Notícies del PCC

Aquí teneis mi intervención de hoy en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso donde comparece el Ministro Margallo para informar sobre la situación en Ucrania. Me he basado en distintos análisis y artículos de los que destaco los de Ernest Urtasun, Ángel Ferrero y Alejandro Nadal en un monografico de la revista Sin Permiso del que os acompaño el enlace

NUET

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UCRANIA

Quiero en mi intervención destacar especialmente el origen reciente del conflicto para poder juzgar a partir de ello los acontecimientos que se estan produciendo y delimitar las responsabilidades.

Los acontecimientos en Ucrania, con víctimas civiles, formación de milicias, golpe de estado y anexión rusa de Crimea, muestran a un país más dividido que nunca.

La voluntad de la UE y EEUU de incorporar a Ucrania –una nación con una identidad nacional frágil y en construcción– a su área de influencia con el fin de asegurar la hegemonía occidental ha conducido al país a una tensión que finalmente no ha sido capaz de soportar.

El rechazo del Gobierno ucraniano a la firma del Acuerdo de Asociación con la UE fue el desencadenante de las protestas del llamado Euromaidan en la Plaza de la Independencia de Kiev.

El rechazo al gobierno Yanukóvich incendió la protesta y la represión posterior la realimentó, en lo que hoy conocemos como Maidán

Las protestas tenían como base el temor, especialmente entre las clases medias urbanas, a la integración en la futura Unión Euroasiática (EUA) liderada por Rusia. La indecisión del gobierno sobre uno y otro proyecto de integración contribuyeron a la escalada de tensión.

Las aspiraciones de justicia social se vieron rápidamente enturbiadas por la entrada en juego de la injerencia extranjera, primero, y la infiltración de grupos de extrema derecha, después.

Udar, el partido de Vitali Klitschkó (apoyado por la Fundación Konrad Adenauer de la CDU de Angela Merkel), y Patria, el partido de Timoshenko liderado por Arseni Yatseniuk, vieron en Svoboda, un partido neofascista, un ariete con el que derribar al Gobierno, empleando el elevado grado de organización y la experiencia de sus militantes en protestas violentas.

Finalmente se perpetró un golpe de Estado por parte de milicias organizadas que tomaron el poder conculcando los preceptos constitucionales, los mismos que se citan para criticar la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Europa no puede cerrar los ojos antes la persecución a la que están siendo sometidas hoy las minorías y las comunidades judías por parte de paramilitares de extrema derecha que actúan con total impunidad. Pero, en lugar de condenarlas, los dirigentes europeos han legitimado a estas fuerzas. ¿Cómo juzgar la fotografía del ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, sentado en la misma mesa que Oleh Tiagnibok, el líder de Svoboda?

La UE ve en Ucrania un país de tránsito de gas y petróleo procedente de Rusia y el mar Caspio, grandes superficies de tierra cultivable y una enorme bolsa de mano de obra cualificada y barata. A ello se suma la sumisión de la política de vecindad de la UE hacia el Este a los intereses de la OTAN. No debemos olvidar que Ucrania es un capítulo más de la ampliación de la Alianza atlántica, iniciada tras la caída del Muro y después de que EEUU rompiera la promesa realizada a Gorbachov de que la OTAN no pisaría sus fronteras.

La OTAN no sólo no desapareció, sino que cultivó sus ambiciones estratégicas en lo que había sido el espacio soviético durante la guerra fría. Esa expansión se inició con Clinton y prosiguió con Bush.

En 1999 Polonia, Hungría y la República checa ingresaron a la OTAN, en medio de un feroz debate y la oposición de Rusia. En 2004 tocó el turno a las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), además de Eslovenia, Bulgaria y Rumania

En 2008 George W. Bush propuso planes para que Georgia y Ucrania se convirtieran en miembros de la OTAN. Por eso el comunicado del encuentro de la OTAN en abril de ese año señala que Georgia y Ucrania serán miembros de la OTAN, aunque sin especificar la fecha. El conflicto entre Rusia y Georgia de 2008 alertó a los europeos sobre el riesgo de seguir por esta vía y eso frenó los planes para acelerar los pasos de acceso de Ucrania a la OTAN. La consecuencia de todo este proceso ha sido la de afianzar las opciones nacionalistas rusas al comprobar que Washington y sus aliados no habían abandonado sus prioridades de la guerra fría y su estrategia seguía siendo rodear Rusia por todos sus flancos.

Ante la presión de la política del Gobierno ruso hacia la inmediata vecindad rusa para reconstruir el antiguo espacio de influencia soviético, el papel de la UE no es forzar a cualquier precio a que Ucrania salga de su órbita para integrarse en la europea. El papel de la UE debería haber sido el de apoyar un proceso democrático de unidad nacional para que el país mantuviera la cohesión y las urnas permitieran un gran acuerdo nacional sobre su futuro encaje. Una futura perspectiva de aproximación a la UE sólo puede ser decidida libremente por los ciudadanos ucranianos, no forzada y al precio de desestabilizar el país.

La vecindad europea hacia el Este no puede construirse a partir de los intereses geoestratégicos de Alemania ni a partir de la construcción de un Hinterland de seguridad. Europa debe fomentar una vecindad pacífica, democrática y respetuosa con los derechos humanos, todo lo contrario a lo acontecido en Kiev.

El espacio geográfico entre la UE y Rusia no puede convertirse en un campo abierto al enfrentamiento. Los pueblos que lo habitan no lo merecen.

Europa debe ser proactiva en la defensa de la democracia y los derechos en el Este. A ello ayudaría, por ejemplo, una política de movilidad y de visados más favorable a los intercambios, otra política comercial que no vincule los acuerdos con la UE a los temibles planes de estabilización del FMI. Y, desde luego, apoyando a la sociedad civil democrática, no a cualquier organización política que convenga por el simple hecho de servir a los propios intereses.

El Parlamento ucraniano aprobó en cuestión de horas una batería de leyes, entre las cuales la eliminación de la cooficialidad del ruso, y se ha propuesto la prohibición del Partido Comunista.

Hay que poner fin a las injerencias y exigir que se detenga la escalada de violencia. Hay que proceder al desarme de las partes e iniciar un diálogo democrático que permita a través de una nueva constitución un sistema de partidos representativo de la pluriculturalidad y plurilingüismo ucraniano así como un sistema territorial federal que permita la autonomía y el autogobierno de las distintas regiones que integran el país.

Ucrania tiene que ser una nación soberana. Corresponde a los ucranianos y a nadie más decidir su futuro, libres de presiones. De todas las organizaciones multilaterales, la OSCE parece a día de hoy la más indicada para garantizar la supervisión de un diálogo entre todas las partes implicadas que permita una salida democrática en la que sean los ciudadanos de Ucrania quienes decidan su propio futuro. En Ucrania termina Europa y empieza Rusia. El país lo tenía todo para convertirse en el terreno para el necesario reencuentro entre ambos mundos. Forzando su elección entre una u otra, sólo se la empuja al abismo.

Es necesario un alto el fuego en la región, la creación de pasillos humanitarios y la atención a la población civil desplazada, especialmente en las regiones del este de Ucrania.

Hay que permitir una investigación objetiva del derribo del avión de Malasian Airlines abatido el pasado 17 de julio, identificar y juzgar a los responsables de la tragedia.

Las sanciones de EEUU y la UE a Rusia no son la solución, mantienen la tensión y reproducen los esquemas de “guerra fría” e intento de aislamiento de Rusia que antes hemos criticado. Las sanciones repercutirán no solo sobre la economía rusa sino también sobre la economía europea, profundamente interconectada con la rusa.

Consejo de Derechos Humanos

21º período extraordinario de sesiones

23 de julio de 2014

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos

S-21/1

Garantía del respeto del derecho internacional en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, y las resoluciones 5/1 y 5/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007,

Reafirmando el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y la inadmisibilidad de la adquisición de territorio mediante el uso de la fuerza, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas,

Afirmando la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 , al Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental,

Reafirmando que todas las Altas Partes Contratantes en el Cuarto Convenio de Ginebra1 tienen la obligación de respetar y hacer respetar las obligaciones dimanantes del mencionado Convenio en lo que respecta al Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y reafirmando también sus obligaciones con arreglo a los artículos 146, 147 y 148 sobre sanciones penales, infracciones graves y las responsabilidades de las Altas Partes Contratantes,

Gravemente preocupado por que no se hayan aplicado las recomendaciones contenidas en el informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto en Gaza de 2009 , y convencido de que la no rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional consolida una cultura de impunidad, que se traduce a su vez en la repetición de las violaciones y pone en serio peligro el mantenimiento de la paz internacional,

Observando que el 9 de julio de 2014 se cumplió el décimo aniversario de la aprobación de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado y que no se han logrado avances en lo relativo a su aplicación, y afirmando la urgente necesidad de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos a este respecto,

Firmemente convencido de que la justicia y el respeto del estado de derecho constituyen las bases ineludibles de la paz, y subrayando que la impunidad prolongada y estructural imperante en relación con las violaciones del derecho internacional ha creado una crisis de justicia en el Territorio Palestino Ocupado que impone la adopción de medidas, en particular la exigencia de responsabilidades por crímenes internacionales,

Observando que Israel, sistemáticamente, no ha llevado a cabo investigaciones genuinas de forma imparcial, independiente, inmediata y efectiva, como exige el derecho internacional, sobre la violencia y los delitos cometidos por las fuerzas ocupantes y los colonos contra los palestinos, y tampoco ha establecido responsabilidades judiciales por sus acciones militares en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental,

Subrayando las obligaciones de Israel, en su condición de Potencia ocupante, de garantizar el bienestar y la integridad de la población civil palestina que vive bajo ocupación israelí en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y en la Franja de Gaza, y observando la deliberada dejación de sus obligaciones a este respecto por parte de Israel y su negativa a asumirlas,

Observando que los ataques deliberados contra civiles y otras personas protegidas y la comisión de vulneraciones sistemáticas, flagrantes y generalizadas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos aplicables en situaciones de conflicto armado constituyen graves violaciones, así como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales,

Deplorando las operaciones israelíes a gran escala llevadas a cabo en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014, que se han acompañado de ataques desproporcionados e indiscriminados y traducido en graves violaciones de los derechos humanos de la población civil palestina, en particular debido al reciente ataque militar israelí contra la Franja de Gaza ocupada, la última de una serie de agresiones militares de Israel, y a medidas como el bloqueo en masa, los arrestos multitudinarios y los asesinatos de civiles en la Ribera Occidental ocupada,

Expresando profunda preocupación por la gravísima situación humanitaria en la Franja de Gaza, y en especial por el desplazamiento forzoso de decenas de miles de civiles palestinos y por la crisis de acceso a un suministro adecuado y suficiente de agua y de servicios de saneamiento, que afecta a casi 1 millón de personas, así como por los daños ingentes causados a la infraestructura eléctrica, que han hecho que un 80% de la población tenga acceso a corriente eléctrica durante solo cuatro horas al día, y subrayando la importancia de hacer llegar asistencia humanitaria de emergencia a esos civiles y a otras víctimas,

Acogiendo favorablemente la formación, el 2 de julio de 2014, del Gobierno de consenso nacional palestino, por ser un paso importante hacia la reconciliación palestina, que es fundamental para el logro de una solución que incluya la creación de dos Estados y se base en las fronteras anteriores a 1967 y una paz duradera, y recalcando una vez más que la situación en la Franja de Gaza ocupada es insostenible en tanto permanezca separada geográfica, política y económicamente de la Ribera Occidental,

1. Condena enérgicamente el hecho de que Israel, la Potencia ocupante, no haya puesto fin a su prolongada ocupación del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión,

2. Condena en los términos más enérgicos las violaciones generalizadas, sistemáticas y graves de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos internacionalmente, ocasionadas por las operaciones militares israelíes llevadas a cabo en el Territorio Palestino Ocupado desde el 13 de junio de 2014, especialmente la última agresión militar israelí contra la Franja de Gaza ocupada, efectuada por tierra, mar y aire, que ha incluido ataques desproporcionados e indiscriminados, como el bombardeo aéreo de zonas civiles, ataques contra personas y bienes civiles como medio de castigo colectivo, en grave quebranto del derecho internacional, y otras acciones, en particular ataques contra personal médico y humanitario, que pueden constituir crímenes internacionales y que han ocasionado directamente la muerte de más de 650 palestinos, la mayoría de ellos civiles, entre los que hay más de 170 niños, así como heridas a más de 4.000 personas y la destrucción gratuita de hogares, infraestructuras esenciales y bienes públicos;

3. Condena toda violencia ejercida contra civiles, donde quiera que se cometa, incluyendo la muerte de dos civiles israelíes por lanzamientos de cohetes, e insta a todas las partes concernidas a respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;

4. Hace un llamamiento en favor del cese inmediato de los ataques militares israelíes en todo el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y también de los ataques contra todos los civiles, incluyendo los civiles israelíes;

5. Acoge favorablemente la iniciativa de Egipto, apoyada por la Liga de los Estados Árabes, y exhorta a todos los actores regionales e internacionales a que apoyen esta iniciativa con miras a lograr un alto el fuego general;

6. Exige que Israel, la Potencia ocupante, ponga fin de forma inmediata y total a su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza ocupada, que constituye en sí mismo un castigo colectivo a la población civil palestina, entre otras cosas mediante la apertura inmediata, continuada e incondicional de los puntos de cruce para la entrada de ayuda humanitaria, bienes comerciales y personas a la Franja de Gaza y su salida de ella, en cumplimiento de las obligaciones que incumben a Israel con arreglo al derecho internacional humanitario;

7. Exhorta a la comunidad internacional, en particular a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, así como a las organizaciones regionales e interregionales, a que proporcionen al pueblo palestino en la Franja de Gaza la asistencia y los servicios humanitarios que se necesitan urgentemente, entre otras cosas apoyando el llamamiento de emergencia lanzado el 17 de julio de 2014 por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente;

8. Expresa su grave preocupación por el aumento de los incidentes de violencia, destrucción, hostigamiento, provocación e instigación protagonizados por colonos israelíes extremistas transferidos ilegalmente al Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y dirigidos contra civiles palestinos, entre ellos niños, y sus bienes, y condena en los términos más enérgicos los resultantes delitos motivados por prejuicios;

9. Expresa su profunda preocupación por la situación y condición de los presos y detenidos palestinos en cárceles y centros de detención israelíes, en particular tras el arresto por Israel de más de 1.000 palestinos desde el 13 de junio de 2014, y exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que ponga inmediatamente en libertad a todos los presos palestinos cuya detención no sea acorde con el derecho internacional, en particular a la totalidad de los niños y a todos los miembros del Consejo Legislativo Palestino;

10. Subraya la importancia de garantizar la protección de todos los civiles, destaca el hecho de que Israel sigue sin proteger a la población civil palestina que vive bajo su ocupación, tal como exige el derecho internacional, y, a este respecto, hace un llamamiento para que se otorgue protección internacional inmediata del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos;

11. Recomienda que el Gobierno de Suiza, en su condición de depositario del Cuarto Convenio de Ginebra1, vuelva a convocar de inmediato la Conferencia de las Altas Partes Contratantes en el Convenio sobre medidas para hacer aplicar el Convenio en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y para garantizar su observancia de conformidad con el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra , teniendo en cuenta la declaración aprobada por la Conferencia de las Altas Partes Contratantes el 15 de julio de 1999, y la Declaración aprobada por la Conferencia el 5 de diciembre de 2001;

12. Solicita a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales pertinentes que busquen y recopilen urgentemente información sobre todas las violaciones de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con sus respectivos mandatos, y que incluyan sus observaciones en sus informes anuales al Consejo de Derechos Humanos;

13. Decide enviar urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, especialmente en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014, tanto antes como durante o después de estas, a fin de establecer los hechos y circunstancias de dichas violaciones y de los crímenes cometidos e identificar a los responsables, formulando recomendaciones, tanto sobre medidas en materia de rendición de cuentas, con vistas a evitar y erradicar la impunidad, garantizando así la exigencia de responsabilidades a los autores, como sobre medios y formas de proteger a los civiles frente a nuevos ataques, y decide también que dicha comisión informe al Consejo en su 28º período de sesiones;

14. Pide que, según proceda, otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas cooperen con la comisión de investigación en el cumplimiento de su misión, y solicita la asistencia del Secretario General y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a este respecto, en particular en lo relativo a la provisión de toda la asistencia administrativa, técnica y logística necesaria para permitir a la comisión de investigación y a los titulares de mandatos de procedimientos especiales cumplir con sus cometidos de forma inmediata y eficiente;

15. Pide también a la Alta Comisionada que informe al Consejo de Derechos Humanos, en su 27º período de sesiones, sobre la aplicación de la presente resolución, en particular sobre las medidas adoptadas para garantizar la exigencia de responsabilidades por las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental;

16. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

[Aprobada en votación registrada por 29 votos contra 1 y 17 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor:

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, China, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, Kazajstán, Kenya, Kuwait, Maldivas, Marruecos, México, Namibia, Pakistán, Perú, Sierra Leona, Sudáfrica, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam.

Votos en contra:

Estados Unidos de América.

Abstenciones:

Alemania, Austria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Francia, Gabón, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania.]

FOTOS del Congrés d’Unitat Comunista de la Joventut Comunista de Catalunya JCC

Etiquetes de comentaris: EUiA, Joan Mena

Fotos del 13è Congrés del PCC

Ruptura Democràtica

Unitat Comunista

El 9 de Julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia CIJ, máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, emitió una opinión consultiva sobre la consecuencias jurídicas de la construcción de un muro por el Estado de Israel en Territorio Palestino ocupado TPo.

La CIJ concluyó que la construcción del muro dentro del TPo, incluyendo Jerusalén Éste y sus alrededores viola el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, y las obligaciones del Estado de Israel en el marco del derecho internacional como fuerza ocupante. Así mismo recomendó al Estado de Israel el cese de la construcción del muro y el desmantelamiento de lo ya construido.

La Corte también establece la obligatoriedad de los Estados miembros a reconocer la situación de ilegalidad creada por la construcción del muro y a garantizar el cumplimiento del derecho internacional por parte del Estado de Israel:

Cita…. “cualquier Estado” que sea Alta Parte Contratante de los Convenios de Ginebra “tiene la obligación de asegurar que se cumplan las exigencias de los instrumentos en cuestión” y que “la ONU, y especialmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, deben estudiar qué otras medidas son necesarias para poner fin a la situación ilegal que se produce como consecuencia de la construcción del muro [...]”.

El 9 de Julio de 2014 se cumplen 10 años de la Opinión Consultiva de la CIJ y al contrario de las recomendaciones de la Corte, la vulneración de los derechos humanos del pueblo Palestino se agrava. El muro continúa obstruyendo el libre movimiento de los y las Palestinas, restringiendo el acceso a los servicios básicos fundamentales; Divide y segrega el territorio, las comunidades y a las familias; Impacta severamente en su desarrollo y acceso a medios de vida, destruyendo bienes de residencia y tierras de labranza de miles de Palestinos en beneficio de asentamientos israelíes ilegales; Y, expone la seguridad de la integridad física de niñas y niños, mujeres y hombres dentro del Territorio ocupado.

El muro del Apartheid y sus consecuencias repercuten en todos los aspectos en las dinámicas de las vidas de palestinos y palestinas. Se estima que 2.3 millones de personas, el 52 % de la población total dentro del Territorio Palestino ocupado se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria. Esto representa un coste superior a los 400 millones de Euros anuales para la comunidad internacional y países donantes.

Los parlamentarios, alcaldes, líderes políticos y sociales y representantes de la sociedad civil que suscriben el presente escrito hacen un llamado al gobierno del Estado Español, a la Unión Europea y sus Estados miembros a:

 Reconocer y aceptar que la existencia y expansión del Muro del Apartheid en el Territorio Palestino Ocupado y sus consecuencias sobre la población Palestina, es un obstáculo clave para el logro de la Paz justa y sostenible entre Palestinos e Israelís.

 10 años después, en consonancia con la opinión consultiva de la CIJ, demandamos que se tomen medidas bilaterales y multilaterales, para asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Israel y el Territorio Palestino Ocupado.

 Actuar en coherencia con las responsabilidades internacionales adquiridas como partes contratantes de los Convenios de Ginebra, en la que se establece la obligatoriedad de los Terceros Estados al cumplimiento correspondiente de los tratados.

 Exigir la garantía y el respeto de los DDHH, del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario Internacional, como principales socios del Estado del Israel.

 Exigir el cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal Penal Internacional

De la misma manera, y en coherencia con el estricto apego al cumplimiento del Derecho, el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de todos los seres humanos del planeta, independientemente de su ubicación geográfica, exigimos al Gobierno del Estado de Israel:

 Reconocer y aceptar que la existencia y expansión del Muro del Apartheid en el Territorio Palestino Ocupado y sus consecuencias sobre la población Palestina, es un obstáculo clave para el logro de la Paz justa y sostenible entre Palestinos e Israelís.

 Acatar las recomendaciones de la CIJ, detener la construcción del Muro del Apartheid y desmantelar lo ya construido.

 Reparar los daños causados y reparar a las víctimas por la construcción y permanencia del Muro del Apartheid dentro del Territorio Palestino ocupado.

 Cumplir con sus obligaciones legales de acuerdo a la Cuarta Convención de Ginebra.

 Encontrar vías políticas, legales con enfoque de derechos humanos, para poner fin a la ocupación ilegal sobre el Territorio Palestino ocupado y guiar a su pueblo a la creación de una Paz justa y sostenible.

En Madrid a 8 de Julio de 2014

Debat de la Fundació Nous Horitzons a l’Escola d’estiu d’ICV

Propostes econòmiques concretes

Per a una sortida d’esquerres de la crisi


Mataró 5 de Juliol de 2014

Joan Josep Nuet

Als anys 70, després de la crisi del petroli s’inicia un reequilibri de les forces que havien consolidat el període posterior a la 2na Guerra Mundial, caracteritzat per un repartiment (no equitatiu, però repartiment real) de la riquesa produïda

Aquest nou reequilibri, presidit per les apostes neoliberals va produir una tendència creixent de derrota de les forces del Treball i de Progres, i amb un acumulació sense precedents per part d’una minoria oligàrquica de la burgesia que va acumular gran poder econòmic primer, però de forma immediata polític i de tota mena.

Paul Krugman ha anomenat a aquest fenomen “la gran divergència”, el procés pel qual es va produir un enriquiment considerable de l’1 per cent dels mes rics i un empobriment de tots els altres.

La crisi del 2008 només pot ser entesa com a conseqüències del domini absolut d’aquesta oligarquia financera i la seva capacitat d’incidir en la política i la comunicació per doblegar a la seva voluntat les decisions governatives dels Estats i dels organismes Internacionals. La Progressiva desregulació dels mercats financers i la separació creixent entre la producció real i els fluxos de capital convertits a si mateixos en mercaderia, expliquen l’espiral sense límit dels productes financers tòxics i la seva perversa lògica de lucre sense mesura.

El resum de tot plegat té a veure amb la Democràcia, com mecanisme de control, planificació i proposta per organitzar allò que es de tots i totes, allò públic, que com molt bé afirmava en un article recent Joan Subirats (La democràcia com a “nou” contracte polític i social):

“Capitalisme i democràcia no han estat mai termes que convisquessin amb facilitat. la força igualitària de la democràcia ha casat mes bé malament amb un sistema econòmic que considera la desigualtat com una cosa natural, i amb la que s’ha de conviure, ja que qualsevol esforç en sentit contrari serà vist com distorsionador de les condicions òptimes del mercat. Democràcia i mercat no son incompatibles, però conviuen en tensió. Des de la democràcia allò important es compartir, des de el mercat la clau es competir.”

Es per això que la Democràcia es converteix en el pol, en el vèrtex de resposta a la triple crisi que ens ocupa, la crisi econòmica i social, la crisi política i la crisi, aquí, de model d’Estat. La resposta als tres reptes es MÉS democràcia, i sense MÉS democràcia cap dels tres reptes té solució satisfactòria per les classes populars.

Algunes propostes econòmiques per recordar:

1. Combatre l’estratègia de consolidació fiscal. L’estratègia de consolidació fiscal en forma de severs ajustos pressupostaris, per la seva intensitat i plaços, es contraproduent en termes de demanda agregada i ens ha conduint a un estancament econòmic, clarament inestable. Allò sensat en el marc d’aquesta crisi es mantindre l’estímul de la demanda pública i privada fins que l’economia retorni clarament a la senda de la recuperació, i assegurar la sostenibilitat de les nostres finances públiques amb una lluita decidida contra el frau fiscal i amb una reforma fiscal en profunditat.

2. Auditoria pública i ciutadana del Deute Públic. S’entén deute il•legítim com aquell, d’acord amb el Dret internacional, contret per l’Estat, la finalitat del qual es fer front a necessitats de tercers privats (com els bancs) sense relació directa amb l’activitat pública normal de l’Estat. Cal incorporar l’aval de l’Estat a operacions vinculades al deute privat com en el nostre cas el Rescat Bancari. El 2014 el servei del deute q compromet els pressupostos de l’Estat arriba a 36.500 milions d€.

3. Reforma Fiscal Progressiva i Lluita contra el Frau Fiscal. El 72% del Frau Fiscal el reañitzen les grans empreses i fortunes. Del frau descobert, hisenda cobra només 1 de cada 6 €.

Cal una RF basada en:

- progresivitat dels trams de IRPF

- equiparació fiscal entre rendes del treball i del capital

- Reforma IVA vinculat a IVA reduit x productes bàsics

- Limitar bonificacions i deduccions fiscals

- Impost sobre el Luxe

- Impost sobre transaccions financeres

- Impost sobre la riquesa que superi a l’impost sobre Patrimoni

- Modificació règim de les SICAV i entitats similars

4. La Reforma Fiscal del PP, un engany electoral per beneficiar als rics. També per donar força electoral a un PP en decliu

5. Fiscalitat verda

6. Federalisme Fiscal

Que pagui mes aquell q mes té i aquell que mes guanya

Tenim clarament un problema d’ingressos i no de despeses. La crisi, la desfiscalització dels Governs del PSOE i del PP, amb la col•laboració i suport actiu de CiU, el frau i l’economia submergida son la base del problema. Ara hem d’afegir la substitució de deute privat per despesa pública, i per tant, per dèficit i deute públic.

Les polítiques d’austeritat Pressupostària representen la destrucció de les conquestes de l’Estat del benestar i la creació de condicions per la privatització dels serveis públics. Es tracta de convertir en mercaderies bens que fins ara no ho eren plenament (només en un àmbit reduït) Amb això es recupera la taxa de guany en sectors poc madurs i on ja amb una visió estratègica han començat a operar i posicionar-se les grans empreses multinacionals (Acciona, Ferrovial, OHL, etc.) Llei de Dependència, gestió d’hospitals i d’altres serveis públics de salut, aigua, residus, transport fins ara públic, etc., ben acompanyats de fons de capital risc estrangers.