Notícies del PCC

Intervención de Izquierda Plural en el Congreso sobre la Moción de UPyD sobre el “Derecho a Decidir”

El grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ya hemos votado en 4 ocasiones en el Congreso es esta legislatura a favor del Derecho a Decidir y hoy volveremos a ser consecuentes con ello.

Señores y señoras de UPyD no se puede calificar de “falacia” a un derecho democrático ya que se empieza llamando a la democracia falacia y se acaba pensando que la propia democracia sobra

La Constitución Española después de 35 años de historia requiere a nuestro entender una reforma de aspectos esenciales.

Hoy hay aspectos constitucionales plenamente garantizados como el derecho a la Propiedad Privada. Intenten ustedes atentar contra ese derecho y verán lo que les pasa, todos los aparatos del Estado caerán sobre ustedes con todo el peso de la ley

Otros en cambio como el Derecho al Trabajo o el Derecho a la Vivienda están enunciados pero no garantizados en absoluto, al contrario se encuentran en plena involución. Igual ocurre con la jefatura del Estado, nunca se pudo elegir entre Monarquía o República.

Hemos asistido a Reformas Constitucionales Express, bajo el dictado del FMI, el BCE y la Comisión Europea, como la del Artículo 135 que despliega las políticas de recortes y austeridad o los acuerdos reiterados de Gobiernos de distinto signo aprobando rebajas de impuestos a las grandes fortunas y capitales que han desfiscalizado y empequeñecido al Estado Español reduciéndolo a extremos irreconocibles que no garantizan hoy el “Estado Social” al que se refiere el Artículo 1.1 de la Constitución.

Sin hablar de la corrupción en algunos partidos políticos, que ha hecho saltar por los aires el precepto constitucional de estar en un “Estado de derecho” del que también habla la Constitución. Pocos Grupos de esta cámara han denunciado la inconstitucionalidad de estas terribles políticas de recortes y corrupción, nosotros si

El Grupo de la Izquierda Plural defiende el Derecho de Autodeterminación tal como lo proclama la Carta de Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que España ha suscrito y por ello tiene la obligación de cumplir y trasponer a su ordenamiento jurídico.

Siempre hemos defendido la necesidad de que Estado Social, República, Plena Democracia y Transparéncia, Estado Federal Plurinacional y Derecho de Autodeterminación estén presentes en el texto constitucional

Es una realidad que más del 80% de la ciudadanía de Catalunya aboga por el ejercicio del derecho a decidir. No se equivoque Sra. Diez, el Derecho a decidir no es propiedad de los nacionalistas sino de TODOS los demócratas, y por ello no nacionalistas y no independentistas como nosotros lo defendemos, por respeto democrático.

La respuesta del conjunto del Estado Español debe ser la del DIALOGO, ACUERDO, DEMOCRACIA, en lugar de pensar en una visión constitucional estrecha que habla de la coerción como garantía de la unidad. Qué van a hacer ustedes Sra. Diez ante la voluntad de Decidir de todo un pueblo, ENVIAR AL EJERCITO ESPAÑOL. Constitucionalmente podría hacerse pero le aseguro que sería una verdadera SALVAJADA CONSTITUCIONAL, muy constitucional pero una salvajada.

Solo las reformas pueden garantizar un nuevo horizonte común basado en la unión libre de los distintos pueblos que componen este proyecto común por el que vale la pena sumar llamado España.

Por todo ello vamos a votar en contra de la Moción de UPyD

NUET PIDE AL MINISTRO DE EXTERIORES QUE EN RELACIÓN A LA GUERRA DE SIRIA “SU GOBIERNO HAGA DE PUENTE EN LA REGIÓN Y NO DE ‘RUEDECILLA’ DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE EE.UU Y DE SUS ALIADOS”

Intervención del diputado de IU-EUiA y portavoz parlamentario de Exteriores del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA, Joan Josep Nuet, en la comparecencia de José Manuel García Margallo para informar sobre la situación en Siria (22 de octubre)

Gracias, señor ministro, por su comparecencia y me apunto a la idea de que un poquito antes hubiese sido mejor porque el conflicto estaba en una situación más dramática que la situación actual. Le hemos pedido comparecencia para analizar la Cumbre de Panamá y le pediría que esto no ocurriera dentro de seis meses porque entonces la Cumbre de Panamá ya será historia profunda y en cambio ahora es radiante actualidad política.

Señor ministro, voy a hacer una intervención bien distinta a la suya. La experiencia es importante y ya ‘llueve sobre mojado’, señor ministro. Irak, Afganistán, Libia y ahora Siria, países distintos pero problemas y modus operandi muy parecidos. Fuimos a estos países, señor ministro, a ‘llevar la democracia’ y a combatir el terrorismo, pero lo que verdaderamente ha ocurrido es que hemos llevado la muerte, la desolación, Estados fallidos y más, muchísimo más terrorismo. Ese es el análisis que nosotros hacemos de una determinada línea de intervención en política exterior.

Si estos conflictos -Irak, Afganistán, Libia y Siria- tienen algo en común son tres cosas -usted las ha manifestado, pero al revés-: unilateralismo, también en Siria; sin consenso en Europa, con posiciones en el marco de la Unión Europea distintas, contradictorias; y, en tercer lugar, siempre la solución militar ha enterrado la solución política. Primero, señor ministro, han disparado y luego han preguntado. Ese ha sido el modus operandi de estas operaciones también en Siria.

En Siria, es verdad, China y Rusia en el Consejo de Seguridad impidieron una nueva intervención militar y la presencia militar rusa impidió una nueva intervención militar de Estados Unidos. Parece como si tuviésemos que volver atrás, a la guerra fría, para que un conflicto no se produzca, porque la posición unilateral realmente lo que ha hecho es eso, tener el gatillo fácil, señor ministro.

La política de Estados Unidos en Oriente Próximo ha comportado desde hace mucho tiempo -en la guerra de Afganistán podríamos recordar la financiación de los primeros grupos de Al Qaeda por parte de la CIA- la financiación de grupos salafistas, directa o indirectamente; a través de Arabia Saudí, a través de Pakistán o a través de las distintas monarquías-dictaduras del Golfo que directamente han entrenado y facilitado la creación de estos grupos. ¿Con qué objetivos? Reforzar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de Israel y, por supuesto, los intereses energéticos, en Siria sobre todo después de la aparición de importantes bolsas de gas frente a las costas de este país. Guerras civiles, desmembramiento de países.

Ha estado sobre la mesa de nuevo la partición del Estado sirio en diversas repúblicas e incluso en este momento usted sabe que la negociación sobre el futuro Estado palestino tiene una hoja de ruta en ese sentido, pero también asegurar, por supuesto, la supremacía de Israel, un dato del cual se ha olvidado; se lo recuerdo: Israel es un país no firmante el Tratado de no proliferación de armas químicas. Estaría bien que su ministerio y el Gobierno español se pronunciasen para que en la región Israel firmase ese tratado de no proliferación de armas químicas, porque usted estará de acuerdo conmigo: un arma química en manos del Gobierno sirio es tan mala como un arma química en manos del Gobierno de Israel. No me dirá usted que en función de quién la maneja el arma química se puede convertir en algo comprensible, señor ministro. Por tanto, esa es una realidad, y por supuesto, una potencia nuclear en la región; dejo eso ahí.

Un ejemplo. Últimamente se ha producido el nombramiento de Bandar bin Sultan, nuevo ministro de Defensa y hombre fuerte de la política de Arabia Saudita en la región y hombre clave en este momento en el funcionamiento de la oposición siria y también de una parte de las fuerzas políticas en Líbano; ahí hay que buscar.

Los servicios secretos, señor ministro, son quienes ponen y quitan los líderes de la oposición siria, los servicios secretos de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de Francia y de Inglaterra. Esa es la realidad de esa oposición, montada por los servicios secretos y absolutamente colonizada por multitud, miles de grupos terroristas diversos; por supuesto, los principales los que usted ha señalado su intervención.

He de decirle también que la apuesta de Estados Unidos y de sus aliados, en este caso Francia, Inglaterra, por las principales dictaduras del Golfo es una apuesta política por el fenómeno Hermanos Musulmanes, fenómeno que está en diversos países de la región; de una irresponsabilidad absoluta. En un Oriente Medio mosaico de religiones y de culturas introducimos un proyecto que rompe la cohesión del país y atenta contra el pluralismo, pluralismo político, pluralismo religioso y pluralismo de los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, eso ocurre igual que un poco más abajo el debate del proyecto del Estado sionista judío de Israel. Señor ministro, hay que ir a Estados multiétnicos y multiconfesionales y Siria era un ejemplo en la región de Estado multiétnico y multiconfesional que de forma irresponsable alguien ha querido borrar del mapa y a punto ha estado de conseguirlo.

Evidentemente en Siria el terrorismo no empieza ahora, tiene relatos en los años 1976, 1982, 1986, 2004, 2006, 2008, 2009; hace mucho tiempo que se está intentando desestabilizar a ese Gobierno desde un intento de penetración de lo que es el terrorismo islamista o yihaidista. La escalada terrorista en Siria ha aprovechado un conflicto interno profundo derivado de las medidas económicas que toma el Gobierno de Siria, medidas económicas de tipo liberal, de recortes, acordadas con el Fondo Monetario Internacional y bajo la presión de Estados Unidos que conllevaron el inicio de revueltas populares contra esos recortes.

Las protestas se inician en ciudades dependientes económicamente primero de la agricultura y muy castigadas por la sequía que asola al país desde hace seis años, eso sí, eso no lo va a poder escuchar usted en Televisión Española; eso en Televisión Española no va a aparecer, van a aparecer, como han aparecido, otras cosas. Quiero decirle también que la ciudad industrial de Homs, también castigada por el cierre masivo de empresas públicas, ha conllevado que la política de recortes haya sido la semilla del conflicto sirio, pero después lo que nos hemos encontrado es que estas ciudades agrícolas e industriales tienen en común su condición de fronterizas, ya sea con Jordania, con Líbano, con Irak o con Turquía, todas ellas propensas, por tanto, a la infiltración masiva de grupos terroristas de las redes islamistas internacionales, las mismas que en su día actuaron en Irak y con apoyo logístico total y absoluto de los servicios secretos de los países que anteriormente he mencionado.

El objetivo de los terroristas, entre otros, es que el Estado abandone la aconfesionalidad para convertirse en correa de transmisión del islamismo radical encarnado en Siria por la Hermandad musulmana y otras organizaciones más radicales aún que la Hermandad musulmana.

También quiero decirle, señor ministro, que el Gobierno español se ha reunido en Madrid con dinero público con esos terroristas; su Gobierno se ha reunido en Madrid con dinero público con esos terroristas, que no son mejores terroristas, señor ministro, son terroristas también, y, en cambio, ha expulsado al embajador de Siria en Madrid. Por tanto, el Gobierno español en este aspecto ha tenido una falta de mira profunda, haciendo alianzas. Como dice el dicho: ‘El enemigo de mi enemigo no es mi amigo’, señor ministro. Y una parte muy importante de la oposición siria no puede ser amiga de este Gobierno ni de España, y eso hay que denunciarlo.

No sé qué es lo que queremos para Siria, señor ministro. ¿Sabe usted quién es Abu Sakkar, ese que llamaban rebelde? Asesinó a un soldado sirio y, delante de las cámaras, se comió su corazón y parte de su pulmón. Eso no es lo que queremos para Siria, señor ministro. El Gobierno sirio tiene muchísimas cosas que cambiar, que mejorar y que erradicar pero evidentemente la oposición es mucho peor que el Gobierno, y en eso no deberíamos equivocarnos en absoluto.

Voy acabando. Señor ministro le pedimos, primero, que vuelva el embajador de Siria a Madrid, que retorne lo más pronto posible y que se establezca con el Gobierno de Siria una relación de diálogo. ¿Para hacer qué? Lo que en algunas ocasiones hizo el Gobierno de España y que su Gobierno ha dejado de hacer, ser un puente en la región y no una ruedecilla de la política exterior de Estados Unidos y de sus aliados, y además de forma indecorosa.

Recordemos cuando el presidente del Gobierno aceptó la indicación del presidente Obama de que decir que sí a lo que el presidente Obama iba a hacer en Siria, y luego no tuvo la gallardía de decir lo que había pactado con el presidente Obama en público, algo que quedó en secreto entre los dos presidentes. Por tanto, esta es una actitud del Gobierno español de absoluta sumisión, cuando nuestro papel histórico ha sido siempre de hacer de puente entre pueblos y teníamos buenas relaciones, como la visita que mantuvo el presidente Aznar en el año 2003 a Damasco, visita en la que fue recibido por el presidente sirio. Ese es nuestro papel histórico, hacer de puente.

Por supuesto le vamos a dar todo el apoyo en aquellas medidas humanitarias que emprenda el Gobierno español para aligerar la crisis humanitaria que nos cae encima. Pero tendrán nuestra oposición firme y nuestra denuncia de los encuentros que el Gobierno español pueda realizar con una oposición siria que en muchas ocasiones no tiene otro nombre que el de grupos terroristas y violentos.

Enmienda a la Totalidad alternativa al Proyecto de Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado


Sras. y Sres. Diputados hay alternativa, hay alternativa al gobierno del Partido Popular y hay alternativa a la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado del Partido Popular. El GP de La Izquierda Plural ha presentado una Enmienda a la Totalidad con texto Alternativo porque queremos algo mejor para España en el concierto de las naciones, queremos un liderazgo internacional moderno, democrático, solidario, pacífico, social y ambientalmente avanzado, como bien describe nuestra propuesta de 11 principios rectores de Política Exterior y nuestros 7 principios rectores de Acción Exterior.

Hay que reconocer Sr Ministro que su Ministerio ha hecho un esfuerzo de modernización, basado en la multitud de trabajos previos desarrollados en periodos anteriores, pero, simplemente nuestra propuesta es mejor, más avanzada, más moderna y con raíces democráticas más profundas. Su ley se queda a medio camino. Aún está usted, aún están ustedes a tiempo, voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad y podremos desarrollar una ley de referencia en política y organización de la acción exterior.

A pesar de la creciente integración del Reino de España en los foros internacionales y en la economía mundial tras el fin de la Dictadura franquista, no se ha producido en los 35 años transcurridos una adaptación de la legislación que rige la definición de cuáles son los intereses exteriores del país, de cómo se articula y dirige la política exterior para su defensa y cuáles son los instrumentos para proyectarla en la acción exterior.

El conveniente consenso en política exterior solo puede surgir de una articulación legal e institucional de cuáles son los mecanismos democráticos para construirlo.

En este sentido, la definición de los intereses exteriores del país y la articulación de una política exterior que los defiendan, mediante la acción exterior a través de diferentes instrumentos, no debe ser diferente en sus mecanismos democráticos de los que se utilizan en las otras políticas que también dirige el gobierno.

El consenso en política exterior no puede ser una mera imposición de un gobierno, sino que exige el debate y la aprobación de las Cortes Generales, a través del Congreso de los Diputados, que son quienes representan la soberanía popular.

El proyecto de ley que tramita el Gobierno del PP peca de un excesivo dirigismo, lo que conecta con la situación actual de entender la mayoría parlamentaria actual más como “absoluta soberbia” que como “absoluta mayoría”.

Es un mal precedente pues la falta, en la tramitación de este proyecto de ley, de amplias consultas a organizaciones y entidades no pertenecientes a órganos del Estado y al conjunto de fuerzas políticas parlamentarias

Como demostró la participación de España en la Guerra de Irak, no se trata de una cuestión baladí, sino de la cuestión esencial de la que debe partir la regulación jurídica de la política y de la acción exterior.

Aquella participación militar, fuera del marco de Naciones Unidas, decidida unilateralmente por el Gobierno Aznar sin contar con las Cortes Generales, tuvo trágicas consecuencias, dividió a la ciudadanía y puso de relieve los peligros de una concepción de la política exterior, no como el resultado de la definición democrática de los intereses exteriores del país sino como la gestión tecnocrática de una élite especializada a espaldas de la opinión de los ciudadanos y, por tanto de la soberanía popular.

Una Ley de la Acción y el Servicio Exterior debe por lo tanto partir de la respuesta a la pregunta de cómo se definen los intereses nacionales en el exterior. Y la respuesta constitucional no puede ser más evidente: a través de la expresión de la soberanía popular que representan las Cortes Generales, en el proceso democrático de debate y aprobación parlamentario, como en cualquier otra esfera de la política.

La Política Exterior, la Acción Exterior del Estado no pueden ser un área opaca reservada exclusivamente al ejecutivo como ocurría precisamente bajo la Dictadura franquista, en una interpretación cuanto menos abusiva y discriminatoria del artículo 97 de la Constitución.

Asimismo, al haberse producido una multiplicidad de los sujetos de la acción exterior, como producto de las transferencias competencias a organizaciones internacionales de las que el Reino de España forma parte, a la Unión Europea, a las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, así como la acción solidaria colectiva o individual de los ciudadanos en la cooperación para el desarrollo, el estado, como director de la Política Exterior, debe coordinarlos para que la Acción Exterior sea coherente y eficaz. Tanto por lo que se refiere a la administración central del estado como a las Comunidades Autónomas.

La propuesta de Ley Alternativa que estoy defendiendo se hace fuerte en el concepto de coordinación como la reforma del Consejo de Política Exterior, la creación de un Consejo de Participación Social en la Política Exterior (para asegurar la participación del mundo académico y de la sociedad civil), la Comisión Interterritorial de Acción Exterior (para asegurar que el Estado aproveche las iniciativas de las Comunidades Autónomas basadas en sus competencias constitucionales) los Consejos de Embajada (para asegurar el principio de unidad de acción del Estado en el exterior) o el Consejo de Cooperación al Desarrollo como órgano de participación para la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo.

Es para nosotros clave el papel activo, y no de mero espectador que prevé el proyecto del PP, de las Cortes Generales, verdadero garante de la soberanía popular y última instancia en la definición de los intereses en política exterior de España.

La ley del PP, debería, como si hace nuestra propuesta, considerar la acción exterior de las CCAA en una lógica de complementariedad respecto a la acción del gobierno. Eso supone que debe garantizarse que las CCAA mantienen un margen de actuación propio y diferenciado, que les permita contribuir a los objetivos de la política exterior del Estado desde el ejercicio pleno de las competencias que los Estatutos atribuyen.

Es para nosotros clave la definición de un papel activo de nuestra Acción Exterior en el marco de la Unión Europea y la Política Exterior Común, y la Acción Exterior en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Para nuestro grupo la cooperación es un elemento esencial en esta ley, el Gobierno del PP sigue muy centrado en la diplomacia comercial, en la lógica de la Marca España y realiza un tratamiento residual de la cooperación al desarrollo, lo mismo ocurre con el fomento y garantía de los Derechos Humanos, entendidos de forma amplia como derechos políticos, económicos y sociales, sin entender, que avanzar en una mayor coherencia de la acción exterior con los objetivos de desarrollo, es un factor de prestigio y de posicionamiento de nuestro país.

La Acción exterior eficaz necesita, en primer lugar, incorporar de forma coherente a nuestra legislación los compromisos adquiridos por el Reino de España en materia de derecho internacional diplomático y consular. Y en segundo lugar dar impulso legal a un imprescindible proceso de modernización del Servicio Exterior, como servicio público profesional especializado de calidad.

En muchos de sus aspectos, el actual servicio exterior de España, carece de base legal, está sujeto a cambiantes reglamentos que solo dependen del Gobierno y que cuestionan su profesionalidad al hacer depender la carrera administrativa de los funcionarios que lo componen de afinidades o favores de turno. Quizás el ejemplo más dramático del carácter pre-constitucional de los reglamentos que rigen actualmente el servicio exterior del estado es la situación del personal laboral contratado en el exterior, que compone la mayoría del personal no directivo del servicio exterior, y que no está protegido en sus derechos por el Estatuto de los Trabajadores. La Ley de Acción y Servicio Exterior debe poner remedio a esta situación, que actualmente es un obstáculo para la eficacia requerida de un Servicio Exterior moderno, profesional, dotado de los medios técnicos necesarios, capaz de defender los intereses y la política exterior de España.

Los trabajadores del Servicio Exterior del Estado deben gozar de plenas garantías sindicales y políticas y de ninguna manera pueden ser considerados, de facto, ciudadanos españoles de segunda en esos aspectos.

Finalmente una mención a las familias de funcionarios y trabajadores. Es necesario regular y facilitar, de forma más activa, la conciliación de la vida laboral y familiar, como repetidamente solicitan las asociaciones de familiares, especialmente en las garantías de conservación de los derechos pasivos y en el disfrute de garantías médicas y educativas, especialmente.

En definitiva, la Ley de la Acción y el Servicio Exterior cuyo articulado proponemos tiene la voluntad de democratizar la Política Exterior y la Acción Exterior de España, para hacerlas la expresión de la soberanía popular y dotarla de un servicio público capaz de defender sus intereses en el exterior.

Matem Pi i Margall?

Jordi Serrano Blanquer

12 juliol 2013

Avui dir que ets federalista i socialista està molt mal vist. Si et defineixes així la gent es pensa que estàs d’acord amb aquesta mena de cosa anomenada estat de les autonomies i que ets amic de Carlos Solchaga, de Pedro SolbesJoaquin Almúnia. Tres socialistes no practicants.

Tinc un dubte, vista l’actual situació de les dues paraules, o continuo donant la batalla per elles o començo a pensar com em defineixo de nou. De fet em sento com aquell conductor que per l’autopista comença a veure que tots els cotxes vénen de cara. Potser l’equivocat dec ser jo.

Però abans d’abandonar-ho del tot deixeu-me reflexionar-hi. Comencem pel terme federalisme. Sense el federalisme no hi hauria avui independentisme. De fet les idees independentistes tenen el seu fonament en el republicanisme federal d’homes com Narcís Roca Farreras. La idea que la sobirania rau en el poble i en el nostre cas en el poble català, sorgeix també en el federalisme. La idea d’una democràcia de baix a dalt ve també del federalisme. Per tant el dret de l’autodeterminació dels pobles el devem a Catalunya a homes com Pi i Margall. Josep Conangla, l’autor d’una Constitució per a la república catalana, era també un federal. O Lluís Companys. Hem de renunciar al republicanisme pimargallià?

Anem a analitzar el terme socialisme. Avui en aquesta societat on sembla que qualsevol cosa de més de 15 dies és una antigalla, la gent relaciona socialisme amb Felipe Gonzalez, Gerhard Schröder, Tony Blair, el marit de la Preysler i tota mena de personatges exòtics a sou de les multinacionals.

Però cal preguntar-se si podem menystenir la rica tradició de socialistes catalans des d’Abdó Terrades, Narcís Monturiol, Josep Anselm Clavé fins a, un cop més, Francesc Pi i Margall, Francesc Layret, Rafael Campalans, Josep Miret, Josep Moix, Joan Comorera, Gregorio López Raimundo i un llarguíssim etcètera. La pèrdua de la memòria històrica té efectes sobre el que passa ara, en la forma en com ens definim i en com intentem saber d’on venim.

Un federalista socialista és, doncs, aquell ciutadà que vol ajudar a crear un procés constituent per la república catalana i que vol una constitució catalana fonamentada sobre la ideal socialista, és a dir, profundament crític amb el règim capitalista. El socialisme, cal dir-ho, és l’ideal oposat al capitalisme.

Si desapareixen les paraules que ens poden definir a aquells que volem estirar el fil de la història cap a l’esquerra, ens trobarem amb la impossibilitat de definir la societat que volem construir: una societat on l’afany de lucre sigui substituït per la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

ACUERDO DE PESCA UNIÓN EUROPEA – REINO DE MARRUECOS

La posición de la Izquierda Plural desde que se dio a conocer el primer acuerdo en 2005 ha sido y es invariablemente de estricto respeto a la legalidad internacional y a los legítimos derechos del pueblo saharaui, es decir, no posicionándonos en contra de un Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, pero sí en contra de que éste incluya las aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental, territorio no autónomo reconocido como tal por las Naciones Unidas y pendiente de un proceso de descolonización.

Por ello, para la Izquierda Plural el acuerdo debe limitarse a las aguas bajo soberanía del Reino de Marruecos, es decir, en aguas situadas exclusivamente al norte del paralelo 27°40′N, límite sur de su zona económica exclusiva.

La soberanía de Marruecos no ha sido reconocida por la legalidad internacional, como subrayó el dictamen jurídico del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en octubre de 1975. De hecho, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Marruecos excluye explícitamente las mercancías procedentes del Sahara Occidental, considerando que la soberanía del territorio está bajo disputa y no reconociendo Estados Unidos soberanía marroquí sobre el SO.

Sin embargo, la Unión Europea, no excluye el Sahara Occidental del ámbito de aplicación ni de su Acuerdo de Libre Comercio ni de los Acuerdos de Pesca con Marruecos.

Aspectos ilegales de la Propuesta de acuerdo

La propuesta de acuerdo, afirma que “se ha consultado a todas las partes interesadas”. Ahora bien, el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui y reconocido como tal por las Naciones Unidas, no ha sido considerado en las negociaciones y de hecho rechaza el acuerdo.

- El acuerdo establece que será el propio Marruecos el que comunique (unilateralmente!) las coordenadas geográficas de su zona de pesca. Las aguas del Sahara Occidental no han sido excluidas explícitamente del acuerdo (como sí que ha sido el caso de la zona mediterránea). No se fija una delimitación al sur, así que las categorías 3 (pesca de pequeña escala), 4 (pesca demersal), 5 (pesca atunera) y 6 (pesca pelágica industrial) se extenderían de facto a las aguas territoriales del Sahara Occidental al sur del paralelo 27°40′N.

- El acuerdo no menciona en ningún momento ni el Sahara Occidental, ni a la población saharaui. En caso de que Marruecos presentara informes (obligación que ha incumplido hasta la fecha) sobre el impacto geográfico en el Sahara Occidental ocupado, la aceptación de los mismos por parte de la UE supondrá de facto una aceptación de la ocupación marroquí sobre el SO.

La referencia a “población local” incluiría a los colonos marroquíes residentes en el territorio. En este sentido, caber recordar que según el principio de soberanía permanente de los pueblos sobre los recursos naturales el pueblo saharaui es el legítimo dueño de sus recursos naturales y ha de ser el principal beneficiario de los mismos y no ser privado de sus medios de subsistencia.

Opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo del año 2009:

“9. En el caso de que no se pudiera demostrar que el Acuerdo de Pesca se realice de conformidad con los principios del derecho internacional en cuanto a los derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, principios que la Comunidad está obligada a respetar, la Comunidad debe abstenerse de permitir que los buques faenen en las aguas del Sáhara Occidental mediante la solicitud de licencias de pesca sólo para las zonas de pesca que se encuentran en las aguas de Marruecos”.

A pesar de la renegociación, éste sigue siendo el caso del nuevo protocolo, por lo que consideramos desde Izquierda Plural que este acuerdo es claramente ilegal en lo que respecta al derecho internacional, puesto que su ámbito de aplicación incluye las aguas del Sahara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización.

Hay que dejar claro que la responsabilidad del cese de la actividad de la flota y sus consecuencias sociales tras el rechazo en diciembre de 2011 de la prórroga del acuerdo por parte del Parlamento Europeo son responsabilidad de la Unión Europea por haber suscrito un acuerdo ilegal. De hecho, en este nuevo acuerdo la Comisión Europea podría haber corregido esta cuestión bien excluyendo las aguas del Sahara Occidental, bien consultando la opinión del pueblo saharaui a través de sus legítimos representantes para acceder a esas aguas.

Enmiendas registradas al texto del PP

1-El Congreso constata que plantear un tratado de Pesca con el reino de Marruecos que contemple las aguas territoriales del Sahara Occidental, es contrario al derecho internacional y añade tensión a una región que necesita cada vez más el reconocimiento de la legalidad internacional

2-El Congreso solicita que se trabaje para alcanzar un acuerdo pesquero con el reino de Marruecos que sea sostenible y que no contemple las aguas territoriales del Sahara Occidental, sobre las que Marruecos no tiene ningún derecho según señalan todas las instancias internacionales.