Más transparencia es más democracia. El diputado de Izquierda Plural mantiene que Santamaría intenta, desesperadamente, que la ley de transparencia no se le vaya al Gobierno de las manos
JOAN JOSEP NUET I PUJALS 6 MAY 2013
La sociedad española vive tiempos convulsos de cambio en medio de una crisis sistémica de proporciones inimaginables hace apenas unos años. Son especialmente los trabajadores y los sectores populares los más golpeados, con diferencia, por todo tipo de medidas de ajuste, recorte, reestructuración o austeridad, pero también las clases medias observan atónitas como la concentración de la riqueza y de las decisiones se produce en núcleos cada día más reducidos, núcleos oligárquicos donde comparten la información y la gestión de la misma dirigentes políticos y empresariales selectos.
En los últimos decenios, de forma flagrante e indecente, los intereses económicos de esos pocos se impuso a la política, entendida como el más puro valor de preocuparse por organizar lo que es de todos, pensando en el bien común y en el interés general, encumbrando a una forma de entenderla basada en la “puerta giratoria” donde lo público y privado se entremezclan al servicio del lucro y sin demasiados escrúpulos a la hora de priorizar ese aspecto sobre el interés colectivo.
La desafección hacia ese modelo de entender la política estaba servido e incluso hacia la política en general al confundirla como la única opción posible en una sociedad donde la alternativa era continuamente minorada. Los recortes del estado del bienestar, la democracia representativa al servicio de los poderes oligárquicos no democráticos y la crisis del modelo de Estado han acabado de abonar una situación de “crisis política” sobre la que pivota en buena parte la incapacidad de los gobiernos y de las formas de representación clásica de reconducir la situación.
En ese marco llega la iniciativa del Gobierno del PP de desarrollar una Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida era presentada como ejemplo reformista e incluso regeneracionista, para dar respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido como la del gobierno de Navarra y de algunas directivas europeas.
No hay ley que haya sido nombrada tantas veces por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea la desafección, la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía. Este hecho ha contribuido a levantar aún más las expectativas de la ley, que en un principio perseguía objetivos sin duda propagandísticos sumados, siendo sinceros, a la propia modernización en su funcionamiento de la administración pública, revolucionada por el auge del papel de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.
El contexto político del país ha superado con creces al Gobierno e incluso a los propios legisladores, concentrados en este momento en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Del texto inicial que pretendía exceptuar al escrutinio de la ley una serie de espacios públicos o simplemente ya ni los citaba, se ha pasado a un debate en el Congreso, pero también en la calle, sobre la necesaria ampliación de los ámbitos del texto y sus pretensiones. El golpe de efecto del PP se ha convertido para su grupo parlamentario y para el propio Gobierno en un galimatías de difícil solución donde temas como los partidos, la corrupción, la monarquía o la calidad y preeminencia del derecho a saber sobre el derecho a proteger u ocultar, se han convertido en aceradas cuestiones desde la perspectiva conservadora.
La ponencia sobre la Ley se encuentra en este momento en la fase de escuchar a las cerca de cuarenta personas expertas que comparecen en la Comisión Constitucional, y una vez realizado este trámite se pasará a la fase de presentación de enmiendas ya sean parciales o a la totalidad del proyecto. El Gobierno comandado en este caso por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes José Luis Ayllón intentan desesperadamente que la ley no se le vaya al Gobierno de las manos y sin duda las iniciativas de incorporar a partidos políticos y a la Monarquía al texto obedece a esa presión que los casos Bárcenas y Urdangarin ejercen sumados a la presión popular que pide aumentar la calidad de la democracia y el fin de los recortes.
Periodistas, académicos, funcionarios especializados pero también empresarios y sindicalistas ofrecen estos días una riqueza de argumentos que sorprende por su exuberancia, buena muestra todo ello del interés despertado y por el estado de ánimo del país ante el debate de la calidad democrática ya que donde hay “luz y taquígrafos” es más difícil que anide la corrupción y la ciudadanía de hoy y del futuro se niega a ser tratada solo como electores a cuatro años y consumidores y quiere interactuar con su administración y con su democracia.
Un flanco que también colea es el de la capacidad sancionadora del Gobierno Central sobre otras administraciones autonómicas y locales ya que podría vulnerar competencias de auto organización de esos entes, y finalmente el carácter independiente o no del Gobierno de un ente regulador que velaría por la aplicación de la ley ya que en el actual texto dependería directamente del Ministerio de Hacienda.
Hace pocos días afirmaba en un debate en la misma comisión que con su mayoría absoluta el PP no tendría que tener ningún problema en el trámite parlamentario, pero que estaba ocurriendo todo lo contrario, el nerviosismo y la tensión de la calle se notan en cada palmo del Congreso y podemos afirmar que si la Ley de Transparencia finalmente se tramita con un texto que este muy por debajo de las expectativas despertadas, la fuerza política que se responsabilice directamente o apoye ese hecho sufrirá una censura ciudadana que va mucho más allá de una votación o un debate parlamentario. Igual resulta que la ciudadanía a golpe de mercado está aprendiendo a valorar la democracia de forma distinta a como algunos pocos tenían programado y en este país se recupera la política con mayúscula.
Un nuevo fantasma recorre España, se llama democracia y en este caso si lo es y las leyes de transparencia deben ser puente de plata a ese nuevo sujeto.
(*) Joan Josep Nuet i Pujals es Portavoz de Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
Font:
El Bloc de Joan Josep Nuet
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