifras de desempleo en la Eurozona han alcanzado niveles sin precedentes, 18
millones de parados con un incremento anual de un millón durante estos años de
crisis.
Es obvio que las políticas de austeridad –que se han
estado promoviendo por la troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Internacional)- no están reavivando la economía de la
Eurozona. En realidad, todos los datos señalan que, al revés, la están
hundiendo. Y a pesar de ello, la troika continúa insistiendo en que la solución
pasa por todavía más austeridad y más recortes. En estos momentos, está
exigiendo en Grecia que se recorten 11.500 millones de euros del presupuesto
nacional. En España también se están exigiendo para 2013 añadir 13.000 millones
de euros de recortes a los que han ocurrido durante cada año de la crisis. En
Francia, con un gobierno socialista, presidido por el Sr. François Hollande,
éste está planeando recortar 30.000 millones de euros de su presupuesto. Y la
lista puede alargarse incluyendo más y más países de la Eurozona. Las políticas
de recortes han sido el eje central de las intervenciones públicas en los países
de la Eurozona.
Además de estos recortes, se están aplicando otras
políticas de claro corte neoliberal, como el retraso de la edad de jubilación,
la reducción de los beneficios sociales y laborales, el descenso del seguro de
desempleo, la reducción de salarios, y una larga lista de intervenciones que
están reduciendo el bienestar social de las clases populares, que constituyen
la mayoría de la población en los países de la Eurozona.
Europa se rebela
Como era de esperar, tales clases populares de estos
países se están rebelando frente a estas políticas, políticas que en su gran
mayoría se están imponiendo a la ciudadanía sin que hubiera un mandato popular
para ello, ya que tales medidas no estaban en el programa electoral de los
partidos gobernantes. De ahí que la legitimidad de tales gobiernos y de las
instituciones que gobiernan la Eurozona y la Unión Europea esté cada vez más
cuestionada. La atracción de Europa, que era generalizada en los países del Sur
de tal continente (la mayoría habían sufrido dictaduras fascistas o
fascistoides durante muchos años), está desapareciendo muy rápidamente. Y la
conveniencia del euro como moneda común también se está cuestionando. Varias
encuestas han aparecido en los mayores medios de información europeos diciendo
que un porcentaje cada año mayor, identifica el establecimiento del euro como
responsable de su pérdida de capacidad adquisitiva.
La rebelión de las clases populares a estas políticas
neoliberales impuestas por el establishment europeo está actualmente generalizada.
En Portugal, acaba de realizarse una huelga general y hay manifestaciones de
protesta día tras día. En Francia, este domingo hubo manifestaciones a lo largo
de su territorio protestando por la propuesta del presidente Hollande de
aprobar el Pacto Fiscal que obligará, en la práctica, a perpetuar las políticas
de austeridad. En Grecia, las protestas laborales y sociales son también el pan
de cada día, alcanzando cada vez más una orientación violenta que puede afectar
la viabilidad de sus instituciones representativas. Un tanto parecido ocurre en
España, donde la represión por parte del Estado, heredero, en parte, de la
dictadura, es especialmente acentuado en contra de las numerosas
manifestaciones que toman lugar a lo largo del territorio español. Y lo mismo
está ocurriendo en Italia, donde los sindicatos están liderando una oposición
cada vez más generalizada contra las imposiciones del gobierno Monti.
La respuesta del establishment que
gobierna la Eurozona
Ni que decir tiene que esta agitación social está
generando respuestas del establishment que gobierna la Eurozona. Una de ellas,
son las medidas tomadas por el BCE de comprar bonos públicos (de corto periodo,
no más de tres años) en el mercado primario, condicionado a que los países
pidan un rescate del European Stability Mechanism (ESM), al cual se le ha
dotado de 500.000 millones de euros para que compre deuda pública (a largo
plazo, de 10 años) en el mercado secundario, sujeto todo ello a unas
condiciones leoninas que implican todavía más recortes. Estas medidas de
recortes y austeridad, forzando una bajada de los salarios, supondrán todavía
un mayor endeudamiento, junto con una mayor austeridad, reforzándose así el
ciclo vicioso entre endeudamiento, austeridad y declive de la actividad económica.
Lo que está pasando en España con el rescate bancario
es un claro ejemplo de ello. Se proveen 100.000 millones de euros, que se
prestan al Estado español (con lo cual el déficit y la deuda pública aumentan),
con la condición de que se reduzca todavía más el gasto público, empeorando
así, incluso más, la situación de la economía española.
¡Hay alternativas a los recortes!
Para cualquier persona que no esté obcecada con el
dogma neoliberal es obvio que la solución a la crisis económica pasa por romper
este círculo vicioso, que se inicia con un endeudamiento que quiere resolverse
a base de políticas de austeridad que determinan un descenso de la actividad
económica y de los ingresos al Estado, lo cual lleva a pedir prestado más
dinero y a endeudarse. Este círculo vicioso es lo que está llevando la Eurozona
al desastre.
Lo que tiene que hacerse es dejar de endeudarse,
renegociando una deuda que ha beneficiado a la banca y a sus accionistas, pero
a nadie más. No se puede avanzar con un sistema financiero que funciona para
tan pocos a costa del sacrificio de tantos. La banca privada ya ha perdido su
función social, que es la de proveer crédito. Si no ofrece crédito, no tiene
lógica su existencia. El tamaño del sector financiero en una economía debe por
lo tanto reducirse sustancialmente mediante toda una serie de medidas, que
incluyen desde una carga impositiva mucho más elevada a la banca (sin afectar
los ahorros del ciudadano normal y corriente), gravando principalmente a los
grandes depósitos, las largas transacciones y las actividades especulativas.
Otras medidas deberían incluir su nacionalización, con pleno intervencionismo
del Estado para garantizar la disponibilidad de crédito razonable y accesible.
No puede permitirse que la banca privada sea el aparato sanguíneo del cuerpo
económico.
Por otra parte, los Estados deben dejar de depender
tanto de los préstamos externos, observación que es especialmente relevante
para los países llamados en la terminología anglosajona PIGS (o GIPSI si se
incluye Italia). Cada uno de estos Estados (cuyos ingresos al Estado son
excesivamente bajos) debe incrementar sustancialmente sus ingresos públicos. Si
España tuviera la carga fiscal de Suecia, el Estado español ingresaría 200.000
millones de euros más al año. En Italia, según el Banco de Italia, la riqueza
existente en el país, altamente concentrada (que podría y debería general
fondos al Estado), representa 8.600.000 millones de euros, que es más de cuatro
veces los 2.000.000 millones de euros de deuda pública que tiene su Estado. Si
tal riqueza concentrada, como sugiere Tom Gill en su artículo “Europe is
Revolting” (CounterPunch, Septiembre de 2012) se la gravara con un 2% de la
riqueza poseída por el 50% más rico de los propietarios, se generarían 100.000
millones de euros más al año para las arcas del Estado.
Un tanto semejante en Portugal, donde el gobierno
propuso recientemente unos recortes de 4.900 millones de euros (que tuvo que
retirar debido a la oposición de la ciudadanía). Los sindicatos portugueses
propusieron como alternativas un aumento del gravamen de un 0,25% en las
transacciones bancarias (consiguiendo así 2.000 millones), de un 10% en las
ganancias en la propiedad de los mayores accionistas del país (consiguiendo
1.700 millones de euros), un incremento del impuesto de sociedades para las
empresas que facturan a partir de 1.2 millones de euros al año (1.200 millones
de euros), y una disminución del fraude fiscal (1.200 millones de euros). Todas
estas medidas afectarían sólo al 1% de la población: los súper ricos. Todas
estas propuestas son altamente populares.
Otras propuestas también altamente populares es la
reducción del gasto en las Fuerzas Armadas. Gran parte de tales fuerzas
militares hacen funciones policiales y de represión interna, caso claro en
España, donde se asigna a tales fuerzas armadas la garantía de “la unidad de
España”, función que expresa el carácter policial y de represión interna
del país, defendiendo en la práctica un centralismo que inhibe la expresión de
la riqueza de España que debería basarse en la expresión de su
plurinacionalidad. Ni que decir tiene que estas propuestas alternativas,
populares a nivel de calle, son inmensamente impopulares en los establishments
que gobiernan a los países de la Eurozona, que están imponiendo políticas opuestas,
altamente impopulares. Hoy existen unas instituciones que no han sido elegidas
por la población, que gobiernan e imponen lo que favorece a sus intereses
particulares, a costa de los intereses generales. Las fuerzas auténticamente
democráticas deberían coordinarse a nivel europeo, incluyendo una huelga
general a nivel de toda la Eurozona para indicar que las clases populares están
diciendo basta ya de esta dictadura financiera que está llevando a todos los
países al desastre.
