Notícies del PCC

De Suárez a las Marchas del 22M, el cambio imparable

Joan Josep Nuet

Dos acontecimientos históricos se han producido estos días a poca distancia el uno del otro, pero expresando dos realidades bien distintas que de forma divergente se alejan dibujando dos mundos, uno agotado que aún no ha desaparecido ni mucho menos y otro dando sus primeros balbuceantes y esperanzadores primeros pasos.

Ya he expresado mis condolencias por la muerte del expresidente Adolfo Suárez, pero me resisto a no opinar de lo que políticamente representa su figura y su época, lejos pues de acatar el cierre de filas o la lectura única que el sistema impone de la “modélica transición política” que se le otorga a el y a una serie de dirigentes influyentes, entre los cuales está el Rey, de la “milagrosa reconciliación nacional”.

No voy a cometer el error de minusvalorar la capacidad de una parte del régimen franquista para diseñar una reconversión democrática que permitiese al dictador morir en la cama y avanzar en una nueva democracia parlamentaria, sin memoria, donde los principales actores económicos, militares y eclesiásticos mantuviesen los principales resortes de poder en nuestro país.

Pero hay que reconocer desde los demócratas y desde la izquierda, como mínimo, que sin la oposición democrática antifranquista ese cambio no se hubiese dado o se hubiese dado con mayores signos de continuidad, aun.

Claro que la correlación de fuerzas del momento fue la que impuso la profundidad o no del cambio democrático, pero casi 39 años, después de la muerte del dictador Francisco Franco, nos permiten desarrollar con espíritu crítico un análisis de los factores que permitieron esa transmutación del franquismo y su capacidad de pervivencia no solo para influir sobre el desarrollo de los acontecimientos, sino, para convertirse aún hoy en base sociológica de una derecha española que pivota la actual crisis en base a postulados claramente de base totalitaria, el tipo de acumulación capitalista, la corrupción y el desprecio por la democracia y el centralismo.

El diseño de los pactos de la transición comportaron una derrota histórica de las fuerzas de cambio y una reconversión tranquila de las fuerzas franquistas que sin convertirse en derecha democrática y moderna de estilo centroeuropeo mantuvo los principales resortes de poder para poder recuperar su influencia cuando la coyuntura en España y, sobretodo, el cambio de tendencia mundial con la crisis de los 70 y el inicio a finales de esa década de la expansión del neoliberalismo, la reconectara con los postulados ideológicos mas extremos en América y Europa.

Las palancas para recuperar su hegemonía fueron aún los estertores de la guerra fría en clave OTAN y el nuevo modelo neoliberal de la CEE que se iba abriendo paso primero como única alternativa al bloque socialista y posteriormente como única lectura del “fin de la historia” que se convertía en el único orden mundial.

Por tanto los pactos de la transición estaban cargados de futuro, pero en el sentido de mantener las claves del poder en manos de esa derecha, y ejecutar una homologación a las democracias parlamentarias en el marco de la OTAN y la CEE, esa misma derecha tradicional, conservadora, ultra católica y militarista que se revolvió contra el Suárez Presidente y que diseñó el 23F, ante la voluntad de acometer cambios mas profundos, pero que usaron la UCD como un buen mecanismo de cambio lampedusiano.

Una de las claves de los pactos de la transición, con la Constitución de 1978 en el centro, es la posibilidad de su reinterpretación posterior en nuevas correlaciones de fuerzas con sus correspondientes hegemonías, ya que la derecha leyó con inteligencia la tendencia internacional anteriormente descrita y demostró gran capacidad de adaptación. Esa parte visionaria de Adolfo Suárez le distingue como persona inteligente que veía más allá que los sectores más reaccionarios de la derecha, pero que también construyó el entramado que finalmente relegaría a la izquierda política y a las fuerzas sociales de progreso a conseguir cuotas de gobierno pero no de poder real.

Evidentemente la resignación de los gobiernos del PSOE de Felipe González hicieron el resto para esa derrota histórica de la izquierda, ya que precisamente el legado de la visión de España de Suárez fue aplicado disciplinadamente por González y el PSOE, con una adaptación a las políticas atlantistas y neoliberales de la OTAN y la CEE, con sus correlatos posteriores de Maastrich y la UE.

En la Constitución todos los factores incorporados por la izquierda fueron inicialmente desarrollados en un Estado del Bienestar (en España llego solo al medioestar, trabajo, educación, salud, vivienda) de libertades políticas y sindicales, de propuestas de autogobierno para Cataluña y País Vasco, e incluso de declaraciones de Estado Social y de supeditación al interés general, pero no se administraron mecanismos de garantía política y jurídica para su cumplimiento y si que se hizo en cambio con la propiedad privada y la economía de mercado, el papel del ejército como garante de la unidad de España, la Monarquía o los privilegios de la jerarquía católica.

El Estado de las Autonomías como propuesta descentralizadora era positiva pero tenía una clara voluntad disuasoria y difuminadora de la realidad plurinacional del Estado y del empoderamiento de sus distintos pueblos, por ello al cabo del tiempo se fue convirtiendo (en esa estrategia conservadora relectora de unos acuerdos abiertos) en limitadora y encotilladora.

Por ello la muerte de Suárez viene a recordarnos la muerte política de los impulsos de la transición 35 años después de su despliegue. Un sistema político (bipartidismo de PSOE+PP+CiU+PNV, Ley Electoral y Democracia de baja intensidad sin Transparencia y Corrupción generalizada), un sistema económico (dominio económico de grupos oligárquicos que concentran cada vez mas acumulación y usan puertas giratorias en la política para afianzarla, que nos indujo a la crisis del 2008 y a sus aplicaciones de recortes y austeridad) y un sistema social (estado del medio estar y ante la crisis desposesión generalizada con perdida masiva de derechos y fractura social con precarización masiva).

Hoy todo ello no puede sostenerse, está en crisis profunda y solo la represión y el miedo que genera la precarización masiva han evitado hasta el momento la concentración y articulación mayoritaria y victoriosa de la alternativa.

Cuando hablamos de Ruptura Democrática nos referimos a eso, lo que no pudimos conseguir en 1978 intentarlo en 2014, ya que la única alternativa es la perpetuación de una crisis para la mayoría y la recuperación de beneficios para una cada vez más pequeña minoría.

Cuando hablamos de Proceso Constituyente nos referimos a eso, que la movilización y la participación política de la gente no sean amputadas o canalizadas por aparatos burocráticos en manos de oligarquías político-económicas.

Cuando hablamos de Nuevo País nos referimos a eso, una nueva República Federal Plurinacional con pueblos que voluntariamente definen un nuevo marco de convivencia entre ellos, vivir juntos por convicción e ilusión en una Democracia Social y Sostenible Avanzada.

Lo nuevo se expresó el 22M con las Marchas por la Dignidad, la historia de la movilización dentro de la crisis de 2008 tendrá como mínimo cuatro momentos, el 15M y lo que ha significado, las tres Huelgas Generales y Ciudadanas con su confluencia de clase trabajadora y luchas democráticas, la movilización por el Derecho Democrático a Decidir y su cuestionamiento del orden establecido de la segunda restauración borbónica y finalmente la confluencia de las mareas por la dignidad el 22M.

Si aprendemos a sumar, podemos vencer, siempre teniendo en cuenta que Gramsci nos recordó que en tiempos de cambio cuando está muriendo lo viejo y aún no nació del todo lo nuevo, aparecen monstruos. En Ceuta y en Colón sombras monstruosas nos recordaron que el sistema puede golpear y matar, pero somos una mayoría tan inmensa que algún día aprenderemos de verdad de nuestros errores y olvidos y ese día, estoy convencido, no puede estar tan lejos, después del 22M hay mas esperanza y el miedo de ellos puede notarse a larga distancia.

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El derecho a decidir para los federalistas

Joan Josep Nuet

La Carta de las Naciones Unidas consagra en su Capítulo I sobre propósitos y principios, el Artículo 1, párrafo 2: “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

La correlación de fuerzas políticas y sociales en 1978 impidió desarrollar en el texto constitucional la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de los distintos pueblos de España, al igual que consagró importantes derechos como los de trabajo, educación, salud, vivienda, aunque no desarrolló los mecanismos de garantía jurídica y política para su cumplimiento. Sí lo hizo con el derecho de propiedad privada, la Monarquía o los privilegios de la religión católica.

Esas limitaciones del texto constitucional estaban presididas por el optimismo del momento. La caída de la dictadura y el advenimiento de la democracia no podían menos que suponer un progreso político, social y económico que se creía imparable. De ahí la existencia de un texto que emanaba un espíritu constitucional abierto y que sólo se interpretaba como una oportunidad de evolución positiva. Entonces no se vislumbraba la realidad deconstituyente actual, liderada por la derecha heredera del franquismo.

Evidentemente la posibilidad de desarrollar de forma flexible la Constitución y el conjunto del bloque constitucional donde se insertan los Estatutos de Autonomía presidió la elaboración de los Estatutos de segunda generación, realizando una interpretación federalizante de la misma. Hoy sabemos que esa tendencia hubiese podido aportar una estabilidad importante a la arquitectura constitucional, ya que la estabilidad es flexibilidad e interpretación actualizada, mientras que el inmovilismo genera conflicto y enfrentamiento como nos demuestra la historia reciente.

La sentencia del Tribunal Constitucional (T.C.) contra el Estatut de Catalunya en el verano del 2010 no sólo supuso un jarro de agua fría para los federalistas, sino la constatación de que la derecha ya lideraba la interpretación de la crisis política económica y social. Constató también que el PSOE no luchaba por una alternativa real sino, más bien, por seguir formando parte del modelo bipartidista instaurado paralelamente al pacto de la transición, sellado por la monarquía borbónica, y disfrutar así de las ventajas que ello ofrecía.

Para el éxito de una visión progresista y federal de España, o la izquierda se apoya en una propuesta ambiciosa de ‘proyecto constituyente’ para nuestro país, del cual se derive una reforma constitucional, o se imponen las propuestas de regresión constitucional que la derecha proclama obedeciendo a un calculado programa conservador que se lidera desde FAES.

El Partido Popular intentó, y consiguió, utilizar al Tribunal Constitucional como ariete contra una lectura federalizante de la Constitución de 1978. Realizó una campaña previa de acoso y derribo contra ese texto estatutario para conseguir un puñado de votos sembrando la discordia y el enfrentamiento entre los pueblos de España. Esa sentencia del T.C. contra un Estatut refrendado por el pueblo de Catalunya está en el origen del conflicto de legitimidades que entonces se produjo y que hoy persiste. Esto ha derivado en una crisis profunda del modelo de Estado de las Autonomías que ha persistido durante 35 años.

Hay que construir desde la izquierda un discurso federal autónomo de la derecha y con capacidad propia de proponer un Nuevo País basado en un federalismo que respete la libertad de los pueblos.

Hemos asistido a la ‘reforma constitucional express’ ejecutada por el PSOE y el PP bajo el dictado del FMI, el BCE y la Comisión Europea, es decir, la troika. Decidieron cambiar en plano mes de agosto el artículo 135 que despliega e impone las políticas de recortes y austeridad frente a los derechos sociales y la prestación de servicios públicos de calidad.

También hemos contemplado, no sin nuestra oposición con todas las fuerzas de que disponemos, los reiterados acuerdos de sucesivos gobiernos del PSOE y del PP -con el apoyo perpetuo de CiU- aprobando rebajas de impuestos a las grandes fortunas y capitales que han desfiscalizado y empequeñecido al Estado español, reduciéndolo a extremos irreconocibles que no garantizan el ‘Estado Social’ al que se refiere el Artículo 1.1 de la Constitución.

Hemos soportado la corrupción en algunos partidos políticos, que ha hecho saltar por los aires el precepto constitucional de estar en un ‘Estado de Derecho’ del que también habla esa misma Constitución.

Desde IU y desde EUiA defendemos la necesidad de que el Estado Social, la República, una plena democracia y la transparencia, así como el Estado Federal Plurinacional y el derecho de autodeterminación, estén presentes en el texto constitucional; pero, sobre todo, que se cumplan.

Es una realidad que más del 80% de la ciudadanía de Catalunya aboga por el ejercicio del derecho a decidir. Ese derecho no es propiedad de los nacionalistas sino de todos los demócratas. Por ello, los no nacionalistas y los no independentistas, como nosotros, lo defendemos, por respeto democrático.

Además, el derecho a decidir debe responder también a una voluntad de control democrático de decisiones que tienen que ver con el modelo económico y social del que nos dotamos, no sólo al debate territorial. Sólo los cambios constituyentes basados en una verdadera ‘ruptura democrática’ del orden existente puede garantizar un nuevo horizonte común basado en la unión libre de los distintos pueblos que componen este proyecto común por el que vale la pena sumar, llamado España.

Siete tesis sobre derecho de autodeterminación y derecho a decidir


Gerardo Pisarello

Mucho de lo que pienso ha sido ya dicho en este extenso y rico debate. A riesgo de repetir cuestiones ya planteadas, resumiré mi posición, de manera lo más esquemática posible, en algunos puntos que me parecen importantes.

1. El derecho a decidir comporta una actualización del derecho republicano de autodeterminación

El derecho de autodeterminación aparece históricamente como la facultad de una comunidad política de decidir de manera libre su estatuto jurídico. Este derecho a replantear el contrato social en su conjunto remite al menos a Rousseau y tiene claras connotaciones republicano democráticas. Su objetivo es garantizar la autonomía individual y colectiva. De ahí que se predique de la comunidad como tal, pero también de cada uno de sus miembros de pleno derecho.

El derecho a decidir no puede considerarse sino una actualización de este derecho clásico. Tal como se formula hoy, el derecho a la autodeterminación apela a la posibilidad de que los miembros de una comunidad política puedan definir, a través de mayorías claras y libremente conformadas, cuál es el marco jurídico por el que desean regirse. Para apoyar este derecho, como es evidente, no hace falta ser nacionalista. Basta con aceptar algunos principios republicanos y democráticos elementales.

2. El derecho de autodeterminación tiene un contenido evolutivo y connotaciones diferentes en diferentes contextos.

Como todo derecho, el derecho de autodeterminación no presenta un contenido único a través del tiempo. Es una respuesta a una situación de presión externa que impide u obstaculiza la expresión plenamente libre de la voluntad de los miembros de una comunidad política. Sin embargo, va variando de acuerdo al contexto histórico.

El derecho de autodeterminación nace con las revoluciones modernas, en el marco de las luchas contra la arbitrariedad monárquica. Una de sus primeras manifestaciones es la independencia, como ocurre en los Estados Unidos. Independencia que es presentada, justamente, como expresión de auto-gobierno, de self-government.

En Europa, atraviesa varios momentos. Sus primeros reconocimientos jurídicos y políticos se remontan a inicios del siglo XX. El derecho de autodeterminación desempeña un papel central en las reivindicaciones democráticas que siguen a la caída de imperios multinacionales derrotados durante la guerra (como el austro-húngaro).

Tras la segunda posguerra, el derecho de autodeterminación se consolida y se juridifica. El marco de este proceso es el ascenso de los movimientos de liberación nacional y de los procesos de descolonización. El derecho de autodeterminación es reconocido en los dos grandes Pactos de derechos humanos de 1966. En ocasiones, Naciones Unidas lo reconoce a los pueblos en situación de sujeción colonial. Otras veces, en cambio, se configura como un derecho universal reconocido a todos los pueblos sin distinción. Sus implicaciones prácticas son claras: incluye el derecho a la independencia, pactada o no, y a otros tipos de estatutos jurídicos, como la libre asociación o la integración en un Estado ya existente.

3. La vigencia actual del derecho de autodeterminación aparece ligada al principio democrático.

En los últimos tiempos, el derecho de autodeterminación ha admitido múltiples variantes y fundamentos jurídicos. En algunos casos ha sido reconocido explícitamente en la Constitución (por ejemplo en la ley fundamental etíope, de 1994). Otras veces se vincula a construcciones jurídicas específicas, no contempladas expresamente en el texto constitucional, pero fundadas en el principio democrático. Es el caso del Dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec. O del Acuerdo entre los Gobiernos de Escocia y de Reino Unido que ha permitido pactar una consulta por la independencia.

En otras palabras: el derecho de autodeterminación no solo se reconoce hoy a los pueblos en situación colonial. También se admite: a) cuando hay una situación de agravio reiterada (como el desconocimiento o la negación de la personalidad lingüística, cultural, jurídica, de una comunidad política); o b) cuando existe una demanda subjetiva fuerte, esto es, una voluntad clara y mayoritaria, libremente conformada, de ejercerlo.

Desde esta perspectiva, una vez más, el llamado derecho a decidir de los miembros de una comunidad no es sino una actualización del derecho de autodeterminación. Que apela no solo ni tanto a los agravios del pasado como a la existencia de una voluntad presente, clara y mayoritaria, de ponerlo en práctica a través de una consulta o de un referéndum.

4. En el caso de Cataluña (aunque no solo), la reivindicación del derecho de autodeterminación está lejos de ser una invención reciente.

Las primeras reivindicaciones del derecho de autodeterminación se retrotraen a inicios del siglo XX. Y son una respuesta a lo que se podría llamar el “problema español”. Es decir, a la incapacidad del Estado, de dar encaje a la diversidad cultural, lingüística, jurídica, existente en su territorio. Esta incapacidad se ha expresado de manera muy clara en diferentes momentos: durante el Estado monárquico y centralista del siglo XIX, durante el franquismo y, con modulaciones, después de la transición a la monarquía parlamentaria.

La reivindicación del derecho de autodeterminación ha sido especialmente fuerte en Cataluña, primero, y luego en el País Vaco, Galicia y otros territorios. El punto de partida de esta exigencia es doble. Desde un punto de vista objetivo, el reconocimiento de estas tierras como “pueblos” a partir de los mismos criterios que Naciones Unidas utiliza cuando habla de “pueblo francés” o de “pueblo alemán” (esto es, territorio, características lingüísticas y culturales, etcétera). Desde un punto de vista subjetivo, la existencia de expresiones reiteradas de auto-identificación como tales.

El Proyecto de Estatuto de Cataluña de 1931, conocido como Estatuto de Núria, ya hacía referencia en su Preámbulo al “derecho que tiene Cataluña, como pueblo, a la autodeterminación”. Con una participación del 75%, fue aprobado con un 99% de los votos.

Durante el Proceso constituyente de 1977-1978 el derecho a la autodeterminación de los pueblos, comenzando por el de Cataluña y el País Vasco, fue una reivindicación de la mayoría de partidos de oposición democrática al franquismo (incluidos el PSOE y el PCE). Y también estuvo presente en los debates constituyentes. Hubo varios intentos de reconocimiento de España como un Estado con diversidad de pueblos. El entonces diputado Francisco Letamendía llegó a plantear una enmienda con una vía concreta, democráticamente intachable, para que cualquier “territorio autónomo” pudiera ejercer el derecho de autodeterminación.

A pesar de la aprobación de la Constitución, el derecho de autodeterminación no ha dejado de exigirse, tanto en Cataluña como en Euskadi o Galicia. Así ocurrió en la Declaración de Barcelona, de 1988. Así lo ha hecho, en múltiples ocasiones, el propio Parlamento de Cataluña, con mayorías cualificadas, desde 1989 hasta la Declaración de soberanía y por el derecho a decidir de 2013. Y así ha ocurrido, en las calles, en las consultas municipalistas a favor de la independencia y en numerosas manifestaciones a favor del derecho de autodeterminación.

5. El derecho de autodeterminación (y el derecho a decidir) tienen cabida en la Constitución, pero no en el Régimen constitucional

El derecho de autodeterminación, ciertamente, no se incorporó en la Constitución de 1978. Pero esto no se debió a la voluntad libre de los actores que protagonizaron su gestación. Obedeció, más bien, a la resistencia del Ejército y de otros poderes fácticos vinculados a la dictadura franquista.

Los artículos 1 y 2 que el Gobierno invoca hoy contra la consulta catalana tuvieron en su origen redacciones muy diferentes a la que hoy existe en la Constitución. Estas redacciones eran favorables a la consideración de España como un Estado con diferentes pueblos y con voluntades de autogobierno también diversas. Al final, como recuerdan los propios “padres constituyentes”, el propio Ejército presionó para que incluyeran categorías como la “soberanía nacional” o la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Es verdad que, a pesar de todo, el Título VIII y una interpretación abierta de la Constitución, permitían un importante grado de autogobierno de las “nacionalidades y regiones” constituidas en Comunidades Autónomas. En la práctica, sin embargo, estos niveles de autogobierno se han debido más a la presión de las “periferias” que a una convicción pluralista de los partidos mayoritarios que han gobernado el aparato estatal.

Hoy, con la Constitución en la mano, existen diferentes vías jurídicas para que pueda acordarse una consulta o un referéndum de autodeterminación. Es más, hay buenas razones para sostener que el Gobierno tiene el deber de impulsar y garantizar esta consulta, así como de proponer alternativas que resulten viables dentro del marco constitucional. A ello lo obliga, al menos, el principio democrático recogido en el artículo 1.1 y el mandato de promoción de la participación que le impone el artículo 9.2. Si algo no lo permite, en realidad, no es la Constitución, sino el Régimen constitucional. Esto es, lo que los últimos gobiernos y un Tribunal Constitucional deslegitimado han hecho de la Constitución de 1978, cerrando, de manera acaso irreversible, sus interpretaciones más democratizadoras.

6. El incumplimiento reiterado del deber de garantizar una consulta democrática de autodeterminación permite exigir su realización por otras vías pacíficas

A diferencia de los gobiernos de Canadá o el Reino Unido, el Gobierno central no ha optado, en su relación con las autoridades catalanas, por una interpretación democrática de la Constitución. Por el contrario, ha emitido negativas reiteradas a cualquier tipo de diálogo en torno a la consulta, ha propuesto reformas constitucionales recentralizadoras e incluso ha amenazado con suspender la autonomía catalana en una aplicación dudosa del artículo 155. El PSOE tampoco se ha desmarcado claramente de esta línea de actuación.

Este incumplimiento reiterado del deber de promoción del principio democrático solo deja a los partidos, a las fuerzas sociales y a las personas que viven en Cataluña y que quieren una consulta (más del 75%, según las últimas encuestas) una sola posibilidad: ejercer su derecho a la autodeterminación de manera pacífica y con las máximas garantías posibles y apelar a la comunidad internacional y a otras fuerzas sociales y políticas del Estado para hacerlo valer.

7. El ejercicio del derecho de autodeterminación (y del derecho a decidir) es una oportunidad para la radicalización democrática, no solo en Cataluña.

Como se ha dicho ya, el ejercicio del derecho de autodeterminación puede conducir a diversos estatutos jurídicos: a la conformación de un nuevo Estado o de una República independientes y/o o al establecimiento de renovados vínculos federales y confederales con otras unidades territoriales. En Cataluña, de hecho, una parte importante de las personas que apoyan la independencia lo hace porque considera que es la única manera para pactar nuevas fórmulas federales o confederales, de abajo hacia arriba, cooperativas y en igualdad de condiciones, con otras comunidades políticas dentro y fuera del Estado.

Dicho esto, es evidente que el ejercicio del derecho de autodeterminación no solo abre posibilidades ampliar el autogobierno externo, rompiendo con una estructura estatal conservadora. También supone una oportunidad para ampliar la autodeterminación interna. Esto es, los espacios de decisión individual y colectiva en las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de la propia comunidad donde se plantea.

Esta oportunidad puede frustrarse por muchas razones. Pero si lo hace por la prevalencia de las posiciones recentralizadoras, negadoras de la plurinacionalidad, el resultado será un retroceso democrático profundo. No solo en Cataluña sino en el conjunto del Reino de España. Por el contrario, si el derecho a decidir se abre camino, puede ser un impulso decisivo para llevar adelante rupturas republicanas y procesos constituyentes que hoy pueden parecer lejanos y que sin embargo son más necesarios que nunca.

Sujetos y clases sociales

Texto de la web de la Fundación

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El Estudio 83 recoge el trabajo de Antonio Antón, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se analizan los cambios profundos, que se vienen produciendo hay ya varios años, con cierta disociación entre ciudadanía y clase gobernante, gestora de la austeridad. El autor indica que es necesaria una nueva interpretación para ver las dinámicas de fondo del cambio social y político.

Los sujetos sociales nunca se habían ido; aparte del movimiento sindical, ampliamente representativo, existía un extenso tejido asociativo, gran parte de carácter solidario. Las clases sociales tampoco se habían ido. Han sido una referencia clave para interpretar las sociedades desarrolladas en estas últimas décadas. La existencia de las clases medias siempre ha estado presente en el ámbito político y mediático.

No obstante, se habían difuminado, por un lado, los movimientos sociales y la existencia de las clases trabajadoras, con su fragmentación y pasividad, y por otro lado, la de las élites dominantes que aparecían, sobre todo, como la representación de la voluntad popular o las portadoras del interés general. Parecía que el sistema político-electoral era el cauce fundamental y casi exclusivo para expresar las demandas populares.

Sin embargo, desde hace ya varios años, asistimos a un cambio profundo del papel de los sujetos sociales y su impacto sociopolítico (desde el movimiento 15-M, las mareas ciudadanas o la Plataforma contra los desahucios, hasta el movimiento sindical, el feminista, el ecologista o el vecinal), con cierta disociación entre ciudadanía (indignada o crítica) y clase gobernante, gestora de la austeridad. Es necesaria una nueva interpretación para ver las dinámicas de fondo del cambio social y político.

Con la crisis económica y las políticas liberal-conservadoras de la élite gobernante, con el incumplimiento de sus compromisos democráticos y sociales, emerge nuevamente entre la opinión ciudadana la conciencia de la existencia de un grupo de poder, financiero e institucional, que practica una ofensiva regresiva. Se visualiza una clase dominante con un carácter oligárquico, antisocial y autoritario confrontada con los intereses y demandas de la mayoría de la sociedad.

A su vez, se ha generado un nuevo ciclo de la protesta social progresista, una nueva dinámica sociopolítica, tal como explico en el libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica (ed. Sequitur). Expresa la existencia de una corriente social indignada de carácter democrático. Una ciudadanía activa, basada en capas sociales descontentas y subordinadas, pugna contra la involución social y democrática. Tienen una base social popular, es decir, interclasista de clases medias y trabajadoras, incluyendo sectores precarios y desempleados.

Además, se ha producido una polarización con el poder económico, financiero y gubernamental. En la agenda sociopolítica ha reaparecido un amplio y prolongado conflicto social. Es distinto a los procesos de la etapa anterior. Es la suma y convergencia de movilizaciones y grupos sociales pero, sobre todo, es la superación de cierta fragmentación representativa y expresiva, con una mayor dimensión, duración y polarización sociopolítica. Se va configurando una identificación del adversario común, así como una conciencia emergente de un bloque social alternativo y democrático en defensa de la mayoría social que padece el paro masivo, la austeridad y los recortes sociolaborales y de derechos, con una gestión política regresiva. Son aspectos que aparecen como blanco de las movilizaciones y la deslegitimación del poder financiero e institucional, incluido el europeo.

Se reconfiguran las clases sociales en su dimensión de actores y vuelven al espacio público sujetos sociales con una dinámica de empoderamiento ciudadano frente a los poderosos. Se reafirma una cultura cívica de justicia social, se conforman nuevos y renovados sujetos colectivos con fuerte impacto sociopolítico, con un laborioso proceso, lleno de altibajos y vacilaciones, de conformación de una representación social, unitaria y arraigada en un amplio tejido asociativo. Ha empezado a tener repercusión en el ámbito electoral y la incógnita y la expectativa pública es en qué medida se va a expresar en los próximos procesos electorales, cómo se va a articular su representación política, hasta dónde va a influir en la renovación y reequilibrio entre las izquierdas y en el cambio político e institucional.

El término clase social tiene distintos significados y matices pero vuelve a ser ampliamente utilizado en el ámbito público para definir grandes categorías sociales, con posiciones, intereses y demandas diferenciados. Para las ciencias sociales convencionales, las clases medias y su expresión electoral (centrista) eran un factor de estabilidad económica y política. Las políticas públicas y su legitimidad se definían a partir de sus opiniones, que se consideraban centrales y mayoritarias. Al mismo tiempo, en el periodo anterior se había debilitado la pugna sociopolítica por motivos socioeconómicos o derechos sociolaborales, así como había una menor diferenciación político-cultural entre las clases sociales y sus agentes representativos. La actividad de los llamados ‘nuevos movimientos sociales’ se concentraba en la pugna por el ‘reconocimiento’ de otros derechos y actores, frente a diversas discriminaciones, desligándose de la presión social por la ‘redistribución’, y finalmente, salvo excepciones puntuales (años 2002-2004), disminuía su intensidad y capacidad movilizadoras. La ‘lucha de clases’ (casi) había dejado de existir y, por tanto, las clases sociales como sujetos colectivos se difuminaban o desaparecían. Los movimientos sociales progresistas, incluido el sindicalismo, y el tejido asociativo solidario siguen teniendo una composición mixta o interclasista, con personas procedentes de clases medias, capas trabajadoras cualificadas o estables y capas precarias, además de desempleadas, pero su expresión pública estaba muy fragmentada y diluida. Todo ello está cambiando.

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INTERVENCION DE LA Izquierda Plural (IU,ICV-EUiA,CHA) en la PNL sobre Venezuela.

Congreso de los Diputados 11 de marzo de 2014

Nicolás Maduro, Presidente legítimo de Venezuela desde abril de 2013, hace frente a una poderosa oposición, apoyada por países estranjeros, que aspira retomar el poder que perdió en 1998. Como perdió las elecciones presidenciales de abril de 2013 por una diferencia del 1,59%, la oposición rechazó primero los resultados electorales, avalados no obstante por las más importantes instituciones internacionales, desde la Unión Europea hasta la Organización de Estados Americanos, pasando por el Centro Carter.

El débil margen que separó al candidato de la oposición Henrique Capriles al vencedor Nicolás Maduro, galvanizó a la derecha.

Contra todo pronóstico, las elecciones municipales se transformaron en plebiscito a favor del poder chavista que ganó el 76% de los municipios (256) contra el 23% (76) para la coalición MUD que agrupó a toda la oposición.

Desmoralizado por ese serio revés, viendo la perspectiva de una reconquista del poder por la vía democrática alejarse otra vez – las próximas elecciones serán las legislativas en diciembre de 2015 –, la oposición ha decidido reproducir el esquema de abril de 2002 que desembocó en un golpe de Estado mediático-militar contra el Presidente Hugo Chávez, que tuvo el apoyo y comprensión del Gobierno Aznar del PP.

El 6 de febrero de 2014, tras una manifestación de la oposición, un grupo de una centena de estudiantes encapuchados atacó la residencia del gobernador del Estado de Táchira, hiriendo a una decena de policías. La misma semana, varias manifestaciones de la oposición se suceden en diferentes Estados y degeneran todas en violencia.

El 12 de febrero de 2014, otra manifestación, orquestada por la oposición frente al Ministerio Público, compuesta de estudiantes de las universidades privadas organizados en grupos de choque, resultó ser de una violencia inaudita, con tres muertos, una centena de heridos e innumerables daños materiales.

Como durante el golpe de Estado de abril de 2002, las tres personas fallecidas fueron todas ejecutadas con una bala en la cabeza. Entre ellas se encontraban un militante chavista Juan Montoya y un opositor llamado Basil Da Acosta. Según la investigación balística, ambos fueron ejecutados con la misma arma.

Los siguientes días, los manifestantes, oficialmente movilizados “contra la vida cara y la inseguridad”, se instalaron en la Plaza Altamira, situada en un barrio rico de Caracas.

Desde hace varios meses, Venezuela sufre una guerra económica orquestada por la oposición que controla aún amplios sectores, con la organización artificial de penurias, de acaparamiento de productos de primera necesidad, y de multiplicación de actos especulativos.

Así, el 5 de febrero de 2014, las autoridades acautelaron en el Estado de Táchira cerca de mil toneladas de productos alimenticios de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite, café, etc.) escondidos en almacenes. Desde enero de 2013, las autoridades acautelaron más de 50.000 toneladas de alimentos.

El Presidente Nicolás Maduro denunció un intento de golpe de Estado y llamó a los ciudadanos a hacer frente al “fascismo”.

Decepcionados por estos resultados electorales y la posibilidad de que la oposición se incorporara a algún tipo de trabajo con el gobierno, el 23 de enero de 2014, los dirigentes opositores Leopoldo López (Movimiento Voluntad Popular) y María Corina Machado (Movimiento Vente Venezuela), llamaron públicamente a sus partidarios a participar en una operación que denominaron “La Salida”, consistente en tomar las calles hasta lograr que sea derrocado el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, en Venezuela no existe un estado de violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero, los episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18 municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los municipios. En las últimas jornadas estas acciones se focalizaron en tan solo 6 municipios (1,7%).

Destacados líderes de la oposición han venido manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia de violencia, exigiendo que se detenga y que las instancias que agrupan a la oposición se deslinden con claridad de estos hechos y favorezcan el diálogo con el gobierno.

Las instituciones del Estado. Tras los numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo, han resultado detenidas 1.322 personas, que han sido presentadas de inmediato ante los tribunales. De estas, a 1.103 se le han aplicado medidas cautelares sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92 permanecen privadas de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de alteración del orden público, lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre otros. La Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de libertad son estudiantes. 15 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse incriminados en situaciones de abusos y/o violaciones a los derechos humanos. Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las más activas recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.

El patrón de los actuales acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos de abril de 2002, cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de ambas tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que justificasen un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.

En Venezuela la mayoría de los medios de comunicación son privados (más del 60% y tienen 90% de la audiencia nacional).

Hoy en Venezuela el desempleo es de sólo 7%, más de 500 mil viviendas sociales han sido entregadas en los 2 últimos años, se han producido aumentos anuales del salario mínimo por encima de la inflación, fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud, alimentación y el incremento del número de estudiantes universitarios de 400 mil a 2 millones 600 mil.

Algunos medios de comunicación han llegado al extremo no sólo de tergiversar declaraciones de autoridades, hacer montajes de videos y/o fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como fotografías de lamentables sucesos acecidos en otros países para criminalizar a un Gobierno constitucional.

Contrario a las reseñas de algunos medios de comunicación, no se ha cercenado en ningún momento la libertad de expresión en Venezuela, donde ésta es protegida por la Constitución y las leyes. Basta ver las primeras páginas de los más de 300 diarios venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio privadas, ver los más de 60 canales de televisión privados o los más de 100 canales que se ven por suscripción (televisión de pago), para darse cuenta de la plena vigencia de la libertad de prensa en Venezuela.

La emisión del canal colombiano NTN24, en la parrilla junto a más de 100 canales por suscripción que se pueden ver en Venezuela, fue suspendida por hacer apología a la violencia (lo cual está prohibido en la legislación venezolana, así como en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la censura está prohibida por el artículo 58 de la Constitución, aunque existe la responsabilidad ulterior, tal y como sucede en la práctica totalidad de democracias avanzadas.

Queremos hacer constar los pronunciamientos de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y Mercosur o el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado también su respaldo al gobierno constitucional y la exigencia de respeto de la soberanía, así como a los principios de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos

La Organización de Estados Americanos (OEA), en su declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica totalidad de sus miembros (29 de un total de 32 países) entiende que en Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional.

El PP també retalla la justícia universal

En limitar l’aplicació del principi de Justícia Universal PP i PSOE fan retrocedir nostre ordenament jurídic en aquest tema al de països de segona divisió en garanties de compliment de les normes internacionals de drets humans.

Joan Josep Nuet – Diputat de l’Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA)

07/03/2014 – 20:36h

El Partit Popular ha iniciat una nova retallada de la Justícia Universal a Espanya. El Ministeri de Justícia ha renunciat a canviar la norma per un projecte de llei i en aquesta legislatura ha fet servir la via insòlita de la proposició del PP en tramitació directa i en lectura única, eludint així els informes preceptius del Consell General del Poder Judicial, el Consell Fiscal i el Consell d’Estat.

El text del PP és tan restrictiu que limita la confiscació de droga a alta mar, la lluita contra l’ablació i la pederàstia i obliga a arxivar sumaris com el de la mort de José Couso a l’Iraq. La severa reducció de l’espai de la Justícia Universal ha sorprès negativament un important sector de jutges i fiscals de l’Audiència Nacional, pel fet que Espanya deixarà de ser un país referent en la protecció dels drets humans i en la persecució dels delictes de genocidi i lesa humanitat. A més, el text presentat pel PP obre espais d’impunitat que dificulten la investigació de greus delictes de crim organitzat transnacional com el narcotràfic. També deixarà sense protecció a víctimes de delictes com el tràfic de blanques o la mutilació genital.

Alguns jutges d’instrucció mediten la possibilitat de plantejar qüestions de constitucionalitat a mesura que es vagin veient obligats a arxivar les causes de Justícia Universal que tenen obertes, ja que entenen que podria donar-se un incompliment dels convenis internacionals signats per Espanya, tal com recorden l’Associació pro Drets Humans, Human Rights Watch i Amnistia Internacional.

L’any 2009 ja vaig denunciar des del Senat les decisions del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern del PSOE, Miguel Ángel Moratinos, i aquest m’ho va deixar ben clar. En resposta a la meva pregunta parlamentària sobre la posició del Govern davant el clarificador ‘Informe Goldstone’ de la Comissió de Drets Humans de l’ONU, que acusava Israel de cometre crims de guerra a Gaza en l’operació anomenada ‘Plom Fos’, Moratinos va afirmar: “Les guerres, la violència i la sang vessada no s’arregla mirant al passat… No cal jutjar sinó actuar, intervenir i reprendre les negociacions”.

El PP ha reconegut reiteradament que són les raons d’Estat per “solucionar la problemàtica que afecta les nostres relacions internacionals, generant de vegades conflictes diplomàtics” les que porten a aquesta proposta. Pressions exercides avui per la Xina i en el seu moment per països com els Estats Units o Israel. Això connecta amb la mentalitat conservadora del PP que vol tallar d’arrel qualsevol excés democratitzador i progressista en la interpretació de l’ordenament jurídic vigent i “posar límit a determinats juececitos de l’Audiència Nacional que es dedicaven a fer el que no havien de”.

És clar que una de les tasques de la diplomàcia internacional és la mediació en els conflictes per trobar solucions satisfactòries a les parts enfrontades, especialment en els casos en què hi ha víctimes innocents. Però no és menys cert que és tasca del poder judicial -en les seves versions nacionals o internacionals- i de diversos organismes internacionals de garantia de drets i llibertats, jutjar i avaluar que les accions que es realitzen en el marc de conflictes o en temps de pau per part dels Estats o organismes que ostenten poder real sobre els ciutadans, es desenvolupin amb ple respecte a normes de convivència bàsiques com la Declaració Universal dels Drets Humans o la Convenció de Ginebra.

Hi ha la necessitat d’una Justícia Universal que no conegui fronteres, llengües, creences o justificacions de cap tipus. El respecte absolut a la dignitat humana és un principi universal que no pot ni ha de conèixer excepcions, ja que els crims dels que parlem són de tal atrocitat que no hi pot haver limitacions a la seva persecució i condemna. Estem parlant de crims de lesa humanitat, genocidi, crims de guerra, tortura, desaparició forçada, entre d’altres.

Malauradament, en aquest món globalitzat les polítiques conservadores del neoliberalisme segueixen sent, tot i la crisi que han originat, les que controlen el pensament dominant i els ressorts polítics, econòmics i culturals per a la seva reproducció. Les formes jurídiques en què s’assenta el poder s’han reforçat (el Dret Comercial Global, les normes i contractes comercials bilaterals, regionals i multilaterals, els organismes internacionals d’expansió i assentament del capitalisme com l’FMI, BM, OMC, OCDE, els codis ad hoc i la responsabilitat social corporativa o empresarial superadors de les legislacions nacionals i internacionals, etc.), així com els aparells policials i militars que vetllen pel seu compliment.

En canvi, els ressorts legals que protegeixen els Drets Humans (entesos no només com a drets civils, sinó també com a drets econòmics i socials) han passat a ser considerats per aquest poder com a meres recomanacions que en cap cas (o en casos excepcionals que afecten països i situacions que el poder dominant decideix jutjar) comporten mecanismes executius per jutjar, condemnar i fer complir les condemnes. Els intents de l’ONU de vetllar de forma executiva pel compliment dels tractats sobre drets humans en general s’han estavellat contra el veto al Consell de Seguretat o amb la burocratització d’aquestes iniciatives, ja sigui davant de Estats o davant de les corporacions multinacionals.

Avui dia de forma impune, polítics i militars responsables de milers i fins i tot centenars de milers de morts de civils innocents, descansen tranquil·lament a casa davant la mirada impotent de les seves víctimes torturades o dels familiars dels morts. En una doble vara de mesurar que provoca vergonya, responsables econòmics de terribles disbarats basats en polítiques especulatives neoliberals, que han provocat milers d’aturats, destrucció de teixit productiu i que han costat a l’erari públic milers de milions d’euros, es passegen donant lliçons econòmiques o de moral, cobrant les seves multimilionàries primes i executant les clàusules blindades dels seus contractes.

La justícia no és neutral, hi ha la justícia dels ‘forts’, per entendre, perdonar o simplement ignorar els seus propis actes atroços i al mateix temps (i de vegades en un mateix lloc), condemnar els actes dels ‘febles’ quan aquests intenten escapar de l’explotació o simplement jutjar els crims dels seus botxins.

Avui és necessari construir i reconstruir les xarxes socials i humanitàries, el valor dels drets humans i les formes jurídiques de la seva protecció, perquè una justícia dels ‘febles’ mantingui l’esperança de poder trucar a la justícia per aquest nom.

Segons els diferents convenis internacionals sobre Drets Humans subscrits per l’Estat espanyol i ratificats per les Corts, estem obligats a investigar i jutjar els presumptes perpetradors, amb independència del lloc on s’hagi comès el crim o la nacionalitat de l’autor o de la víctima, o encara que el delicte o crim no hagi afectat en absolut els interessos d’Espanya. La Constitució espanyola, en l’article 96.1, consagra que els tractats internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicat oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern.

Abans de les retallades en Justícia Universal per part del PSOE i ara del PP, gaudíem d’un ordenament conseqüent amb el dret internacional. Igual que altres països com Alemanya, Bèlgica, Dinamarca o Holanda, hem contribuït, amb les causes obertes a Espanya, a frenar com a mínim la sensació d’impunitat de què gaudien alguns criminals. S’ha impulsat l’obertura de processos en els països on es van cometre els crims, assolint-se sentències en altres tribunals del món, contribuint així a reconstruir la capacitat real de l’ordenament jurídic internacional sobre Drets Humans de ser complert i respectat.

Casos com el de Scilingo, Pinochet o la demanda per genocidi i altres delictes contra els governs militars de Guatemala, han col·locat la Justícia espanyola en un alt nivell de reconeixement internacional i han tornat l’esperança a les víctimes de països tan estimats com Xile, l’Argentina o Guatemala, que tant han patit per la repressió dels governs feixistes. Alhora, la doctrina que emanen les sentències de l’Audiència Nacional, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional sobre aquests casos no presenten cap dubte sobre l’abast absolut de la jurisdicció universal i el seu caràcter imperatiu per als estats.

La impunitat és l’absència de veritat, justícia i reparació per a les víctimes, i la forma més senzilla que els criminals tornin a actuar en conflictes vius en l’actualitat. Si els dirigents polítics i militars de l’Estat d’Israel se senten impunes, algú creu que sentiran algun rubor a tornar a recórrer a les bombes de fòsfor blanc? Qualsevol negociació serà reeixida si ambdues parts saben que no hi ha marxa enrere i que la violència del passat no pot tornar a ser utilitzada com a forma de solucionar el conflicte, especialment aquells que disposen dels grans aparells militars.

En limitar el PP i el PSOE l’aplicació del principi de Justícia Universal fan retrocedir nostre ordenament jurídic en aquest tema al de països de segona divisió en garanties de compliment de les normes internacionals de drets humans.

RESOLUCIÓN DEL CONSELL NACIONAL DE EUiA DE 5 DE MARZO DE 2014 SOBRE LAS ELECCIONES EUROPEAS

En diferentes Consells Nacionals de EUiA se ha abordado el debate sobre las Elecciones Europeas del próximo 25 de mayo del 2014, concretamente en las reuniones del 25 de Enero y el 22 de Febrero.

Dados los acuerdos del Consejo Político Federal de Izquierda Unida de este 1 de Marzo, donde se ha acordado una candidatura conjunta entre IU y EUiA coaligada a diversas formaciones políticas como ICV y AGE-Anova, abierta a otras y con presencia de activistas sindicales y sociales, donde EUiA ocupará el onceavo lugar de la misma, el Consell Nacional de EUiA manifiesta:

1. EUiA ha definido una estrategia política en su 6ª Asamblea Nacional y en su Conferencia Política “Un Proyecto Constituyente para Catalunya”, donde desarrolla las ideas de Nuevo Espacio de las Izquierdas como punto de confluencia y suma de las izquierdas sociales y políticas. También apuesta por la conformación de una República Catalana libremente federada con el resto de pueblos del Estado, y todo esto mediante un Proceso Constituyente que desarrolle una Ruptura Democrática con el sistema económico y político oligárquico y bipartidista que ha provocado y gobierna actualmente la crisis.

2. Estas ideas motivaron la propuesta de celebrar un referéndum entre la afiliación de EUiA aprobada por el Consell Nacional del 22 de febrero. Dado el desenlace de la lista electoral y la renuncia del compañero Gerardo Pisarello a encabezar la misma, proponemos suspender el referéndum y mantener las elecciones primarias tal como acordó el mencionado Consell Nacional, con una ampliación de la fecha de votación a los días 28 y 29 de marzo.

Hace falta admitir autocríticamente la falta de tiempo, de esfuerzo organizativo y de suficientes mecanismos estatutarios para que personas independientes de EUiA puedan ser candidatas de la organización, cosa que ha dificultado la comprensión de la profundidad de la apuesta y ha provocado críticas metodológicas justas, no contrarias a la política defendida del Nuevo Espacio.

3. EUiA valora positivamente la lista electoral acordada conjuntamente con IU en el CPF del 1 de marzo, su grado de renovación, experiencia, apuesta por acuerdos políticos con otros y presencia del activismo sindical y social.

4. EUiA valora negativamente las complicaciones para que nuestra organización ocupase los lugares destacados en la lista electoral que tradicionalmente se habían mantenido en los últimos años, algunas de estas provocadas por la suma de diversos componentes políticos y sociales en la lista. El resultado final dificulta la política por la cual EUiA ha apostado en los últimos tiempos: la renovación del Nuevo Espacio y el Federalismo de Libre Adhesión de la República Catalana.

Hace falta admitir también autocríticamente las dificultades para desarrollar una mayor pedagogía política dentro de IU para explicar más y mejor la complejidad del momento político en Catalunya, su repercusión en el conjunto del estado y la necesaria comprensión de IU. En este sentido, hemos de seguir denunciando la estrategia neoliberal conservadora de la derecha catalana y frenar la ofensiva conservadora y centralista que utiliza de nuevo los tópicos anticatalanistas, haciendo entender el proceso catalán como una oportunidad de cambio al conjunto del Estado y de cuestionamiento del sistema económico, político y social de la monarquía borbónica.

5. EUiA trabajará de forma decidida para que la candidatura de IU, ICV-EUiA, AGE-Anova, Izquierda de Aragón-CHA y otras fuerzas políticas y referentes sociales obtengan los mejores resultados posibles en Catalunya y el resto del Estado y para que los proyectos del Partido de la Izquierda Europea y del Grupo de la Izquierda Unitaria-Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) salgan reforzados a todos los niveles.

6. EUiA trabajará para reforzar las relaciones con IU, siempre en el sentido singular que ha desarrollado una tradición histórica y unos protocolos y acuerdos políticos existentes, que no solo no tienen marcha atrás, sino que han de ser profundizados en el marco del Federalismo con Derecho a Decidir, el Proceso Constituyente y la conformación del Bloque Político y Social aprobados en la 10ª Asamblea Federal de IU. EUiA solicitará una reunión del más alto nivel a la dirección de IU Federal para explicitar estos acuerdos.

7. EUiA trabajará para reforzar y desarrollar los acuerdos colectivos y las políticas aprobadas en la 6ª Asamblea y en la Conferencia Política y para reforzar todas las tareas ejecutivas en el sentido de las políticas acordadas. Este Consell Nacional insta al conjunto de persones y sensibilidades de EUiA a trabajar por un acuerdo de lista unitaria y, en el cas de no ser posible, a expresar democráticamente en primarias las personas que han de representar en la lista electoral europea la política de nuestra organización.