Notícies del PCC

El PP también recorta la Justicia Universal

El Partido Popular ha iniciado un nuevo recorte de la Justicia Universal en España.

El Ministerio de Justicia ha renunciado a cambiar la norma por un proyecto de ley y ha usado la vía insólita esta legislatura de la proposición del PP en tramitación directa y en lectura única, para eludir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

El texto del PP es tan restrictivo que limita la incautación de droga en alta mar, la lucha contra la ablación y la pederastia y obliga a archivar sumarios como el de la muerte de José Couso en Irak. La severa reducción del espacio de la justicia universal ha sorprendido negativamente a un importante sector de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, por el hecho de que España dejará de ser un país referente en la protección de los derechos humanos y en la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad, y que el texto presentado por el PP abre espacios de impunidad que dificultan la investigación de graves delitos de crimen organizado transnacional como el narcotráfico y dejará sin protección a víctimas de delitos como la trata de blancas o la mutilación genital.

Algunos jueces de instrucción meditan la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad a medida que se vayan viendo obligados a archivar las causas de justicia universal que tienen abiertas, ya que entienden que podría darse un incumplimiento de los convenios internacionales firmados por España, como recuerdan la Asociación pro Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

En su momento, desde el Senado, denuncié ya en el año 2009 las decisiones del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del PSOE, Miguel Ángel Moratinos, y este me lo dejaba bien claro. En respuesta a una pregunta parlamentaria mía sobre la posición del Gobierno ante el clarificador Informe Goldstone de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que acusaba a Israel de cometer crímenes de guerra en la ofensiva sobre el territorio de Gaza denominada “Plomo Fundido”, afirmó: “las guerras, la violencia y la sangre derramada no se arregla mirando al pasado… no hay que juzgar sino actuar, mediar y retomar las negociaciones”.

El PP ha reconocido reiteradamente que son las razones de Estado para “solventar la problemática que afecta a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos” las que llevan a esta propuesta. Presiones ejercidas hoy por China y en su día por países como Estados Unidos o Israel. Eso conecta con la mentalidad conservadora del PP que quiere cortar de raíz cualquier desmán democratizador y progresista en la interpretación del ordenamiento jurídico vigente y “poner coto a determinados juececitos de la Audiencia Nacional que se dedicaban a hacer lo que no debían”.

Está claro que una de las tareas de la diplomacia internacional es la mediación en los conflictos, para encontrar soluciones satisfactorias a las partes enfrentadas, especialmente en los casos en que existen víctimas inocentes afectadas. Pero no es menos cierto que, al mismo tiempo, es tarea del poder judicial en sus versiones nacionales o internacionales, y de diversos organismos internacionales de garantía de derechos y libertades, juzgar y evaluar que las acciones que se realizan en el marco de conflictos o en tiempo de paz, por parte de Estados u organismos que ostentan poder real sobre los ciudadanos, se desarrollan con pleno respeto a normas de convivencia básicas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ginebra.

Exista la necesidad de una Justicia Universal que no conozca fronteras, lenguas, credos o justificaciones de ningún tipo. El respeto absoluto a la dignidad humana es un principio universal que no puede ni debe conocer excepciones, ya que los crímenes de los que hablamos son de tal atrocidad que no puede haber limitaciones a su persecución y condena. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros.

Por desgracia, en este mundo globalizado en el que habitamos, donde las políticas conservadoras del neoliberalismo, a pesar de la crisis que han originado, siguen siendo las que controlan el pensamiento dominante y los resortes políticos, económicos y culturales para su reproducción. Las formas jurídicas en las que se asienta el poder se han reforzado (el Derecho Comercial Global, las normas y contratos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, los organismos internacionales de expansión y asentamiento del capitalismo como el FMI, BM, OMC, OCDE, los códigos ad hoc y la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial superadores de las legislaciones nacionales e internacionales, etc.), así como los aparatos policiales y militares que velan por su cumplimiento.

En cambio, los resortes legales que protegen los Derechos Humanos (por supuesto, entendidos no sólo como derechos civiles sino también como derechos económicos y sociales) han pasado a ser considerados por ese poder como meras recomendaciones que en ningún caso (o en casos excepcionales que afectan a países y situaciones que el poder dominante decide juzgar) comportan mecanismos ejecutivos para juzgar, condenar y hacer cumplir las condenas. Los intentos de la ONU de velar de forma ejecutiva por el cumplimiento de los tratados sobre DDHH en general se han estrellado contra el veto en el Consejo de Seguridad o con la burocratización de esas iniciativas, ya sea frente a Estados o frente a las corporaciones multinacionales.

Hoy día de forma impune, políticos y militares responsables de miles, e incluso cientos de miles de muertes de civiles inocentes, descansan tranquilamente en sus casas ante la mirada impotente de sus víctimas torturadas o de los familiares de los muertos. En una doble vara de medir que provoca sonrojo, responsables económicos de tremendos desaguisados basados en políticas especulativas neoliberales, que han provocado miles de parados, destrucción de tejido productivo y que han costado al erario público miles de millones de euros, se pasean dando lecciones económicas o de moral, cobrando sus multimillonarias primas y ejecutando las cláusulas blindadas de sus contratos.

La justicia no es neutral, existe la justicia de los “fuertes”, para entender, perdonar o simplemente ignorar sus propios actos atroces y al mismo tiempo (y a veces en un mismo lugar), condenar los actos de los explotados cuando estos intentan escapar de la explotación o simplemente juzgar los crímenes de sus verdugos.

Hoy es necesario construir y reconstruir las redes sociales y humanitarias, el valor de los Derechos Humanos y las formas jurídicas de su protección, para que una justicia de los “débiles” mantenga la esperanza de poder llamar a la justicia por ese nombre.

Según los distintos convenios internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado español y ratificados por las Cortes, estamos obligados a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aun cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de España. La Constitución española, en el Artículo 96.1, consagra que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicado oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.

Antes de los recortes en Justicia Universal por parte del PSOE y ahora del PP disfrutábamos, de un ordenamiento consecuente con el derecho internacional. Al igual que otros países como Alemania, Bélgica, Dinamarca u Holanda, hemos contribuido, con las causas abiertas en España, a frenar como mínimo la sensación de impunidad de la que disfrutaban algunos criminales, se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo, contribuyendo así a reconstruir la capacidad real del ordenamiento jurídico internacional sobre Derechos Humanos de ser cumplido y respetado.

Casos como el de Scilingo, Pinochet, o la demanda por genocidio y otros delitos contra los gobiernos militares de Guatemala, han colocado a la Justicia española en un alto nivel de reconocimiento internacional y han devuelto la esperanza a las víctimas de países tan queridos como Chile, Argentina o Guatemala, que tanto han sufrido por la represión de los gobiernos fascistas. Al mismo tiempo, la doctrina que emanan las sentencias de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre estos casos no dejan lugar a dudas sobre el alcance absoluto de la jurisdicción universal y su carácter imperativo para los Estados.

La impunidad es la ausencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y la forma más sencilla de que los criminales vuelvan a actuar en conflictos vivos en la actualidad. Si los dirigentes políticos y militares del Estado de Israel se sienten impunes, ¿alguien cree que sentirán algún rubor en volver a recurrir a las bombas de fósforo blanco? Cualquier negociación será exitosa si ambas partes saben que no hay marcha atrás y que la violencia del pasado no puede volver a ser utilizada como forma de solucionar el conflicto, especialmente aquellos que disponen de los grandes aparatos militares.

Al limitar el PP y el PSOE la aplicación del principio de Justicia Universal hacen retroceder nuestro ordenamiento jurídico en este tema al de países de segunda división en garantías de cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos.

Joan Josep Nuet i Pujals

Diputado de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA)

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

GRUPO PARLAMENTARIO DE LA IZQUIERDA PLURAL

PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MARTES 18 DE FEBRERO

Señoras y señores diputados, decir en primer lugar que nuestro grupo no tiene inconveniente en entrar en el debate de los mecanismos de garantía constitucional que la propia Constitución y la Ley Orgánica a la que nos referimos desarrollan

Pero bajo nuestro punto de vista hay que desarrollar esos mecanismos de forma flexible, así como la interpretación de la propia Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los Estatutos de Autonomía. La estabilidad es flexibilidad e interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera conflicto y enfrentamiento como nos demuestra la historia reciente.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice en su Título I, Capítulo I, Artículo Primero:

“El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica”

Como nos recuerda uno de los padres de la Constitución de 1978

“Hemos creado un organismo que no ha sido elegido por el electorado, que no es directamente controlable, que tiene una duración en cuanto al ejercicio de sus cargos por parte de los jueces muy superior al de una legislatura, de manera que podría perpetuar mayorías no existentes, que se sitúa por encima del electorado y podría acabar invalidando la misma actividad del Parlamento”

Jordi Solé Tura

Y también afirmaba que:

“Me parece absolutamente contrario a la filosofía de la Constitución que aprobamos que digamos aquí que, efectivamente, el centro de gravedad no se situará allí donde han dicho los millones de electores, sino que se situará en un tribunal incontrolable”

19 de septiembre de 1979, en el Pleno del Congreso que debatía las enmiendas introducidas por el Senado a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Mi grupo Parlamentario no va a hacer hoy una propuesta exhaustiva de crítica a la actual Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta semana vamos a presentar una iniciativa parlamentaria que insta a su reforma en términos concretos que la desarrollan.

Pero queremos dejar claro desde el principio de que para el éxito de una visión progresista y federal de España, o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa de Proyecto Constituyente para nuestro país, del cual se derive una Reforma Constitucional y una Reforma de la Ley del Tribunal Constitucional o vamos dando palos de ciego, y eso en el mejor de los casos, lo peor es copiar las propuestas de regresión constitucional o deconstituyentes que la derecha proclama, ella si, obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES.

Nuestro grupo está en contra de la existencia del Recurso de inconstitucionalidad en su redacción actual.

Por la barbaridad democrática que supone que la soberanía popular expresada en referéndum pueda ser enmendada por el Tribunal Constitucional.

Apuntamos también las deficiencias del artículo 159 de la Constitución respecto al nombramiento de los doce magistrados del Tribunal Constitucional.

La interpretación y ejecución de esa norma se ha convertido en un reforzamiento de los criterios y mecanismos bipartidistas de reparto, básicamente, entre PP y PSOE, de los magistrados que acceden al TC, y la pluralidad de instituciones que representan la plurinacionalidad real de España esta vetada en su participación real

La interpretación y ejecución de ese artículo de la Constitución ha permitido que hoy la composición del TC obedezca mas a criterios partidistas que a méritos profesionales, con un único experto en Derecho Constitucional y con currículums de dudosa trayectoria jurídica especializada ante los retos dogmáticos a los cuales el TC esta sometido

Los aspectos de renovación (o más bien dicho la falta de renovación) se suman al dilatado periodo en el cargo y a las más que dudosas maniobras de recusación que han ensombrecido el prestigio del Tribunal

Por todo ello podemos afirmar que los retos a los que se enfrenta el TC en nuestro país no pueden ser resueltos ni con improvisación sin proyecto Constituyente de fondo ni con regresiones a la medida de una lectura constitucional que nos retrotrae a periodos anteriores a 1978

Digamos la verdad señoras y señores diputados de los grupos del PP y del PSOE, el verdadero debate que tenemos hoy aquí, ¿obedece al desarrollo de esos mecanismos de control constitucional u obedece a un mensaje sobre el debate que existe en Cataluña en estos momentos en el cual PP y PSOE se han puesto de acuerdo…???

En la pasada legislatura el Partido Popular desde la oposición intentó y consiguió utilizar al TC como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978 en el trámite del Estatut de Catalunya, que evidentemente no se aplicaron, y nos alegramos, en otros textos estatutarios parecidos.

Sin entrar en la campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España, la sentencia del TC contra el Estatut refrendado por el pueblo de Catalunya está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste, y que ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las Autonomías que durante 35 años ha persistido

Ahora recuperar el Recurso previo de Inconstitucionalidad con los Estatutos de Autonomía no es siquiera ponerle una tirita a un boquete sangrante que ha provocado el bombero-pirómano llamado Partido Popular, sino aplicar sal a esta herida y profundizar la crisis del bloque Constitucional.

Los estatutos que pasan todos los filtros democráticos son Bloque de Constitucionalidad y por tanto el recurso de constitucionalidad no tiene sentido y menos el recurso previo

La propuesta del PP y del PSOE no resuelve el problema de fondo. La configuración del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, que en este caso no actuara a posteriori, sino previamente. Pero el problema se mantiene.

El problema de fondo no está en la regulación del recurso de inconstitucionalidad, sino en la permanente instrumentalización que hacen algunos partidos y especialmente el PP. Y en el comportamiento del T C que se extralimita en sus funciones y pretende sustituir al legislativo.

Estamos otra vez ante un método legislativo espasmódico, al servicio de su utilización táctica.

No tiene sentido que, con los problemas existentes en el funcionamiento del TC, no se presente un proyecto de Ley sobre reforma de la Ley del TC.

Queremos desde la Izquierda Plural hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista. No se dejen llevar por la política recentralizadora y antifederalizante del PP, construyamos desde la izquierda un discurso federal autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un Nuevo País basado en un proyecto federal que respete la libertad de los pueblos.

Con la sentencia del Estatut si el PSOE se hubiese mantenido fiel al principio democrático que significó su aprobación por el Parlament, las Cortes y su ratificación en Referéndum, podría haber cambiado las leyes orgánicas para adaptar e interpretar la Constitución de acuerdo con la voluntad popular. Repetimos, con el inmovilismo solo se genera conflicto y desafección.

La propuesta de reforma del Estatuto de Castilla la Mancha es como mínimo un atropello democrático, pero los despropósitos de una mayoría absoluta del PP no pueden ser resueltos por un Tribunal Constitucional que en este caso no tiene las bases interpretativas en la Constitución para proteger a las minorías y a la pluralidad.

El recurso previo de inconstitucionalidad se convierte en un veto previo que coarta al legislador y que aboca a las cámaras legislativas a la lectura conservadora y paralizante del texto constitucional, traicionando el carácter abierto y plural de la Constitución tal como señalaba Jordi Solé Tura

Evidentemente se podrían hacer modificaciones que no conllevaran ese espíritu de veto conservador, e iniciativas como el establecimiento de un periodo máximo para emitir sentencias de ese calado seria un avance, pero evidentemente es necesaria una reforma mas profunda que obedezca a los tiempos reales que nos toca vivir y donde la izquierda debe abanderar las propuestas y el debate y no adaptarse a la presión conservadora sin alternativa.

Por todo ello nuestro voto va a ser negativo a la propuesta pactada por el PP y el PSOE.

Revolución Democrática y Social

Introducción

Revolución económica

Revolución política

Introducción

Nuestra propuesta de Revolución Democrática y Social tiene dos pilares fundamentales: la revolución política, de radicalidad democrática en las reglas del juego democrático, y la revolución económica, de alternativas sociales a la estrategia neoliberal de ajuste económico.

Sobre estos dos pilares, debemos desarrollar una acción política continuada que lleve a todos los rincones del Estado la ofensiva contra la reconstrucción del bipartidismo monárquico, por lo que lo importante es dar contenido organizativo a esta propuesta.

No se trata de una campaña electoral ni tampoco de una campaña política concreta. Al contrario, se trata de una invitación al debate honesto y riguroso de unas propuestas determinadas que se consideran idóneas para ser el punto de partida. Dichas propuestas provienen en su mayoría del debate de la X Asamblea Federal de Izquierda Unida. El documento que sigue a continuación es, en ese sentido, una mera orientación para el debate por parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras del Estado español.

El presente documento se hará público el 5 de febrero de 2014, poniéndose entonces a disposición de todos los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida a través de una página web y de los circuitos democráticos propios de la organización. Se trata de un debate simultáneo en las asambleas de base y en las redes sociales. La coordinación de la acción política queda a cargo de José Luís Centella, y la portavocía a cargo de Alberto Garzón, ambos miembros de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida.

La aspiración del documento es la de generar un debate lo más amplio posible sobre las alternativas democráticas y sociales al actual orden político y económico que está ahogando a millones de trabajadores y trabajadoras. Para eso se espera que el documento puede debatirse por el mayor número posible de personas, sin poner un plazo determinado de final, y que el resultado del debate sea la creación de un bagaje útil tanto para la creación de iniciativas legislativas en todos los niveles de la administración pública como para su posible incorporación a nivel estatutario de IU en el futuro próximo.

Frente a las propuestas meramente cosméticas de PP y PSOE, nuestra propuesta es de transformación, no de reforma ni de regeneración sino de transformación radicalmente democrática.

Revolución económica

Tenemos que ser capaces de que la mayoría social identifique la contradicción entre el capitalismo depredador y salvaje, especialmente en su expresión neoliberal, y las necesidades del ser humano. El capitalismo no se plantea en este momentos mejorar la calidad de vida de las personas, pues para mantener sus beneficios necesita recortes, sufrimiento y represión, es decir, necesita que la mayoría asuma que tiene que vivir peor para que una minoría viva mejor.

El capitalismo aprovecha la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa de beneficio, aumentando así la explotación, recortando los derechos sindicales y democráticos para hacerlo posible y acentuando los conflictos armados. Es en esa medida en la que se puede afirmar que las salidas que proponen los sectores dominantes son una auténtica estafa.

En consecuencia, la mayoría social trabajadora necesita su propia alternativa, orientada a avanzar en la superación del capitalismo. Una alternativa que no solamente proponga medidas económicas, fiscales y sociales, sino que desarrolle una democracia participativa, también en sus aspectos económicos y favorezca la organización y la lucha cultural, social, económica y política del mundo del trabajo

Por ello, la mayoría social trabajadora no puede esperar nada positivo del gran capital. Lo que se hace necesario son medidas urgentes que no pueden venir nunca de la derecha. Por ello este pilar debe contemplar al menos: una propuesta de choque para la creación de empleo; una propuesta de cambio de modelo productivo desde la planificación democrática de la economía; y una postura clara sobre la deuda soberana que parta del cambio del articulo 135 de la constitución, que establezca prioridad constitucional sobre el pago de la deuda a la defensa de las necesidades básicas del ser humano, es decir los derechos sociales, sindicales y laborales.

Al mismo tiempo debemos concretar las propuestas que permitirían recuperar para lo público sectores hoy privatizados, asegurando una mejor gestión. La idea es plantear que anularemos las agresiones del PP, pero no para quedarnos en las que realizo Zapatero sino para plantear un modelo nuevo de educación, sanidad, etc., para ello planteamos de inmediato plantear el debate sobre dos iniciativas: la reforma del articulo 135 de la Constitución y la necesidad de la auditoria ciudadana de la deuda odiosa. Y al mismo tiempo presentar una batería de iniciativas que desarrollen, los siguientes temas:

1. Auditoría ciudadana de la deuda

El nivel de deuda pública, tras la socialización de deudas acometida por el proyecto neoliberal, es tan elevada que es imposible pensar en su posible pago. Por esas razones es necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que establezca los criterios para una reestructuración de la deuda que libere del lastre de los intereses al Estado.

Gran parte de la carga fiscal que tiene que soportar un Estado ahora mismo es debida a los procesos especulativos que han existido alrededor de la deuda pública, y la mejor forma de hacer pagar los costes de la crisis a los especuladores es precisamente dejar de pagar los títulos de deuda adquiridos en dichos procesos. Actualmente la dinámica de endeudamiento público lleva a una espiral peligrosa que amenaza con destruir las conquistas sociales adquiridas en el siglo XX, mientras enriquece injustamente a una minoría de la población. Desactivar ese chantaje es posible si se cancelan los contratos asumidos con los inversores financieros, que son fundamentalmente grandes bancos y grandes fortunas. El coste de ver cómo se cierran los mercados financieros puede ser compensado con la reforma fiscal y con el hecho obvio de que los mercados volverán a prestar en el medio plazo en un entorno de crecimiento (los mercados financieros no tienen memoria: sólo tienen la lógica de la ganancia).

2. Prioridad del gasto social

Una sociedad justa tiene que garantizar el derecho a la existencia a través de la priorización absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales sobre cualquier otro compromiso. De ahí que a corto plazo sea necesaria una reforma constitucional que elimine el artículo 135, así como una derogación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones. Aprobación y aplicación de una Ley Orgánica para garantizar la prioridad en el gasto para satisfacer en las condiciones establecidas en la propia Constitución los derechos sociales y económicos establecidos en art. 27 del Título I (derecho a la educación) y en su Capítulo III (salud, pensiones, protección social y familiar, vivienda, etc.). Esta ley debe reconocer estos derechos como exigibles ante las autoridades.

Aprobación y aplicación de sendas Leyes Orgánicas que desarrollen el papel social de la propiedad, establecido en el art. 128 del texto constitucional y la planificación democrática de la economía establecida en el art. 131.

Hay que garantizar la titularidad pública en sectores como vivienda, energía, infraestructuras, pensiones, educación y salud. Todos los servicios declarados de primera necesidad deben ser 100% públicos y quedar garantizados para toda persona, con independencia de su país de origen.

La crisis ecológica y la necesidad de iniciar un proceso de redistribución del poder conlleva aceptar la urgencia de nacionalizar y controlar democráticamente las grandes empresas productivas de aquellos sectores considerados estratégicos, tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la energía.

3. Empleo y salarios

Con las medidas de “austeridad” fracasando ampliamente en el objetivo de combatir el desempleo, es urgente reconducir la política económica y adoptar políticas de estímulo económico. Apostamos por la adopción de un plan de emergencia para combatir el desempleo, y el establecimiento de las bases para una Estrategia Europea de Inversiones, a través de tantos instrumentos como sean necesarios, que aumente la capacidad de financiación para inversiones. El objetivo esencial es la creación de empleo decente, pero además aprovechando para modificar la estructura productiva a fin de que presente una estructura productiva diversificada y de alta productividad.

Esta política expansiva no puede ignorar el impacto medioambiental del proceso de crecimiento económico, y debe atender a una reconfiguración productiva de principios ecológicos. No puede caerse en el error de considerar que debemos, o incluso podemos, volver a un crecimiento económico propio de la época anterior a la crisis. El capitalismo de tipo keynesiano está agotado.

El centro de la política económica alternativa que proponemos es lograr el pleno empleo digno y de calidad, cuyo objetivo inicial se concreta en alcanzar unas cifras de paro inferiores a las del inicio de la crisis (es decir bajar por debajo del 10% de la población activa en términos EPA) en el período de una legislatura. Con esta finalidad se articula y a ella se subordina toda nuestra alternativa económica.

La participación salarial tiene que crecer recuperando el peso perdido en los últimos años, en contraposición con la participación de los beneficios. Ello se puede hacer coordinando políticas salariales y entrando de lleno en la determinación salarial por la vía de fortalecer la centralización de la negociación laboral. Un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y ninguna pensión por debajo de dicho salario mínimo.

Se han de imponer topes salariales tanto en el sector público como en el sector privado a fin de romper con la tendencia de desigualdad que conlleva la dinámica capitalista.

El papel de la negociación colectiva es clave para fortalecer el peso de la participación salarial y de ese modo facilitar condiciones económicas justas para todos los trabajadores. Ello aseguraría, asimismo, un elemento sólido de demanda interna que fomente el crecimiento económico. Además, hay que desarrollar normativa laboral para incrementar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Esta participación asegurará un comportamiento más adecuado de las empresas a medio y largo plazo, así como establecerá unas relaciones de identidad más sólidas con la actividad productiva.

Hay que tener en cuenta y de forma muy especial el empleo juvenil, con planes especialmente diseñados para atajar el grave problema que supone la emigración de la juventud. Y, además, resulta urgente vincular ese hecho con el necesario increment de la inversión pública en infraestructuras de proximidad y en actividades que permitan impulsar el I+D+i.

4. Políticas de igualdad y tiempo de trabajo

Como garantía de una sociedad justa y solidaria. Igualdad real entre mujeres y hombres frente a los retrocesos que el PP está llevando a efecto en los derechos conquistados durante décadas de lucha del movimiento feminista.

El avance histórico de la productividad tiene que repercutir positivamente en las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos europeos, de tal forma que la economía ha de quedar subordinada a los principios sociales de sostenibilidad, trabajo decente, equidad y democracia. Además, la cantidad de ciudadanos desempleados es mucho más elevada de lo que el sistema puede absorber en el corto plazo a través de cualquier política de estímulos, con lo que procede repensar asimismo el tiempo de trabajo diario. En consecuencia apostamos por la reducción de la jornada laboral paralela al crecimiento histórico de la productividad. Hay que acomodarse a los límites del planeta reduciendo el impacto del consumo material y ajustando la capacidad de producción a los recursos existentes. Es urgente poner a la economía al servicio de las personas, de modo que un reparto del trabajo se hace imprescindible para mantener el pleno empleo en el marco de un nuevo modelo de producción y consumo. Un reparto del trabajo que se haga sobre la base de un incremento de la participación salarial en la renta, esto es, manteniendo sueldos y reduciendo los márgenes de ganancias empresariales.

Reconocer a los migrantes los Derechos Humanos establecidos en los acuerdos internacionales y desarrollar políticas de integración social y laboral.

5. Reforma fiscal

Que lleve a un sistema fiscal que en su conjunto sea progresivo, como dicta la Constitución. Eso requiere descenso del peso de los impuestos indirectos y crecimientos de los directos, que gravan en función de la renta y la riqueza. Eliminación de los gastos fiscales. Intensificación de la lucha contra el fraude y prohibición de las transferencias con territorios jurídicos considerados paraísos fiscales. Y reforma y fortalecimiento de la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo hasta alcanzar los recursos humanos y materiales medios existentes en los Estados de la UE equivalentes al nuestro.

Abolición del Tratado de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así como toda normativa que establezca el principio de consolidación fiscal como único criterio para guiar la política económica dentro de la Unión Europea. El objetivo principal de las instituciones europeas ha de ser la creación de puestos de trabajo, y eso es absolutamente incompatible con la camisa de fuerzas que imponen los tratados y normativa jurídica desarrollados en los últimos años.

La creación de un Impuesto sobre Transacciones Financieras se hace necesario para desincentivar las actividades especulativas, y para recaudar complementos que tengan como fin la inversión en creación de trabajo decente.

Los países europeos deben aspirar a construir espacios de integración financiera que sean autosuficientes y que tengan prohibidas no sólo las transferencias con paraísos fiscales sino que también se caractericen por una estricta regulación financiera. El objetivo ha de ser garantizar la esclavitud de las finanzas con respecto a la economía productiva y a su control democrático por parte de los trabajadores. Para facilitar este propósito y evitar la fuga de capitales en aquellos espacios de integración financiera que sean reducidos en tamaño es imprescindible establecer controles al libre movimiento de capitales.

6. Banca Pública y Sistema Financiero

Creación de un sistema de banca pública que realice funciones de banca al por menor (cajas de ahorros), banca de desarrollo (reconversión del modelo productivo) y banca del estado (deuda pública). Además, se trata de fomentar la banca ética y las bancas cooperativas, frente a la gran banca privada.

La nacionalización proporcional del sistema financiero debe ser la condición necesaria para recibir ayudas del sector público. Además, debe ser una decisión que no tenga marcha atrás, esto es, que esté prohibida su privatización posterior. La existencia de banca pública es un requisito para poder garantizar que el crédito fluye hacia los sectores productivos que van a pilotar el modelo de desarrollo alternativo. Hay que sustituir el criterio de la rentabilidad por un criterio social que establezca las prioridades de desarrollo económico. El control de las entidades financieras ha de ser democrático.

Avanzar hacia una unión bancaria en el ámbito europeo que sea el germen de una banca pública europea cuyo objetivo sea financiar las inversiones a largo plazo y cuya actividad de gestión de depósitos esté nítidamente separada de la actividad de inversión.

7. Derecho social a la vivienda

Llevar a cabo medidas favorables a las familias hipotecadas por medio de la moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social.

Además, el gran número de viviendas que están vacías y en propiedad de la banca deberían ser utilizadas para crear un gran stock de viviendas en alquiler público barato.

El endeudamiento privado es uno de los escollos fundamentales que enfrenta cualquier política expansiva, pero además es uno de los factores que agravan la situación de las familias y de las empresas. Por eso es necesario poner en marcha programas de reestructuración de la deuda privada, administrados por los gobiernos nacionales pero financiados a nivel europeo, que faciliten el desendeudamiento familiar y puedan estimular el consumo en pequeñas y medianas empresas. Los criterios de tales programas han de estar basados en la justicia social, de modo que han de atender a la renta y riqueza de las familias afectadas.

8. Políticas agrarias y ganaderas

Fomento del sector primario como base de un mundo rural vivo en lo económico, en lo social y en lo ecológico y por lo tanto clave en el desarrollo de las economías locales y refuerzo del desarrollo endógeno. Por una Política Agraria Común que deje de subvencionar las grandes explotaciones y las grandes corporaciones transnacionales de la agroindustria y de promover el proceso de acumulación de tierras en los países empobrecidos, acabar con el Dumping. en definitiva una PAC que sirva para planificar de forma armónica la producción agrícola sobre la base de las necesidades de los distintos países.

De forma especial de los canales de distribución y comercialización para evitar oligopolios que arruinen a los agricultores y que especulan con los productos alimenticios. Trabajar para que las economías locales estén al servicio de las personas, atendiendo a sus necesidades, con criterios de suficiencia, de equilibrio territorial y de reposición y uso sustentable de los recursos.

Hay que redefinir y reconsiderar la territorialidad y apostar por un modelo descentralizado, que refuerce la economía local, los circuitos cortos y el desarrollo endógeno.

Revolución política

El golpe de la Troika, que esta limitando los espacios de una democracia formal y poniendo los cimientos de un régimen autoritario, es el resultado de un proyecto político europeo, pactado por la derecha y la socialdemocracia europea, concretado en todos los tratados europeos desde Maastricht hasta el último de Estabilidad, sobre la base de la desregulación económica y financiera, las privatizaciones, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central que incentiva la especulación financiera de la banca privada.

Se trata de contraponer un modelo de integración horizontal y solidario, que empiece por consolidar las alianzas en el sur de Europa, frente al principio desregulador que garantiza el traspaso de las rentas del trabajo a las del capital haciendo retroceder las conquistas de las personas trabajadoras, su capacidad adquisitiva, sus condiciones laborales y sociales.

Por ello teniendo en cuenta el marco de descrédito de la política que la derecha trata de extender para justificar un recorte de libertades, debemos plantear propuestas que demuestren que es posible recuperar la confianza desde la máxima participación ciudadana, y para ello debemos plantear medidas que persigan la radicalidad democrática transformando las instituciones y que en el ámbito social promuevan la politización de la ciudadanía y su participación efectiva en las mismas y en su control.

En este marco, tenemos que señalar que la crisis que asola al Estado español no es solamente una crisis económica, sino también una crisis política que está anclada en el paulatina degeneración del sistema monárquico instaurado en 1978 y de su, desde largo tiempo instalada, dinámica bipartidista. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el sistema esta intentando salvar el bipartidismo monárquico y recomponer lo que podemos convenir en llamar régimen del 78, para lo cual está desviando las criticas que se lanzaban desde el 15 de Mayo de 2011 hacia el bipartidismo y los partidos mayoritarios. Es decir, está tratando de esconder su propia responsabilidad.

De esta manera, hoy son todos los partidos políticos, sindicatos e instituciones como el Parlamento los que se encuentran entre los sujetos políticos peor considerados por parte de la población.

No podríamos entender este hecho sin atender a las múltiples y graves deficiencias democráticas que tuvo la llamada transición, que se realizó como un proceso esencialmente reformista y sin ruptura democrática con la dictadura y sus aparatos de estado. No obstante, estas deficiencias que hoy se reafirman con viveza no suponen un problema para la propia estructura bipartidista. Más al contrario, las tendencias hacia el apoliticismo, y particularmente hacia el abstencionismo electoral de sectores críticos al sistema, derivadas de la actual crisis, son bienvenidas tanto por el Partido Popular y el Partido Socialista como por el poder económico.

En una suerte de nuevo empuje hacia la idiocia, o preocupación exclusiva por la vida privada, el régimen procura escapar de su crisis de legitimidad expulsando a los ciudadanos de la vida pública. El apuntalamiento del régimen se acompaña asimismo con las duras medidas de represión basadas en la generación y gestión del miedo.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy está inmerso en un ejercicio de marketing político en el que la retórica de regeneración democrática no está acompañada de sustancia alguna. Las medidas incorporadas en sus propuestas son claramente insuficientes, quedándose en aspectos superficiales y limitados a una mayor información pública. No hay entre las propuestas del Gobierno ningún espíritu de incrementar la participación política de la ciudadanía, ni de crear mecanismos para la fiscalización de los cargos públicos y su actividad. En definitiva, no hay nada que pueda ser considerado verdaderamente regenerador.

Frente a esta propuesta nosotros consideramos que la política y la vida pública no es el problema, sino la solución, y denunciamos el intento de vincular un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar, con la Política con mayúsculas. Por esas razones hemos acordado realizar un llamamiento para la rebelión democrática, en aras de lograr suficiente masa crítica como para tener la hegemonía suficiente para poner en marcha un Proceso Constituyente que desemboque en una democracia republicana en el Estado Español. Nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad que anhela la democracia y la participación política.

El documento que presentamos para su debate a la sociedad está conformado por cuatro ejes.

1. Estatus del cargo público

En la tradición política liberal domina la visión según la cual es razonable desconfiar de los ciudadanos, del pueblo y especialmente de la clase trabajadora, bien sea por su supuesta baja cualificación o por su supuesta incapacidad para la correcta toma de decisiones. De ahí que en las últimas décadas de hegemonía liberal se hayan instituido una serie de instituciones, como el Banco Central Europeo, sin control por parte de parlamentos y gobiernos, a los que se superponen en las tomas de decisiones, es decir con un carácter absolutamente antidemocrático. No es casualidad, de hecho, que durante la presente crisis la mayoría de decisiones relevantes en materia económica hayan sido tomada por instituciones no directamente vinculadas a la ciudadanía, como son las que componen la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo). Y, a tenor de la voluntad explícita manifestada por los diferentes gobiernos europeos, la tendencia es a continuar con el proceso de alejamiento de las instituciones respecto a la ciudadanía.

Basándose en esta filosofía, naturalmente ideológica y al servicio de una determinada clase social, se ha optado siempre por el diseño de leyes electorales que filtrasen la voluntad popular. En consecuencia, el diseño liberal de las instituciones ha preferido mecanismos de representación que teóricamente permitían elegir a los mejores de entre el pueblo, garantizando su independencia con respecto a éste una vez hubieran sido elegidos. La ausencia de mecanismos de fiscalización del cargo público o la imposibilidad de poder revocar el mandato hasta un nuevo proceso electoral son, a nuestro juicio, deficiencias que hay que corregir.

Propuesta nº 1: Creación de la figura del revocatorio

Consideramos necesario que el parlamento y otras instituciones de representación reflejen de la forma más precisa posible la sociedad y sus conflictos de clase, de la misma forma que entendemos que los cargos públicos han de estar vinculados estrechamente a sus representados.

En consecuencia, creemos urgente crear el mecanismo del revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno. Esta figura permite a los representados retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato, sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones, de tal forma que si éste se desvía de la defensa de los intereses por los cuales fue elegido cabe deducir su pérdida de legitimidad.

Propuesta nº2: Transparencia y rendición permanente de cuentas

Al inicio de cada mandato, el cargo público ha de hacer público todo su currículum profesional y político, así como su patrimonio y renta, con el fin de que los representados tengan la máxima información posible del representante en cuestión.

Además, sometiéndose de esta forma al escrutinio público, dicho cargo público ha de hacer público en todo momento su actividad política vinculada a las tareas para las cuales ha sido elegido. En el plazo de un tiempo determinado, por ejemplo cada año, el cargo público tiene que rendir cuentas de su actividad ante sus representados. Al final del mandato el cargo público habrá de volver a someterse a un nuevo escrutinio en el que pueda comprobarse si efectivamente ha acometido con éxito las tareas de representación que le fueron encomendadas.

Propuesta nº3: Remuneración justa

Consideramos necesario que todo cargo público reciba una remuneración fija, austera pero razonable para garantizar que puede desarrollar la actividad en plenas facultades. Las medidas destinadas a retirar esta remuneración no tienen otro propósito que dejar la política en manos de los ricos, frente a lo que nos oponemos radicalmente. Así, entendemos que es necesario que el salario garantice que el representante ejerce su función no como forma de enriquecerse en política.

Una remuneración que nunca será superior a la del funcionario de mayor rango de la Administración en la que esté. Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Supresión de los regímenes especiales en materia de pago de impuestos, años de cotización y monto de las pensiones y en general cualquier régimen especial socio laboral o fiscal.

Propuesta nº4: Incompatibilidad poder privado y poder público

Durante décadas nuestro sistema político ha padecido la simbiosis existente entre el poder privado y el poder público, de tal forma que se ha podido lubricar todo proceso de corrupción en aras del beneficio privado. La consecuencia más clara es que algunos representantes públicos han dejado de estar vinculados a sus representados y han pasado a ser meros títeres de las grandes empresas y las grandes fortunas que les han influido o cooptado, directa o indirectamente. De ahí que consideremos imprescindible profundizar la ley de incompatibilidades de los cargos públicos, tanto durante el mandato como en los años posteriores al fin del mismo.

Propuesta nº5: Ley anti-corrupción

Aprobación de una ley integral -y severa- anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas. Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Adopción de medidas estrictas contra el transfuguismo.

2. Participación civil, transparencia y democracia participativa

Frente a una democracia fundamentalmente representativa, como aparece reflejada en la Constitución de 1978, nosotros proponemos incrementar los mecanismos de democracia participativa a fin de que los ciudadanos mantengan un rol político activo. Denunciamos la visión caricaturesca según la cual la democracia consiste únicamente en votar cada cuatro años, y apostamos por una democracia radical donde la participación ciudadana sea permanente.

Establecer mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública, que garanticen el desarrollo de la participación como un derecho. Potenciar asimismo la organización de la llamada sociedad civil.

Propuesta nº1: Referéndums e Iniciativas Legislativas Populares

Proponemos facilitar la convocatoria de los referéndums y la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares. De hecho, consideramos necesario ampliar las circunstancias por las cuales un referéndum es un elemento obligatorio, a fin de que las más importantes decisiones de política exterior e interior tengan que ser refrendadas por los ciudadanos. Así, la reducción de requisitos para presentar una Iniciativa Legislativa Popular y la facilitación de su tramitación nos parecen igualmente necesarios.

El establecimiento de mecanismos de autorización de actuación pública, como las consultas populares o los referéndums, para asunto de trascendencia estatal, autonómica o municipal convocados por el presidente del gobierno, los presidentes de las Comunidades Autónomas o los Alcaldes o un número determinado de ciudadanos.

Propuesta nº2: Transparencia en la gestión de las finanzas públicas

Imprescindible aprobar una ley de transparencia que garantice que todos los ciudadanos puedan acceder a todo presupuesto público, tanto a nivel de presentación como de ejecución. Que todos los contratos establecidos entre empresas privadas y administración pública sean publicados de forma clara en las páginas web de las administraciones, facilitando así mismo la presentación pública de las condiciones de los concursos públicos.

Asimismo, consideramos que toda la información relativa a los representantes y cargos públicos, como sus agendas públicas, debe ser igualmente transparente para facilitar el conocimiento por parte de los representados. Aprobación igualmente de leyes que faciliten la obtención de información por parte de ciudadanos y de los representantes y que prohíban el silencio administrativo.

Propuesta nº3: Comisión de peticiones en el Congreso

Mejorar y fortalecer, dando más peso, a la comisión de peticiones en la que todos los ciudadanos pueden dirigirse de forma directa al poder legislativo. Así, habilitar espacios para que las organizaciones civiles puedan establecer un diálogo directo con los representantes del poder legislativo. Buscar nueva fórmulas por la cual el Parlamento se abre a iniciativas ciudadanas que no tienen porqué ser necesariamente legislativas (preguntas, proposiciones no de ley, etc).

Propuesta nº4: Separar el poder ejecutivo del poder legislativo

Estudiar las medidas necesarias para garantizar la autonomía de ambos poderes, para asegurar que el gobierno no tiene mecanismos de cooptación o coerción sobre los grupos parlamentarios que lo han apoyado. Facilitando así la flexibilidad y la autonomía del poder más importante, el legislativo.

Propuesta nº5: Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos

Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. Para ello se establecerán mecanismos de participación ciudadana en la actuación de la administración y en diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y su ampliación al ámbito socioeconómico. Esta participación debe orientarse por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. El ejercicio de este derecho se realizaría a través de distintos mecanismos como de democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales, los observatorios populares. Establecimiento obligatorio de gestación, gestión y control participativos de los presupuestos de las administraciones públicas.

3. Procedimiento electoral

El diseño de leyes electorales destinadas a deformar el conflicto de intereses y de clases que existe en toda sociedad, moldeando de esa forma el parlamento resultante, ha sido un continuo también en la tradición liberal. De forma específica en nuestro país, la ley electoral vigente ha fomentado el dominio de dos únicos partidos que han tendido a asemejarse el uno al otro, al competir por el mismo conjunto de ciudadanos y a partir de las mismas estrategias políticas. La política ha sido deformada y el parlamento ha perdido su capacidad de representar de forma precisa a la sociedad.

Propuesta nº1: Ley electoral de carácter proporcional

Pensamos que cualquier ley electoral que se aleje de la proporcionalidad será un diseño institucional tramposo y no democrático. Por esa razón, entendemos necesario modificar el sistema de circunscripciones para la Cámara Baja, el Congreso, y garantizar que el voto de cualquier ciudadano del Estado español tiene el mismo peso con independencia de la ubicación geográfica en la que esté adscrito.

Establecer la misma proporcionalidad en los Parlamentos autonómicos, acabando con la disparidad de criterios de una comunidad a otra. Cada CCAA, un circunscripción electoral para su Parlamento. Avanzar en el derecho al sufragio, reconociéndolo a partir de los 16 años e incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de residencia en el Estado español.

Propuesta nº2: Financiación de los partidos políticos

Proponemos que toda la financiación de los partidos políticos tenga que ser pública y que esté prohibida la financiación privada. Asimismo, creemos necesaria la creación de una entidad independiente que fiscalice las cuentas electorales de los partidos y la actividad electoral que éstos realizan, a fin de garantizar que el presupuesto final se adapta a la actividad material.

En todo caso, proponemos también que el Estado garantice la pluralidad informativa en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en tiempos de campaña electoral. Debates públicos con todas las formaciones, en horarios de prime time, y una información que pueda permitir reducir el desembolso electoral de los partidos.

Propuesta nº3: Sobre los partidos políticos

Se propone legislar sobre el funcionamiento de los partidos políticos, a fin de garantizar la democracia interna (entendida en su tradición republicana, esto es, como procedimientos de fiscalización sobre los dirigentes/representantes) como condición imprescindible para el acceso a cualquier tipo de proceso electoral y, por supuesto, de subvención pública. Así, le serían aplicables todas las propuestas que en este documento se han señalado.

4. Democracia en la palabra. El derecho a la no desinformación y contra la acumulación y monopolización de medios

Los antiguos griegos definían la isegoría como la igualdad en la participación de la palabra, especialmente en el momento de participar en la asamblea. En nuestras sociedades modernas, más de dos mil años después de aquella descripción, estamos lejos de alcanzar una situación siquiera parecida a la que sugiere tal concepto. Porque hoy la palabra pública está muerta, despedazada por los medios de comunicación privados que privan a determinados sectores e ideas la exposición de sus planteamientos. Así, hoy en día asistimos a un espectáculo donde una idea común, un pensamiento único y uniformador, se desdobla en dos tipos de matices y se expone como debate público. Nada más lejos de la verdad.

Porque creemos que todos los ciudadanos y organizaciones tenemos el mismo derecho a exponer nuestras ideas públicamente, a ser oídos y escuchados por el conjunto de la población, creemos en la democracia en el interior de los medios de comunicación. Creemos en el derecho a la información y en el derecho a la no desinformación, esto es, a la verdad. Maltrecha la profesión del periodismo por los enormes conglomerados privados que obedecen a los intereses de sus propietarios privados, así como por las televisiones públicas, dirigidas políticamente en la dirección que al gobierno de turno le convenga, procede buscar soluciones inmediatas para garantizar la profesionalidad y los derechos a la información.

Propuesta nº1: Debates plurales y ruptura del bipartidismo

Como parte de la estrategia de apuntalar el régimen bipartidista que sostiene al capitalismo español, las televisiones han sido inducidas políticamente a mantener debates políticos con solo dos participantes, uno por cada cara de la moneda del sistema. Así, se ha coartado la libertad de expresión y el derecho a la información de gran parte de la sociedad. En consecuencia, proponemos legislar para garantizar que todas las televisiones tengan la obligatoriedad de proporcionar debates políticos en condiciones de pluralidad. Además, como parte de un servicio público permanente y no sólo vinculado a los períodos electorales.

Propuesta nº2: Democratización de los medios de comunicación

Proponemos legislar de forma que todos los medios de comunicación tengan protocolos democráticos según los cuales las decisiones sobre la información no estén tomadas sólo por los propietarios sino que el conjunto de las redacciones tengan derecho a expresar su opinión y tomar decisiones respecto a la materia sobre la que se informará.

Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal. Nos oponemos a la privatización de los medios de comunicación públicos.

Propuesta nº3: Turnos de palabra en Congreso y Senado

Proponemos ampliar el reglamento del Congreso de forma que se incremente el cupo destinado a los grupos parlamentarios para hacer uso de la palabra, pudiéndose así expresar la totalidad de las posiciones políticas representadas en el pleno, y una mayor participación de los diputados/as a titulo personal.

Reforma de los Reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales para asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.