Notícies del PCC

PER UNA CATALUNYA SOCIAL PER VIURE DIGNAMENT, AMB SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT I AMB OCUPACIÓ

Celebrem aquest 1r de maig, Dia Internacional del Treball, en un moment on es posa cada cop més de manifest que els treballadors i treballadores (Panrico, Alsthom, TV TV3 i Catalunya Ràdio, Coca-Cola, neteja de Madrid, i tantes d’altres empreses i col•lectius) estan donant resposta amb la mobilització a les polítiques neolliberals que durant sis anys s’estan portant a terme pels governs del PSOE primer i del PP després, i a Catalunya pel govern de CiU, amb el recolçament de ERC.

El passat 22 de març una gran manifestació de dos milions de persones a Madrid, amb una presencia molt nombrosa desde Catalunya, van reclamar “pà, treball i sostre” denunciant les polítiques del Govern del PP, demostrant de forma contundent que “si es pot” lluitar contra la barbàrie. I en el marc de reclamar un treball digne, les concentracions del dia 30 d’abril davant dels SOC’s donaran continuitat a aquest reclam.

Les dades ens mostren 5,9 milions d’aturats a Espanya i d’aquests, 820.400 a Catalunya. L’exclusió social i la pobreça va en augment: a Espanya mes de 3,9 milions de persones a l’atur no reben prestacións d’atur. A Catalunya una taxa del 21% es troba en risc d’exclusió social. Es retallen els salaris reals (un 9% aproximadament entre 2010 i 2013), les prestacions socials, els serveis públics i la inversió productiva, deprimint la demanda i afectant negativament a la qualitat de vida de la ciutadania.

A Catalunya defensarem l’exercici del dret a decidir, però també sobre les poíitiques socials i econòmiques a desenvolupar.

EUiA proposem:

1. Salari i pensions mínims de 1.100 €. Garantir el poder adquisitiu de les pensions.

2. Treball digne i estable, segur i saludable. Retirada de les últimes reformes laborals.

3. Reducció de la jornada de treball a 35 h sense reducció de salari per garantir la plena ocupació.

4. Per una Renda Garantida Ciutadana per les persones sense o amb baixos ingresos i serveis bàsics d’aigua, electricitat i gas, i transport públic d’accés garantit.

5. Regulació de la dació en pagament a la llei hipotecària com a fórmula per evitar desnonaments.

6. Reforma fiscal justa, perquè pagui més qui més te. Lluita contra el frau i l’evasió fiscal.

7. Igualtats d’oportunitats, drets i deures de ciutadania de totes les persones inmigrades.

I el pròxim dia 25 de maig tenim eleccions europees en un context de revifada de la extrema dreta a Europa, i de canvi de model amb les polítiques d’austeritat imposades desde la Troika. Europa ha d’estar al servei de les persones i no únicament al servei dels mercats i de les grans corporacions financeres i industrials.

És necessàri mobilitzar-nos políticament amb un vot decidit a l’esquerra que representa EUiA

DIJOUS 1 DE MAIG, TOTHOM A LA MANIFESTACIÓ

VISCA EL 1R DE MAIG!

14 de Abril, República: Una oportunidad para la democracia

Joan Josep Nuet

Uno de los más valiosos legados de la II República española es sin duda el pensamiento republicano y sus valores, porque si ayer fueron ejemplares, hoy todavía permanecen vigentes: la libertad, la igualdad, la laicidad, la virtud cívica, el federalismo, el respeto de los derechos humanos. En una palabra, el compromiso con una democracia avanzada.

Pero además de los valores políticos, recordemos también los ideales humanistas que la animaban: la honestidad, la fraternidad y, en general, el compromiso con la suerte de los trabajadores y el bien común.

Todos aquí podemos compartir una misma afirmación: que la España laica, republicana y federal, la de las fraternidades obreras, los círculos esperantistas y los ateneos populares murió en 1939 a manos del fascismo, pero que los valores republicanos, por su carácter universal, perviven en el día de hoy y renacen con vigorosas raíces. Por eso, la conmemoración de la II República no es un acto nostálgico de recuerdo del pasado, sino que nos invita a una reflexión renovadora sobre los problemas que todavía permanecen sin resolver en la España de nuestros días.

Proclamada el 14 de abril de 1931, la II República trajo varias innovaciones de gran calado que pretendían superar, en sentido modernizador, los principales factores de atraso social y político que había venido padeciendo el país desde los inicios del siglo XIX: en lo político, el establecimiento de una auténtica democracia representativa; en lo social, la reforma agraria y una legislación laboral acorde con los tiempos; en lo religioso, la instauración de un Estado laico, mediante la separación del Estado y de la Iglesia, y en lo militar, la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil.

El primer régimen realmente democrático de España

La II República fue el primer régimen realmente democrático en nuestra Historia, con medidas tan decisivas como la implantación del sufragio verdaderamente universal con reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. La Constitución de 1931 fue también la primera que abordó el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, y las bases de lo que hoy conocemos como Estado de bienestar. Asimismo, trató de resolver el problema de la articulación territorial de España mediante el sistema de estatutos de autonomía elaborados por iniciativa de los territorios que aspiraban a su autogobierno y se adelantó en proclamar la renuncia a la guerra como instrumento de política internacional. La Carta Magna instauró un Estado moderno, laico y democrático. Introdujo el principio de laicidad del Estado y medidas como el divorcio, el matrimonio civil y la enseñanza laica.

La Constitución republicana de 1931 definía a España como “una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”.

Una república laica

El gobierno republicano era heredero del pensamiento progresista del siglo XIX, que vinculaba el laicismo al progreso de la nación. Para modernizar la sociedad española se hacía necesario, a su entender, una regulación que garantizara el control de la enseñanza pública, separándola de toda influencia de las órdenes religiosas. Dicho proyecto encontró una decidida oposición desde una Iglesia aferrada al principio de confesionalidad del Estado. La Constitución republicana afirmaba, en su artículo 3º, que “el Estado español no tiene religión oficial”.

La república de los maestros

Ninguna de las medidas del gobierno republicano causó tanta polémica como la decisión de instaurar una escuela laica y, más concretamente, la no obligatoriedad de la asignatura de religión primero y la supresión después de dicha asignatura en las escuelas públicas.

El ideario republicano, que recogía las principales corrientes de innovación pedagógica, se resumía en una escuela laica, unificada y coeducativa de alumnos y alumnas. No en vano, se conoce a la II República como “la república de los maestros”, tan felizmente ilustrada en la película La lengua de las mariposas. En un momento en que se discute el modelo educativo, cuando vuelve a haber polémica a propósito de la enseñanza de la religión, quizá sea el momento de reivindicar la memoria de aquellos maestros de escuela que el franquismo condenó a la represión y al olvido. “Laica, obligatoria y gratuita”. Así defendía la enseñanza la Constitución de 1931, que atribuía al Estado el servicio público de la cultura.

República y federalismo

El federalismo entró en el imaginario colectivo con Francisco Pi y Margall, con la I República Española de 1873 y su intento de conciliar en un mismo modelo de Estado los conceptos de democracia, federalismo y descentralización.

La II República aprobó los estatutos de autonomía de Catalunya y Euskadi. El golpe de Estado de 1936 y la guerra impidieron debatir el de Galicia y otras iniciativas autonómicas iniciadas en Valencia, Aragón, Castilla, Baleares y Andalucía.

Todo lo anterior apunta a que si la II República hubiese sobrevivido, muy probablemente el sistema de regiones autónomas se hubiese generalizado.

Los valores y las propuestas iniciadas durante la II República tienen que ver con las preocupaciones culturales y políticas de los españoles de hoy. No se puede hablar de continuidad, pero aquella experiencia es para la democracia actual un antecedente de corta duración que sucumbió ante la fuerza de intereses y de organizaciones antidemocráticas.

Defender la memoria –viva en tantas generaciones– de los valores republicanos nos lleva también a rechazar con firmeza las diversas maniobras que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República española. Porque la II República marcó un paso decisivo en la consideración de los españoles como ciudadanos de una democracia, y además, al asociar cambio político y reformas sociales distributivas, se situó en el espacio de la modernidad desde el cual emerge la noción de ciudadanía social.

Hace más de 80 años

De este modo, el republicanismo cívico, con gran tradición política, enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad, situando al ciudadano como centro de la acción política.

Este año se conmemora el 80º aniversario de la proclamación de la II República. Nuestra obligación moral es recordar la memoria histórica y reivindicar que aquellos valores siguen siendo plenamente vigentes hoy también. Han pasado 80 años, pero en el corazón de la ciudadanía todas las primaveras siguen siendo aquella primavera del año 1931. Hoy, el pensamiento republicano sale del ostracismo al que fue sometido durante mucho tiempo en España. Son muchas las gentes que se sienten republicanas y, significativamente, muchos jóvenes. La cultura republicana enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad actual.

Y es que el pensamiento republicano, sus anhelos y valores, no se agotaron ni con el franquismo ni con la transición. La construcción de una propuesta política republicana debe ir más allá del cambio en la jefatura del Estado. Ha de ser una propuesta que desarrolle un marco común de valores, de derechos y de libertades con los que los republicanos nos sintamos identificados, un proyecto constitucional hacia la III República.

El debate catalán en el Congreso de los Diputados: Rajoy ahoga España

Hoy hemos asistido al debate en el Congreso de la propuesta del Parlament de Catalunya sobre la petición de transferencia mediante el artículo 150.2 de la Constitución, por parte del Congreso a la Generalitat, de una consulta sobre el futuro político de Catalunya.

En primer lugar constatar la satisfacción por la posición defendida tanto por Joan Herrera de ICV-EUiA en nombre del Parlament, como por Joan Coscubiela de la Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA), posición de voto favorable a tomar en consideración la propuesta y transferir esa consulta puntual. No es fácil con el ruido provocado que la izquierda no sea absorbida por el debate identitario entre los nacionalismos español y catalán y por ello pierda la básica referencia democrática a defender el derecho a decidir y ampliarlo al conjunto de aspectos sociales, democráticos y territoriales.

Rajoy no ha propuesto nada, se ha cerrado en banda blindado en su mayoría absoluta de lectura ultraconservadora y centralista del texto constitucional, texto constitucional que buena parte de su partido ni defendió ni votó favorablemente. Rajoy ha repetido la lectura constitucional inmovilista que se incorporó en 1978 al texto de la indisoluble unidad de la Nación española, como negadora de otras soberanías e incapaz de articular nuevos mecanismos de convivencia común basados en las soberanías compartidas de una República Federal Plurinacional.

Por parte del PSOE se mueve muy tímidamente ficha con su propuesta de reforma constitucional controlada. Esa reforma para el PSOE es totalmente contraria a nada que tenga que ver con un Proceso Constituyente que signifique una ruptura con el sistema bipartidista y su dependencia del modelo neoliberal de la Troika y que ampare el derecho a decidir.

Hace falta un cambio político

Sin ruptura Catalunya no podrá decidir, y ruptura significa movilización y alternativa Esa alternativa no pasa por el PP ni por la actual política del PSOE. Tengo todas las dudas de que a estas alturas en esa ruptura participe CiU.

Ahora hay que mantener la cabeza fría, huir de soluciones autodeclarativas o unilaterales, hay que mantener la unidad y la movilización. Al mismo tiempo hay que mantener la fuerza del dialogo entre Catalunya y España, entre los federalistas de los dos lados ya que representan una alternativa real que debe proponer soluciones sin dejarse arrastrar por la dinámica nacionalista conservadora y pro-Troika.

El PP rompe de verdad España ya que su proyecto no es un país para todos, niega precisamente el aprovechamiento de todos los enormes potenciales de colaboración de los ricos pueblos ibéricos, sin PP todo, todo, será mas fácil y posible.

COMUNICADO

Tegucigalpa, 3 de abril de 2014. Fruto del trabajo conjunto que venimos realizando el Instituto de Estudios para América Latina y Africa (IEPALA) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se adoptó el compromiso de organizar una misión parlamentaria de observación de DDHH a Honduras antes del cumplimiento de los 100 primeros días de mandato de Juan Orlando Hernández.

Desde su origen se hizo un esfuerzo por aglutinar a la mayor parte de las fuerzas políticas españolas, estando finalmente integrada dicha misión por legisladores de tres partidos políticos: el senador por el Partido Popular (PP) Dionisio García Carnero, el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso Joan Josep Nuet e Iñaki Anasagasti, senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

El objetivo de esta misión es verificar la situación de Derechos Humanos en Honduras respecto a los derechos civiles, políticos y sociales, un país con un alto grado de violencia y elevadas tasas de pobreza y desigualdad, que además vive un momento de gran complejidad en relación al panorama político. Estos días estamos escuchando diferentes voces de la población hondureña a través de reuniones y entrevistas mantenidas con diferentes actores, habiéndonos reunido hasta este momento con familiares de víctimas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, radios comunitarias y medios de comunicación, la Embajada de España en Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el grupo ACI, con el Coordinador General del partido LIBRE, el expresidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal de DDHH y el anterior y recién nombrado Comisionado Nacional de DDHH. Seguidamente a la presentación de este comunicado, seguiremos con el resto de la agenda, la cual recoge reuniones con los 4 ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, las FFAA, los representantes del G-16, el representante del Alto Comisionado de NNUU de DDHH, el ex Director de la Oficina de la Reforma a la Seguridad Pública y la Bancada del Congreso Nacional.

Al encontrarnos en el ecuador de la misión no podemos aún emitir conclusiones definitivas pero debemos trasladar algunas preocupaciones:

1. En todos los encuentros mantenidos hasta este momento se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanzar hasta un 98% de las violaciones denunciadas.

2. Hemos escuchado repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial.

3. Hemos recibido denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las FFAA: control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras. La excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.

4. Incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.

5. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las violaciones de DDHH se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición políticas, mujeres, colectivo de diversidad sexual entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.

6. La inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad impide la eficacia de las distintas medidas cautelares de protección sobre colectivos vulnerables dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema Interamericano de DDHH. La propia Corte de Justicia nos ha reconocido carecer de medios para implementar las medidas cautelares aprobados.

7. Hemos recibido múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de DDHH y otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de DDHH.

A modo de recomendaciones:

1. El estado debe asegurar una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del estado de derecho.

2. La lucha contra la impunidad debe implicar a todos los poderes públicos de forma coordinada y eficaz, única manera de conseguir acabar con esta realidad y recuperar la credibilidad de la sociedad respecto al estado de derecho.

3. El combate a la criminalidad y a la violación de los DDHH nunca será eficaz si no va acompañada de una sólida política de prevención.

4. Es obligación del estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por las instituciones competentes,a cuyo efecto deberán destinarse los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del estado con las muchas violaciones de derechos humanos denunciadas.

Al concluir esta misión los integrantes prepararán un informe exhaustivo en el que se recojan sus impresiones y conclusiones definitivas.